La democracia se conduce con control y autocontrol del poder público: Elías Azara

Gloria Carpio

Acompañado de Édgar Elías Azar y de Alejandra Barrales, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, inauguró los espacios de participación para dar seguimiento y evaluación al programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, no existe una mejor forma de conducir la democracia que a través del control y autocontrol del poder público.

Y advirtió que la división de funciones y atribuciones tienen implicaciones de doble vía: por un lado son un concepto separante, en tanto exigen que cada entidad de poder desarrolle sus funciones con cabal y auténtica autonomía, pues ello es reflejo de un insistente respeto por esos derechos de los ciudadanos, que no podrían quedar bajo el autoritarismo de una sola persona o corporación.

El magistrado definió lo que a su juicio es la mejor manera de conducir una democracia en una ceremonia en la que fue instalada una Comisión que dará seguimiento al programa de los Derechos Humanos del Distrito Federal y a la que concurrió Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno capitalino y Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.

Elías Azar habló sobre la división de poderes que se funda precisamente en esa idea central, para lograr balanceos y supervisión entre las entidades de gobierno, todo en beneficio de la ciudadanía y por ende, en protección y preservación de los derechos humanos que nos deben asistir a todos.

Y pidió caminar juntos con acciones trasversales y bien coordinadas en el tema de derechos humanos, “en un gobierno donde la libertad y la igualdad es lo primero, como es el caso de nuestra ciudad, donde entendemos que los poderes de las instituciones debemos caminar unidos”.

El magistrado desglosó la distribución del trabajo en materia de los derechos humanos, al señalar que “cada quien, desde su atalaya funcional, sin desbordamientos inválidos de nadie, puede y debe cumplir con su propia función, pero siempre en atención a que el orden jurídico vigente previene la coexistencia de instituciones que bordando el mismo tema o problema se controlan mutuamente.

“En la función jurisdiccional tenemos la responsabilidad pública de la custodia y garantía del orden legal. Las instituciones dedicadas a la defensa y preservación de los derechos humanos, cumplen la indispensable función de tomar la palabra del ciudadano y con el sustento de la opinión pública, en una democracia, hacerle resonar fuerte y claro en todos los ámbitos de autoridad para respetar en todo caso sus derechos básicos”.

El presidente del TSJDF lamentó que no se reconozcan los esfuerzos aislados y observó que “en la función judicial hemos dado pasos importantes, y a veces en solitario, en materia de protección de los derechos humanos, logramos trabajar exitosamente la fijación de los criterios e indicadores para la debida evaluación y medición de nuestra efectividad en el respeto irrestricto de lo mismo”.

Recapituló que “somos viejos convencidos, por naturaleza y por vocación, en esa defensa del derecho y de los derechos de todos y sigue siendo nuestra función en dar cada quien lo suyo, o sea, darle a cada quien el derecho que le corresponda. Caminamos de la mano con el ombudsman capitalino Luis González, y según dije, convencidos y solidarios. Lo seguiremos haciendo en todos los ámbitos y en todas las tareas, todo el tiempo y en todos los lugares”.

Remató su intervención considerando que “la mejor garantía para la Comisión de Derechos Humanos es contar, (que lo hace siempre), con jueces autónomos, que deciden de manera independiente y libre conforme a la ley, sin apuros y sin presiones”.

En otra parte de su discurso hizo notar las excelentes relaciones que las instituciones de defensa de los derechos básicos y que ello no compromete la independencia judicial e insistió en que deben acercarse cada vez más gobiernos,  funciones y empeños no sólo en beneficio de la ley, sino de las personas.

Agregó que “un gobierno se instituye para el pueblo y para beneficio del pueblo y la función de la autoridad consiste, para decirlo pronto y bien, en proteger y garantizar por distintas vías políticas, sociales y jurídicas, el cabal ejercicio de esas libertades y facultamientos de las personas”.

Y puntualizó que “ante tal afirmación, es natural y razonable que todas las autoridades que integramos un gobierno civilizado y un gobierno de libertades, caminemos juntas, cooperando en la conducción de esa esencia de los derechos básicos en bien de todo el conjunto social. Pero por otro extremo, en un concepto ligante, pues sólo a través del control que de manera traslapada ejercen las instituciones entre sí y para sí, se garantiza a los ciudadanos un correcto balance de ese poder”, concluyó.