Y nada
¬ Juan Manuel Magaña lunes 20, Oct 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
El pasado viernes se cumplieron tres semanas de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y miles de manifestantes salieron a las calles de ciudades de unos diez estados del país para exigir la presentación con vida de los estudiantes.
Principalmente, en el puerto de Acapulco hubo una marcha multitudinaria, la más significativa de todas. Los inconformes exigieron también la salida del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Los manifestantes —muchos de ellos familiares y compañeros de los desaparecidos— exigieron a los gobiernos del estado y federal la presentación con vida de los normalistas.
En Iguala, la protesta estuvo encabezada por la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) cuyos integrantes exigieron castigo a los autores intelectuales del crimen contra estudiantes.
Todas las marchas denunciaron que hasta ahora sólo han sido atrapados policías municipales y presuntos integrantes de una célula criminal de Guerreros Unidos, pero las autoridades no han podido siquiera detener al ex alcalde, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, acusados de tener nexos con la delincuencia organizada.
El miércoles de la semana pasada miles de alumnos de distintas universidades se movilizaron en el DF, la capital del país, en reclamo por los asesinatos de Iguala y en demanda de la presentación con vida de los estudiantes sustraídos. Igual que el viernes, las expresiones estudiantiles de descontento se reprodujeron en otras entidades más, como Chihuahua, Michoacán y Baja California.
Durante estas tres semanas, en Guerrero se ha mantenido una tensa calma, acentuada luego de los disturbios ocurridos a principios de semana anterior, que incluyeron la quema del palacio gubernamental en la capital Chilpancingo.
En un ámbito mucho más amplio, el nacional y el internacional, hay creciente indignación social, pública, ante los hechos del pasado 26 de septiembre, lo que contrasta con la demostración de ineptitud gubernamental.
Por dar dos ejemplos de esto último, está el que funcionarios del gobierno de Guerrero hasta han admitido ante diputados federales que esa administración tuvo conocimiento de los hechos que derivaron en el homicidio y desaparición de normalistas de Ayotzinapa en el momento en que ocurrían.
Y también está el hecho de que, de manera frustrante, la PGR tuvo que salir a decir que no tenía nada sobre el caso, tras admitir que los primeros 28 cadáveres encontrados en fosas clandestinas de Guerrero no sólo no correspondían a los de los normalistas desaparecidos, sino que no tenía la menor idea de quiénes pudiera tratarse.
Pasaron ya tres semanas y ninguna autoridad ha sido capaz de dar una explicación sólida y creíble sobre las razones de esos asesinatos, ni se ve que haya una acción contundente para encontrar a los normalistas.
En medio de los gritos y el silencio, y de la desesperación social creciente, surgen versiones, como la del padre Alejandro Solalinde, en el sentido de que los normalistas desaparecidos fueron quemados vivos y que fueron agentes del estado quienes los atacaron como si se tratara de un ejército, no de un grupo de jóvenes pobres.
La delincuencia, dijo, no participó en los hechos como se hace creer y se mostró dispuesto a decir lo que sabe ante la PGR. ¿Estamos otra vez ante un caso en el que es la sociedad la que tiene que resolver un gran crimen y no la autoridad, porque es ésta la que está detrás de un crimen?
