Jueces, importantes para inhibir la tortura: Díaz Ortiz
Cd. de México viernes 19, Sep 2014- La consejera de la Judicatura del DF alerta a los magistrados para que éstos actúen eficazmente para detectar la irregularidad
La práctica de la tortura sigue siendo una realidad en el país y en la ciudad de México, se advirtió en un foro en el que se discutió en torno a los desafíos y retos judiciales frente a esa práctica, y en el que se señaló que entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 7 mil quejas por ese ilícito y otros malos tratos, cifra por arriba de la que se reportaba hace 10 años.
En la Sala de Presidentes María Lavalle Urbina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), la consejera de la Judicatura capitalina Sandra Luz Díaz Ortiz subrayó que el papel de la autoridad judicial resulta singularmente importante para inhibir la práctica de la tortura, por lo que llamó a jueces y magistrados a tener una actuación eficaz para detectar y responder de manera oportuna, ante posibles afectaciones a los derechos humanos de personas sujetas a proceso.
“La actuación de la autoridad judicial representa un papel fundamental para la prevención, investigación y, en su caso, sancionar la tortura, porque su debida atención incide afirmativamente en la prevención de este tipo de prácticas; caso contrario, ignorarlo, representa el fomento para que se sistematicen y reproduzcan”, planteó la consejera.
Díaz Ortiz enfatizó que una persona detenida por la probable comisión de un delito no pierde su derecho a ser tratada con humanidad, y enfatizó que la impunidad de la tortura sólo fomenta este ilícito, mientras que la sensibilización acerca de éste la inhibe.
A su vez, el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Alfonso García Castillo, sostuvo que la tortura se mantiene que como una realidad a nivel nacional y en la capital del país, pese al mejoramiento de los sistemas de investigación de las corporaciones policiacas.
Hizo notar, asimismo, que en México se registra un alto número de casos en los que las personas sujetas a proceso lo están por vía de prueba confesional auto- inculpatoria, cuando es un derecho constitucional reservarse de declarar, lo que hace percibir que la práctica de la tortura se mantiene vigente.
En tanto, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo Vargas, aseveró que, además de la práctica de la tortura, permanece el temor entre la sociedad a ser víctima de ésta.
Consideró que frente a este delito se debe aún hacer mucho más, y recordó el trabajo de la institución a su cargo, del que destaca la difusión del diálogo en torno al problema entre la sociedad civil, periodistas, académicos, intelectuales y operadores de las instituciones que enfrentan este fenómeno.
En la inauguración del foro Desafíos y retos judiciales frente a la tortura participaron el consejero de la Judicatura Héctor Samuel Casillas Macedo; la directora general de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del TSJDF, María Elena Lugo del Castillo, y el coordinador de la Unidad Jurídica y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Alan García Campos.