Estamos todos arrestados
¬ Juan Manuel Magaña viernes 12, Sep 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
El miércoles dijimos aquí que el gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, había soltado una auténtica bomba declarativa. Pero por lo visto le contestaron con otra.
Había afirmado sin rodeos, el día anterior, que los delegados federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sabían desde antes del 6 de agosto de las irregularidades en el manejo de contaminantes en la mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, y por “omisión o encubrimiento” no actuaron para evitar el desastre ecológico en el río Sonora.
Y es más, el mandatario estatal había exigido la renuncia del titular federal de la Profepa, en tanto que aseguró que los delegados de esa dependencia “ya no serán aceptados en las reuniones del Comité de Atención a Emergencias”, que cada semana analiza la emergencia en el río Sonora.
Quienes vieron en ese hecho simples bravatas contra el gobierno federal dicen que Padrés no calculó la respuesta de este miércoles en la que el vocero presidencial Eduardo Sánchez le dijo que es facultad del Presidente nombrar y remover delegados federales y no del gobernador de Sonora.
Y no sólo eso. Ese mismo día David Korenfeld, titular de Conagua, dejó en claro que se investigará a fondo la presa del rancho Pozo Nuevo y si está ilegal, la van a demoler. Y se investigará también a los funcionarios anteriores que permitieron su construcción. Para colmo, Guillermo Haro, titular de Profepa, estipuló que se iba a actuar a fondo contra la minera. La confrontación era clara: iban por Germán Larrea y por Guillermo Padrés.
El gobernador tiene un flanco muy débil. Esta misma semana se denunció que la presa que el gobernador Guillermo Padrés mandó construir en su rancho Pozo Nuevo –en el municipio de Arizpe– almacena en este momento 10 millones de metros cúbicos de agua, suficientes para dotar del líquido durante dos meses y medio a Hermosillo, y que la construcción de una cortina de esas dimensiones habría costado más de 170 millones de pesos, cuando el mandatario declaró –en documentos patrimoniales– que la propiedad tenía un valor de 5 millones de pesos.
Un diario vio con sencillez la siguiente ecuación en el cuadro sonorense: a la entidad el Grupo México la envenena y el panista gobernador Padrés acapara su agua.
Peor aún, una comisión legislativa investigará si el gobernador Guillermo Padrés y su hermano Miguel utilizan a sus hijos menores de edad para lavar dinero o en su caso demuestren fiscalmente cómo el rancho de su propiedad pasó del 5 de julio de 2011 de tener un valor de 5 millones 9 mil 828.97 pesos, a contar con una cortina de presa hidráulica de 170 millones de pesos de ilegal construcción y una siembra establecida de 350 hectáreas de nogal con un valor aproximado de 262 millones 500 mil pesos, que suman en total 432 millones 500 mil pesos.
Decíamos en una entrega anterior que “el problema es inmenso y es hora que no ha rodado ninguna cabeza importante en el asunto. Lo que denuncia el gobernador Padrés simple y sencillamente apunta al sistema de corrupción, encubrimiento e impunidad de siempre. Tendrá que probarlo, pero de entrada su revelación descorre un velo que, como todo mundo supone, oculta la verdad de lo ocurrido allá”.
Claro que al acusar, Padrés también puede estar intentando poner otro velo pero para tapar su propia irregularidad. En realidad, el desastre en Sonora está mostrando que no se puede meter las manos al fuego por nadie. Que es muy posible que todos sean responsables de lo ocurrido.
Que todos, para variar, estén fuera de lugar, pues sólo así se explica un desastre de ese tamaño, junto con la corrupción y la impunidad que tiene de envoltura. Allá, como en tantas otras partes del país, aplica la expresión “estamos todos arrestados”.
