La izquierda mexicana, sin maquillaje
¬ Augusto Corro martes 21, Oct 2014Punto por punto
Augusto Corro
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se niega a dejar el poder en medio de recriminaciones, acusaciones y ceguera política. De permanecer en el cargo, lo único que manifestará será un mayor desgaste político para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se erigió en su defensor.
La crisis social estalló en Guerrero la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, cuando narcopolícias y sicarios agredieron a normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
Como resultado de esa represión salvaje, tres estudiantes fueron asesinados; también perdieron la vida un futbolista y dos civiles más.
En la ola de violencia fueron levantados 43 estudiantes, cuyo paradero se desconoce.
El impacto de la noticia fue demoledor por la barbarie demostrada por los representantes de la fuerza pública, coludidos con los criminales del cártel Guerreros Unidos.
Esos hechos violentos, de acuerdo con las investigaciones, estuvieron dirigidos por el presidente municipal de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda. Ambos prófugos. Ella es hermana de uno de los jefes de Guerreros Unidos, “El Molón”, en poder de la policía.
Al desbordarse los acontecimientos, apareció la figura del gobernador Aguirre Rivero como protector principal del alcalde Abarca Velázquez. Este logró huir, a pesar de que el mandatario estatal tenía la orden de vigilarlo.
¿PUDO PREVENIRSE LA TRAGEDIA?
La pregunta surge porque debido a la ineficacia e ineptitud para gobernar del perredista Aguirre Rivero en Guerrero, ahora se recogen los frutos de la ingobernabilidad, que empezó hace varios años. Marchas, manifestaciones de una sociedad agraviada por la violencia, impunidad y corrupción en aquella entidad. Desde su llegada al poder, el susodicho dejó que creciera la delincuencia organizada, a tal grado que se convirtió en la autoridad para decidir sobre la vida de las personas.
Se señaló, por ejemplo, que ya conocía el expediente criminal y las acusaciones de los nexos del alcalde Abarca Velázquez con la delincuencia organizada. También Aguirre Rivero fue criticado por su frivolidad en la atención al desastre provocado por los fenómenos climatológicos “Manuel” e “Ingrid”. Mientras el estado se inundaba, el gobernador disfrutaba en una fiesta con sus amigos. Esto ocurrió en septiembre del 2013.
El 12 de diciembre de 2011, los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa realizaron una manifestación en Chilpancingo para demandar mayores recursos económicos.
En esa ocasión, los manifestantes fueron reprimidos por la policía estatal. Murieron dos estudiantes. A raíz de lo ocurrido, los normalistas exigieron juicio político contra Aguirre Rivero. La demanda estudiantil no prosperó.
En 1998, cuando el multicitado Aguirre Rivero era gobernador interino, 11 personas fueron asesinadas en la comunidad El Charco, presuntamente por colaborar con el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). El PRD, que ahora lo defiende, en aquel tiempo lo acusó de ordenar la masacre.
El marzo de 1996, Aguirre Rivero, como distinguido militante priísta, fue nombrado gobernador interino en sustitución del impresentable Rubén Figueroa Alcocer, quien solicitó licencia por la matanza de campesinos por agentes de la policía estatal en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
El mandatario interino estuvo a cargo de la investigación de esta masacre, pero obviamente, no se llegó a ningún resultado.
A pesar de esa historia de errores, ingobernabilidad y violencia Aguirre Rivero, como camaleón político logra transformarse en los colores del partido que lo contrate. De tricolor cambió a amarillo.
DE LA INGOBERNABILIDAD
El salvajismo demostrado por los narcopolicías y sicarios en Iguala, llevó a las autoridades federales a actuar de lleno en municipios guerrerenses, donde existe la presunción de nexos entre el crimen organizado y policías. Así, el gobierno federal asumió las funciones de seguridad en 13 municipios ubicados en las regiones de Tierra Caliente y norte de Guerrero.
Inmediatamente, el Ejército desarmó a los policías de esos municipios para revisar si sus fusiles y pistolas cuentan con el permiso oficial correspondiente.
¿Aguirre Rivero nunca supo de las vinculaciones de los policías municipales y estatales con la narcodelincuencia? La presencia de las autoridades federales en Guerrero obedece a la ingobernabilidad que existe en el estado. Por menos de lo ocurrido en Iguala, cualquier gobernador, con un mínimo de ética, habría dejado el cargo para que las investigaciones siguieran su curso, con el propósito de la lavar su imagen y la del partido.
La cúpula perredista decidió usar sus últimos cartuchos de honorabilidad y honestidad, en aras de que Aguirre Rivero siga en el poder ya deteriorado y difamado que no podrá sacudirse la matanza de estudiantes y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El mandatario estatal y su partido político tuvieron en sus manos la oportunidad de mostrar su sensibilidad política y su calidad humana, pero no lo hicieron, optaron por aferrarse al hueso político y a la insensibilidad ante el dolor humano.
Continúe en el poder o lo deje Aguirre Rivero, la llamada izquierda mexicana ya nos presentó su rostro sin maquillaje.
