Huracanes, el antes y el después
¬ Juan Manuel Magaña viernes 19, Sep 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
Un corresponsal de Baja California Sur reportó en la radio haber presenciado auténticas “escenas apocalípticas”, debido a los actos de rapiña que se dieron en Los Cabos tras el paso del huracán “Odile”.
En las redes sociales han circulado multitud de imágenes en video y fotografía que dan cuenta de la disputa violenta, casi infrahumana, por sobrevivir.
Luego de los daños en la entidad causados por el meteoro, el saqueo a comercios, hoteles e incluso casas, en Cabo San Lucas y San José del Cabo por parte de comandos encapuchados, se convirtió en el grave problema, de acuerdo con un alud de testimonios de la población. Los ciudadanos identificaron con precisión que la gravedad de la situación se debió a tres factores: al problema de desabasto siguió el de ausencia de autoridades y luego se sumó el de la inseguridad pública.
desabasto fue acentuado por la falta de agua, comida y dinero en efectivo porque los cajeros no funcionaban por falta de luz e internet. Debido a todo esto, a los habitantes de Los Cabos no les quedó de otra que organizar guardias para evitar saqueos. Un instintivo impulso defensivo.
Fue hasta la tarde de ayer cuando la Policía Federal informó haber reforzado la seguridad con 200 elementos de la Gendarmería Nacional, que ya actuaban contra la rapiña, más la llegada de otros 500 efectivos a Los Cabos.
Mientras “Odile” golpeaba a Baja California Sur y con la tormenta “Polo” que en cuestión de horas se convertía en huracán categoría 1, miles de integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, en Guerrero, protestaron por lo ocurrido un año antes tras el paso devastador de los huracanes “Manuel” e “Ingrid”. Exigían a los gobiernos federal y estatal que cumplan sus promesas de reconstruir viviendas, escuelas, y reubicar a los pueblos dañados por los ciclones.
Quiere decir que a pesar de numerosas promesas de reconstrucción y apoyo a los afectados y de coordinación entre niveles de gobierno, localidades situadas lejos de la zona turística de la entidad han sido desatendidas.
Con los propios datos de la administración estatal, más de 5 mil familias guerrerenses siguen viviendo hoy a la intemperie y la asistencia monetaria prometida por el gobierno federal –unos 37 mil millones de pesos– sencillamente no ha llegado a esas comunidades. La construcción o reconstrucción de vivienda e infraestructura para los afectados han tenido un avance precario.
Es aquí donde las zonas pobres sufren un doble daño, uno por los fenómenos naturales y otro por la desatención gubernamental. Encima, mientras esto no se corrige, sólo se está a merced de un nuevo golpe con la llegada de nuevos ciclones o desastres.
A estas zonas pobres de Guerrero, acostumbradas a la precariedad, sólo les queda la protesta. A los pobres de Baja California Sur, la rapiña.
En México se avanzó en los últimos años en la cultura de prevención frente a la proximidad de huracanes. La población se refugia y eso salva vidas. Pero algo ocurre tras el paso de estos fenómenos. El común denominador es primero la ausencia de autoridades, luego su fugaz presencia y después el abandono absoluto. En los grandes desastres se descubre corrupción previa y posterior.
La protesta y la rapiña no es otra cosa que dejar, en un momento dado, que la gente se rasque con sus propias uñas, lo cual es sumamente peligroso. ¿No hay manera de evitarlo?
