A ríos revueltos…
¬ Augusto Corro lunes 15, Sep 2014Punto por punto
Augusto Corro
La empresa minera Grupo México siempre sale victoriosa, no importa el tamaño del problema que enfrente, que generalmente es mayúsculo.
Así ocurrió en el accidente de Pasta de Conchos, en que perecieron 65 mineros, que aún siguen en las entrañas de la mina.
Y recientemente, su filial Buenavista del Cobre derramó ácido sulfúrico que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora. Todo un ecocidio.
Además, estimulado por la impunidad, a sus trabajadores les paga sueldos miserables y no los registra en el Seguro Social. En condiciones laborales, los mineros viven en el porfiriato.
A raíz de la contaminación de los afluentes, la empresa decidió resarcir los daños ecológicos que causó el agua envenenada, con una inversión de 2 mil millones de pesos.
Con ese dinero se buscará resolver la escasez del líquido vital que padecen por lo menos 23 mil habitantes de los municipios que riegan los afluentes mencionados, así como su ganado.
El derrame tóxico provocó un conflicto entre el gobernador Guillermo Padrés y los delegados ambientalistas, que obligó al gobierno federal a poner orden.
En esos ríos revueltos (contaminados), el Grupo México volvió a ganar: la cantidad de dinero que destinará a borrar su error no es nada, si se compara con la riqueza que obtendrá de la explotación de los yacimientos de cobre más grandes del mundo. Precisamente, Buenavista del Cobre trabaja sobre esa valiosísima veta mineral.
LA MUERTE DEL NIÑO JOSÉ LUIS TEHUATLIE TAMAYO
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, tuvo que apegarse a la realidad de los hechos en que perdió la vida José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años.
Reveló que el niño murió al recibir un impacto de un proyectil con gas lacrimógeno. Lo anterior ocurrió durante una manifestación de habitantes de Chalchihuapan, en la autopista Puebla-Atlixco, el 9 de julio pasado.
La CNDH se vio obligada a investigar el caso, porque las autoridades de Puebla, encabezadas por su gobernador, afirmaban que se trataba de un cohetón y no una bala goma, el artefacto que privó de la vida al menor.
En esa discusión intervino la CNDH con la idea de que su titular, amigo del gobernador Rafael Moreno Valle, podría desvirtuar la imparcialidad de la investigación, como ocurrió. la comisión mencionada señaló como responsables a la policía que agredió a los manifestantes. E informó que un proyectil con gas lacrimógeno disparado por los cuerpos de seguridad fue el que mató a Tehuatlie Tamayo, y además, “se utilizó un excesivo uso de la fuerza pública”.
Claro, la CNDH, se fue por la aplicación de la ley textil (el hilo se revienta por lo más delgado) y señaló que el responsable del actuar de los elementos de la policía y a su falta de capacitación, es el secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas, y no el gobernador Rafael Moreno Valle.
¿Con la declaración de la CNDH se cerró ese hecho tan lamentable? Es posible que sí. Echarán a Cantú Rosas a la calle y el mandatario estatal seguirá con el sueño de instalar juegos mecánicos en todo el estado.
En la capital poblana se encuentra la rueda de la fortuna, más grande y alta de México.
LA PESADILLA
Esta semana se decidirá la suerte de los delincuentes que le propinaron una golpiza a la periodista Karla Janeth Silva Guerrero, de 24 años, de “El Heraldo de León”.
El hecho se registró el 4 de septiembre alrededor de las 5 de la tarde, en Silao. Los tres agresores entraron a las oficinas del diario y golpearon, sin compasión, a la reportera que terminó en el hospital, debido a las lesiones en la cabeza y en varias partes del cuerpo.
El caso se aclaró rápido y el responsable intelectual de la golpiza a la comunicadora es Nicasio Aguirre Guerrero, quien se desempeñaba como director de Seguridad. Este sujeto les pagó 5 mil pesos a tres cavernarios para que golpearan a la comunicadora.
Dos de los tres agresores, sólo dos fueron capturados por las autoridades. Ellos responden a los nombres de Osvaldo Valero Garnica y Luis Gerardo Hernández Valdenegro.
Solo que ahora, los abogados de los cavernarios citados, alegan que se violaron sus derechos humanos porque fueron a aprehendidos antes de que el juez ordenara la detención. Andan prófugos Nicasio Aguirre Guerrero y el otro cavernario José Samuel Ornelas.
Ahora sólo falta que logren sacar de la cárcel a Osvaldo y a Luis Gerardo, porque ya sabemos cómo se la gastan las autoridades, principalmente en el interior del país, donde los presidentes municipales no ceden en su empeño de convertirse en sátrapas o dictadorzuelos de pacotilla.
Por cierto, el alcalde de Silao, el priísta Enrique Benjamín Solís, quien también es señalado como otro implicado en la agresión a Silva Guerrero, también será citado a declarar ante el Ministerio Público.
