Heridas y cicatrices
Ramón Zurita Sahagún viernes 17, Oct 2014De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Uno de los más grandes lastres que arrastran los gobiernos en México es el tema de la impunidad, provocado por la falta de solución a grandes asuntos que se quedaron estancados en el pasado, apostando a la desmemoria, amnesia o, incluso, al olvido.
No es cuestión de siglas o de responsabilizar al gobierno de ello. Todos los anteriores han aportado en el tema y el rezago en esa materia es impresionante y data de varias décadas.
Sin demeritar la importancia y el horror que provoca la incertidumbre sobre la suerte que corrieron 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y los seis muertos que dejó el artero ataque de los policías municipales, hay otros asuntos pendientes que, en su momento, causaron la misma indignación ciudadana.
Lo peor de la tragedia de Iguala es no saber la suerte de los jóvenes, a los que se da por muertos, desde el primer momento de su desaparición, pero cuyos cuerpos no aparecen por ningún lado y, en cambio, causó sorpresa y horror encontrar una serie de fosas clandestinas, con otros cadáveres desconocidos, hasta ahora.
Pero las tragedias y los dramas que enfrentan los familiares de los desaparecidos tratan de ser atenuadas con una serie de declaraciones y posicionamientos de personajes de todo tipo que lo único que hacen es reabrir las cicatrices del pasado.
Se asegura que después de lo de Iguala, México ya no será igual, cuando lo mismo se dijo de lo sucedido en muchos otros casos que han ocurrido en el país, por cierto, varios de ellos pendientes de resultados y otros más de resolverse con apego a la ley y otorgando justicia.
Uno de los casos más sonados y angustiantes que estrujaron los corazones de todos, dentro y fuera del territorio nacional, fue la masacre de Acteal, sucedida en Chiapas en diciembre de 1997 y que costó la vida a 45 personas, entre ellos varios niños y mujeres embarazadas.
Lo peor de todo es que la situación conflictiva se había detectado con anticipación y no se hizo nada para resolverla.
En aquel entonces, la matanza pegó en la línea de flotación del principal aspirante a la candidatura presidencial del PRI, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, quien renunció al cargo doce días después de la matanza.
Todavía hace unos meses se insistió en presentar denuncia de responsabilidad contra el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León ante organismos internacionales.
La herida quedó y hasta ahora no ha sanado por completo.
Casino Royale es otra de las grandes afrentas que ha sufrido el pueblo de México.
Sucedió en Monterrey en 2011, la disputa por los territorios de la delincuencia organizada llegó al extremo de que unos de sus grupos (versión oficial) decidió dar un escarmiento y provocó el incendio de un casino, lo que dejó como saldo 52 personas muertas.
Como siempre el asunto derivó en una serie de acusaciones entre funcionarios sobre los permisos, clausura y reapertura del establecimiento y la operación del casino.
El entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón, tan señalado en el asunto es hoy diputado federal con muy bajo perfil.
Boca del Río, Veracruz, escandalizó a todos en 2011, con la aparición de 35 cadáveres tirados en la vía pública, desnudos y torturados.
Se dijo que pertenecían al crimen organizado, ya que al ser identificados, se confirmó que todos tenían antecedentes penales.
El asunto quedó resuelto y simplificado, cuando se adjudicó la masacre a enfrentamiento entre cárteles delincuenciales.
23 hombres y 12 mujeres murieron en este hecho.
San Fernando, Tamaulipas, dio la vuelta al mundo, cuando se conoció de la existencia de fosas clandestinas en esa población, las primeras descubiertas en 2010 y con 72 cadáveres y las segundas un año después con 193 personas asesinadas de manera masiva.
Los asesinados eran, en su mayoría, inmigrantes centroamericanos y, hasta donde se sabe, fueron bajados de varios autobuses. Se estableció que habían sido los zetas (uno de los principales grupos delincuenciales) los causantes de esta masacre.
Durango, es otros de los estados de México en donde se descubrieron fosas clandestinas al por mayor.
14 fosas clandestinas, donde se ubicaron 331 cuerpos de los que 301 correspondieron al municipio capitalino.
Nuevamente el crimen organizado y el enfrentamiento entre ellos fueron responsabilizados de la masacre.
Tlataya, Estado de México, es la más reciente masacre, antes de Iguala, registrada en el país.
Ahí fueron asesinadas 22 personas, algunas de ellas, se dice, en un enfrentamiento entre Ejército y un grupo delincuencial, aunque la versión cambió después y se asegura que fueron asesinados a mansalva.
Desde hace algún tiempo se critica la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada y los excesos que algunos de sus elementos cometen al amparo de ello.
Hoy varios de los militares participantes en este hecho ocurrido en 2014 se encuentran detenidos y son investigados para conocer cuál fue el papel que desempeñaron en esta masacre.
La actuación de esos malos miembros de las fuerzas armadas, fue una de las razones para el cambio en el fuero militar.
Durante los años recientes hay decenas de estos casos: Villa de Salvárcar, con sus 16 muertos, los del rancho El Rodeo en Ensenada con 19 asesinados en 2003 y muchos más que se van perdiendo en la memoria.
Por eso, Iguala debe servir para refrescar la memoria de lo pendiente y resolverse con apego a la ley, sin importar que los implicados en este y otros asuntos provengan de la política, los medios, el ámbito empresarial o el que fuese.
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