Guerrero enrarecido
¬ Augusto Corro miércoles 1, Oct 2014Punto por punto
Augusto Corro
Guerrero empieza a parecerse más a Michoacán, pues la violencia sigue y se tiene la impresión que no existe autoridad alguna que ponga orden que brinde tranquilidad a la población.
Las balaceras de fin de semana en Iguala, a nadie le interesó controlarlas, frenarlas a advertirles que hay leyes que no permiten el abuso de la fuerza pública.
El gobernador Angel Aguirre, no es más que una figura decorativa que no ata ni desata. Precisamente en el año 2013, cuando amenazaban las lluvias a Guerrero, el no tuvo interés en alertar a la población. Los resultados fueron desastrosos: hubo muertos y miles de damnificados.
En los tiroteos recientes del viernes por la noche y en la madrugada del sábado en Iguala, no se supo dónde se encontraba el mandatario estatal. Las fuerzas del orden decidieron actuar como elementos del desorden.
Del presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, se encontraba en una fiesta y no supo de la represión de sus policías contra los normalistas de Ayotzinapa. ¿Cómo iba a dejar de bailar para atender la represión estudiantil?
Mientras el alcalde se divertía, el mismo lo confesó, los uniformados se despachaban con la cuchara grande de la violencia. Sin nadie que les llamara la atención, jalaron el gatillo hasta el cansancio.
Ante lo ocurrido, el procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, dijo que la policía municipal de Iguala ejerció “un uso excesivo de la fuerza” contra los estudiantes.
No había necesidad que el funcionario perdiera su tiempo en una conferencia de prensa, para informar lo que ya conocía la opinión pública. Dijo que se fincarán cargos penales contra los 22 efectivos policiacos detenidos tras esos hechos, en los que hubo 6 muertos, 25 heridos y 57 estudiantes desaparecidos de la normal mencionada.
Maestros y alumnos normalistas demandaron juicios políticos contra el gobernador Angel Aguirre y el presidente municipal, ambos de extracción perredista, a quienes responsabilizan de la desaparición de sus compañeros. “Es indudable que existió un uso excesivo de la fuerza. Creo yo que la respuesta de los elementos policiales no fue proporcional, por el contrario, fue desmedida”, recalcó.
Por cierto, en las balaceras también participaron individuos armados, no identificados, que abrieron fuego contra el autobús de un equipo de futbol y provocaron la muerte de tres personas.
Ahora, lo que realmente preocupa a los guerrerenses es la desaparición de 57 jóvenes durante la jornada violenta.
El propio procurador, Iñaky Blanco Cabrera, dijo que policías de Iguala detuvieron a por lo menos 10 normalistas y se los llevaron a su cuartel, Luego un grupo de desconocidos se los llevaron a bordo de patrullas oficiales, con rumbo desconocido.
Informó que en la búsqueda de los normalistas “solicitó la colaboración de diferentes dependencias o instancias del gobierno federal y administraciones estatales”. Las autoridades estatales publicaron la lista de los desaparecidos.
“Vivos se los llevaron, vivos que los devuelvan”, clamaron estudiantes y maestros de la escuela normal de Ayotzinapa.
Por otra parte se dijo que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, es investigado por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
El diputado local, Omar Jalil Flores Majul, denunció hace varios días que existe un ambiente de terror en Iguala y que no existen garantías para circular libremente por las noches, en esa ciudad controlada por la delincuencia. El lunes por la tarde, la delincuencia organizada asesinó a cinco jóvenes en Acapulco. Los hechos se registraron en el andador Oyameles y calle Ahuehuetes, en la colonia Jardín Mangos.
Después del mediodía del martes se tuvo conocimiento de que al menos 14 normalistas fueron encontrados con vida. Así que la lista de desaparecidos se redujo a 43. Según se dijo, los jóvenes permanecieron ocultos para proteger su integridad.
DAN DE BAJA A 400 POLICIAS
Por reprobar el examen de control de confianza, fueron dados de baja 400 elementos de la Policía Estatal de Puebla.
Ayer, en este mismo espacio nos referimos a la incapacidad de los uniformados para participar en la lucha contra el crimen organizado o para brindar tranquilidad a la sociedad mexicana.
Y no son precisamente los policías estatales, también los municipales, quienes se dan de alta en los cuerpos policiacos, sin los estudios necesarios y la capacidad necesaria para desempeñar su papel de protectores ciudadanos.
Tendrá que pasar mucho tiempo para que las policías llenen los requisitos de confianza, de capacidad y de los atributos de honestidad y lealtad a las instituciones. En los municipios, los uniformados no son respetados como autoridad. Su papel se limita a amedrentar a ebrios. Los salarios no son suficientes para satisfacer sus necesidades primarias.
Las carencias, es decir la pobreza, los orillan a escuchar las ofertas tentadoras de los delincuentes. No lo piensan mucho para pasar a las filas de la delincuencia, para servir como halcones, filtros de información y hasta sicarios.
El examen de control de confianza implica, entre otros aspectos, un análisis de la situación patrimonial y entorno social, así como valoraciones médicas, psicosométricas, toxicológicas y polígrafo. La pregunta obligada es la siguiente. ¿A qué se dedicarán, en qué trabajarán los 400 policías dados de baja?
