Detienen a ex funcionario en Michoacán por presunto lavado de dinero

El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo integral para el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó sobre la orden de aprehensión para Desiderio Camacho Garibo, secretario de Comunicaciones y Obras públicas en el gobierno de Leonel Godoy, por su probable responsabilidad en los delitos de enriquecimiento y operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.

Autoridades michoacanas detuvieron a Desiderio Camacho Garibo, quien fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante el periodo del ex gobernador Leonel Godoy, acusado de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.

En ruda de prensa, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo, confirmó la detención del ex funcionario estatal.

Al momento, las autoridades han detectado al menos 21 propiedades con un valor catastral superior a los 100 millones de pesos, propiedad del ex funcionario, refirió.

Con base en esta información, Camacho Garibo era propietario de tiendas de autoservicio, clínicas, spas y escuelas de nivel básico, además contaba con residencias en zonas exclusivas de Morelia y Lázaro Cárdenas, en donde también le fue detectado un yate.

Asimismo, le localizaron ocho vehículos de lujo, que actualmente utilizaba para su transporte personal y el de su familia.

Alfredo Castillo señaló que el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) acumuló todas estas propiedades durante el periodo 2008-20012.

Destacó que la mayoría de las propiedades no fueron reportadas ante las autoridades y que en su mayoría se encuentran a su nombre y al de su esposa e hijas.

El comisionado no descartó que durante el desarrollo de las investigaciones el número de propiedades detectadas al ex funcionario se incrementen, además de su valor, pues hace falta el inventario de mobiliario y artículos con los que cuenta.

Explicó que del caso se dará parte a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría Fiscal, para los delitos que se desprendan.