Desprestigio e ineptitud
¬ Augusto Corro miércoles 22, Oct 2014Punto por punto
Augusto Corro
Aquello de que ahogado el niño se busca tapar el pozo, le viene bien a los perredistas que se encuentran sin brújula, luego de los acontecimientos registrados en Iguala, Guerrero, en los que perdieron la vida tres estudiantes, un futbolista y dos personas más y fueron levantados 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) resultó afectado profundamente porque el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, son de extracción perredista. Al primero se le señaló como protector del presidente municipal, se le mencionaba como autor intelectual de la masacre y la desaparición de los normalistas.
Después de los acontecimientos cruentos, la sociedad mexicana condenó las acciones represivas de la policía y los sicarios contra los estudiantes y exigió la presentación con vida de los normalistas y el castigo severo contra los autores materiales e intelectuales de la masacre y del levantamiento de estudiantes.
Los perredistas recibieron los efectos nocivos de las pésimas conductas practicadas por el gobernador y su protegido, el alcalde Abarca Velázquez, quien es señalado como uno de los autores intelectuales de las agresiones contra los normalistas. También se le relaciona con la muerte de tres perredistas, entre estos al activista Arturo Hernández Cardona. El munícipe logró escapar y es buscado por la policía.
DESPRESTIGIO E INEPTITUD
El gobernador, inmerso en el desprestigio y en la ineptitud para gobernar, se niega a renunciar al cargo. A la hora de escribir estas líneas aún despachaba como la máxima autoridad guerrerense, sin dejar de mostrar su pobre calidad humana, su ambición de continuar en la gubernatura, a pesar del repudio general por el manejo pésimo que le dio al caso de Ayotzinapa, que dicho sea de paso, la investigación se encuentra estancada.
Tras la violencia ocurrida en Iguala, el gobierno de Ángel Aguirre y el mismo mandatario fueron sometidos a un escrutinio público, que arrojó, como renglón principal la ingobernabilidad total en el estado, comprobada en el sinnúmero de fosas clandestinas y el número indeterminado de cuerpos sin vida en las mismas.
Guerrero se convirtió en un enorme cementerio para enterrar a las víctimas de la guerra entre los grupos de la delincuencia organizada. La cantidad de tumbas y cadáveres reflejan que en Guerrero, los delincuentes actuaban impunemente, amparados en la corrupción de las policías y de sus jefes, las autoridades municipales.
Los vínculos entre representantes de la ley y la narcodelincuencia evidenciaron la falta de una autoridad superior que evitara la convivencia entre los narcospolicías y las bandas criminales. La delincuencia organizada creció incontenible en Guerrero, debido a la ingobernabilidad, que bien pudo derivar de la ineptitud del gobernador o de otras razones que tarde o temprano se conocerán.
En Guerrero la delincuencia se sintió a gusto y no escatimó esfuerzos en conseguir el poder político como complemento de sus fechorías. ¿Qué fue lo que hizo Aguirre Rivero para contrarrestar esas fuerzas criminales? Nada.
De las investigaciones efectuadas en Iguala y Cocula se determinó la actuación de las autoridades federales que optaron por desarmar a las policías de 13 municipios de Guerrero y del Estado de México. Concretamente, el gobierno federal asumió las funciones de seguridad en esos lugares, debido a las ligas de las autoridades municipales con los narcos.
Sin embargo, los alcaldes perredistas guerrerenses, insensibles al dolor de las familias que buscan a sus hijos desaparecidos, firman desplegados de apoyo al inefable Aguirre Rivero.
A TAPAR EL POZO
El lunes pasado, la cúpula perredista, luego de conocer las acciones del gobierno federal, conminó a los alcaldes emanados de sus filas en Guerrero y Estado de México, a que se pongan a disposición de las autoridades para aportar información sobre la situación de sus municipios.
Esa posición de los jerarcas del sol azteca representa una farsa total, pues lo que se busca es mejorar su imagen en función de las próximas elecciones intermedias en el 2015. Para nadie es un secreto que el PRD se encuentra en la lona, a causa del desprestigio de los hombres que escogió para llevarlos al poder.
Ni Aguirre Rivero, ni Abarca Velázquez podrán superar la crisis que propiciaron en parte por la ingobernabilidad, como por sus intereses y ambiciones personales. ¿Usted cree, estimado lector, que los alcaldes van a rendir cuentas, si en varios de los casos fueron salpicados con el lodo de la narcodelincuencia?
¿Algún alcalde tendrá el suficiente carácter, valentía y honradez para confesarse culpable de sus vínculos con el crimen organizado? Ni en sueños. De ahí que la invitación de la dirigencia perredista suena a demagogia pura. La cúpula del sol azteca se encuentra en su papel de sorprender a incautos que, indudablemente, abundan.
De no ocurrir la tragedia de los normalistas, la dirigencia perredista nunca se habría preocupado de sus presidentes municipales, que dicho sea de paso, no saldrían bien librados si se les aplican auditorías.
En fin, los perredistas realizan sus esfuerzos para tapar el pozo donde se ahogó el niño y borrón y cuenta nueva; pero desafortunadamente no se trata de un asunto cualquiera, no; se trata de una tragedia que involucra la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa cuyo paradero, repetimos, se desconoce. Alcaldes perredistas, encabezados por el gobernador guerrerense, son representantes genuinos del desprestigio político.
