¿País de cínicos?
Ramón Zurita Sahagún lunes 6, Oct 2014De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
José López Portillo inmortalizó la frase sobre lo peor que podría pasarle a México sería, convertirse en un país de cínicos. Y eso sucedió, principalmente, durante su gobierno y continuó en otros más. Fue en el gobierno de López Portillo donde el pretexto del combate a la delincuencia provocó las primeras víctimas masivas conocidas, con los muertos del río Tula.
De entonces a la fecha, el horror se apoderó de la población ante la magnitud de los crímenes masivos cometidos en diversas zonas del país, los que aparecen en forma cotidiana.
Son tantos y tan frecuentes que la capacidad de asombro se ha visto reducida y con ello el descubrimiento de fosas clandestinas con decenas de cadáveres pasa a convertirse en parte de la nota roja.
Los muertos de San Fernando, los de Tlatlaya, los de Durango, los de Boca del Río, solamente hacen diferencia por los ejecutores de esa afrenta que pasan de ser gatilleros, miembros de los grupos delincuenciales o, incluso, hasta las propias autoridades.
Fuera de ello no se muestran mayores diferencias, ya que los métodos de exterminio parecen ser los mismos.
Regularmente los cadáveres encontrados en fosas clandestinas son relacionados con el crimen organizado, miembros de bandas rivales o en algunos casos, aquellos que se niegan a vincularse a las mismas.
Con todo y ello, lo sucedido en las semanas recientes suena a un mayor escándalo y refiere que en éste, como en otros casos, se debe realizar una investigación a fondo, para evitar que lo sucedido quede impune.
Es cierto que en el caso particular de Iguala y lo ocurrido la noche de terror en que murieron seis personas en el lugar de los hechos y 15 más quedaron heridas, se tuvo pronta capacidad de respuesta y que de inmediato se supo que autoridades policíacas locales fueron las causantes del crimen, pero también lo es que se dieron palos de ciego en el caso de los desparecidos.
Hasta el momento el enredo de la investigación no permite distinguir si hay o no participación de la delincuencia organizada o si ésta se encuentra infiltrada en las autoridades locales. Lo que si queda claro es que Guerrero vive su peor momento, con las autoridades ausentes de los requerimientos de la población.
No es la primera ocasión en que el gobierno estatal se muestra distante de los acontecimientos que vienen ocurriendo en su comunidad.
Así viene sucediendo con los diversos enfrentamientos y muertes ocurridas en diversas zonas del estado, el vandalismo y el cierre de carreteras y vías de circulación de todo tipo, provocados por las protestas ciudadanas y de grupos que no son atendidos.
Pero también con las contingencias provocadas por los fenómenos naturales como fueron “Manuel” e “Ingrid” en septiembre del año pasado.
El gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero parece preocupado por otros asuntos ajenos a las necesidades y requerimientos de la población que, por lo menos, cree haberse equivocado en la elección del gobernante que ya antes había dado muestras de su incapacidad.
Aguirre Rivero llegó por segunda ocasión al gobierno de Guerrero, aunque esta vez fue por la vía de las urnas y con las siglas de otro partido distinto al que lo promovió la primera ocasión al gobierno estatal.
Si en aquella ocasión su ascenso se debió a la matanza de Aguas Blancas, que provocó la caída del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, en esta ocasión, una segunda afrenta similar podría ocasionar su salida. Durante su primer ejercicio, Aguirre Rivero se mostró ineficiente ante una serie de eventos sucedidos ya bajo su mandato, donde pareció imperar la ley de la selva, con los crímenes de campesinos y de militantes de partidos de izquierda. Con todo y ello, el voto ciudadano lo llevó a las urnas, luego de que unos años antes perdió la elección para senador y terminó siéndolo por parte de la primera minoría.
Ahora cercano el proceso electoral para elegir a su sucesor, Aguirre Rivero vive uno de sus peores momentos como gobernante en medio de una entidad convulsionada y con autoridades sospechosas de fomentar la violencia y proteger a los miembros de los grupos delincuenciales. Guerrero ha sido desde siempre una entidad de por si violenta, en la que durante años las venganzas entre familias fueron parte de lo cotidiano.
Sin embargo, esos tiempos parecían haber quedado atrás y de la violencia entre familias y la presencia de la guerrilla se pasó a la modernidad y al olvido de esa cultura de tradiciones que alguna vez se reflejaron en la película de Luis Buñel, “El río y la muerte”.
Por eso, sean quienes sean los muertos de las seis fosas clandestinas descubiertas en Iguala, el agravio se encuentra ahí por lo que debe resolverse, aunque resultaría todavía peor que continuaran apareciendo más cuerpos como se sospecha existen en la región. Por lo pronto, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien cuenta con una orden de presentación, fue declarado prófugo, mientras que la dirigencia de su partido (PRD) decidió darlo de baja de su militancia. Sin embargo, esas son medidas que no inciden en el fondo del asunto y que requieren de una exhaustiva investigación que llegue al fondo del asunto y establezca responsabilidades de quienes propiciaron y ejecutaron esta masacre que mantiene horrorizada a una población que se encuentra perdiendo su capacidad de asombro.
ATRACCIÓN DE LA PGR
Lo menos que podía hacerse es que la PGR atrajera el caso de las fosas clandestinas de Iguala, con lo que ahora tiene dos papas calientes que la ciudadanía demanda una rápida investigación: Tlatlaya e Iguala.
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