Deuda pendiente
Ramón Zurita Sahagún martes 30, Sep 2014De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Qué está pasando en México, donde la violencia se recrudece, y lo peor de todo, es que en muchos de los casos, son las propias autoridades las responsables de ello.
Los acontecimientos recientes nos muestran un panorama que se antojaba inexistente en un país, donde se manifiesta un gobierno que se asume como de apertura, moderno y diferente al anterior.
Es cierto que el gobierno federal cambió y pasó de un partido a otro que ya había gobernado con anterioridad y que se asumió un concepto distinto, mediante nuevas reglas que llegaron a modificar la Constitución en varios aspectos.
Sin embargo, en cuestión de seguridad, siguen asomando una serie de fallas que van desde la impunidad, el abuso, contubernio y la agresión por parte de las propias autoridades. Los recientes sucesos ocurridos en Edomex, Guerrero, más lo que ya se convirtió en cotidiano en Michoacán, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa y otras entidades, asusta por la irrupción de la violencia en su expresión máxima.
No son hechos aislados, como podrían señalar algunos, ya que se vienen concatenando desde hace varios meses en el país.
Aparecen nuevas tumbas clandestinas, se enseñan videos que confirman la cercanía de muchos sectores con los grupos delincuenciales, se asesina a otro diputado federal, las autoridades municipales sufren el asedio de la delincuencia, se recrudece la presencia de los miembros del crimen organizado y, para colmo de males, se acusa a las fuerzas armadas de asesinatos a mansalva y las policías de Guerrero atacan a la ciudadanía.
El Ejército ha sido el eficaz aliado del gobierno federal en su lucha contra la delincuencia organizada, asignándosele varios de los principales logros conseguidos en esa materia durante la presente administración.
Las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, son ampliamente reconocidas por su apoyo para combatir eficazmente al crimen organizado y de esa manera se ha conseguido la detención de varios de los principales jefes de las principales bandas que asolaban diversas regiones del país o que tenían conexiones, incluso, en varios estados de la República y hasta el extranjero.
Varios de los principales golpes en contra de los delincuentes fueron logrados por el Ejército y la Marina.
En algunos de los casos, los delincuentes fueron abatidos durante enfrentamientos, ya que se resistieron a ser capturados vivos, por lo que las tropas respondieron a las agresiones.
Las versiones de esos enfrentamientos siempre se dieron por ciertas, aunque ahora surgen dudas sobre la veracidad de las mismas, luego de lo sucedido en Tlatlaya, Estado de México, donde las cosas no parecen haber sucedido como se informó oficialmente.
De acuerdo con esa versión, los miembros de las fuerzas armadas detuvieron a 22 personas relacionados con los grupos delincuenciales y en sendos juicios sumarios pasaron a la ejecución de los mismos.
No es la primera ocasión en que las fuerzas armadas son acusadas de violación de los derechos humanos, aunque en esta caso, la situación toma otro sesgo.
Son principalmente, los miembros del Ejército que participan en estas tareas policíacas los que han sido señalados una y otra vez de violación de las garantías individuales, aunque anteriormente los miembros de las fuerzas armadas se refugiaban en el fuero militar.
Ahora, las cosas han cambiado y se espera que de resultar responsables de la acusación que en su contra se hace, reciban el castigo correspondiente.
En Guerrero y Michoacán, los ánimos se encuentran encendidos, luego de que se señala a policías como los autores de la agresión en que murieron seis personas y 17 más quedaron heridas.
La detención de 22 policías municipales de Iguala, Guerrero (el sitio de la agresión) habla de que la investigación llegará hasta el fondo del asunto y los responsables serán castigados.
En el municipio de Purépero, Michoacán, policías repelieron una manifestación a balazos, dejando un saldo de tres heridos.
Veracruz no está exenta de la violencia, ya que ciudadanos del principal puerto del país salieron a las calles para protestar por la inseguridad reinante.
Esas mismas marchas se han producido con frecuencia en Tamaulipas y otros estados del país, donde la inseguridad sigue siendo la principal deuda de los gobernantes. Y es que desde que la violencia se manifestó en gran forma, su presencia es cada vez más notoria y aumenta la ineficacia de las autoridades. Sin embargo, lo más preocupantes son las muestras de esa incapacidad que dejan una clara muestra en acciones como la sucedida en Tlatlaya e Iguala, así como en otras parte del país.
PAN NO ASISTIRÁ
Finalmente, el Partido Acción Nacional decidió no participar en el seminario que sobre federalismo se realizará en el Senado de la República y al que asistirá el presidente Enrique Peña Nieto.
Los senadores panistas decidieron usar el tiempo que durará el evento para viajar a Guerrero, para exigir el esclarecimiento del crimen de Braulio Zaragoza, secretario general panista en aquella entidad. Otro grupo se trasladará al INE, para defender los derechos que se han violado con la imposición de consejeros electorales locales. El senador Roberto Gil dijo que el país presenta problemas en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, “y lo que está por acontecer en el INE, que por la puerta de atrás se pretende vaciar de sentido a la reforma política que aprobó este Congreso”.
Para hoy se espera la presencia de los 32 gobernantes del país, así como de los tres poderes de la Unión en la reunión que habrá en el Senado de la República sobre federalismo.
ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com
