Proyectil de la policía causó muerte de menor en Puebla
Nacional viernes 12, Sep 2014- Responsabiliza a Facundo Rosas y no al gobernador Moreno Valle, de uso indebido de la fuerza
José Luis Montañez
Según dictamen de la CNDH, la muerte del menor poblano se debió a un obús de los granaderos y no de los manifestantes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la lesión que causó la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie durante una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, no fue por un cohetón, sino por alguno de los proyectiles usados por los policías.
Durante la presentación de la Recomendación sobre Violaciones Graves a Derechos Humanos en el caso Chalchihuapan, el ombudsman Raúl Plascencia afirmó que en el operativo realizado el 9 de julio en San Bernardino se utilizó un excesivo uso de fuerza pública.
Agregó que el responsable del actuar de los elementos y a la falta de capacitación es el secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas y no el gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle. El caso, dijo, evidencia violaciones al derecho a la vida, libertad de reunión, a la seguridad e integridad personal.
Expresó: “No se justifica el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley. El empleo de la fuerza pública siempre debe ser el último recurso”.
Comentó que este caso ha estado rodeado de impunidad y por ello solicitó a las autoridades estatales crear una fiscalía especial para que se investigue a fondo no solo a los elementos que participaron en el operativo sino también a los habitantes de Chalchihuapan porque existen indicios de que algunos cometieron delitos y al respecto no se ha investigado a nadie.
En la recomendación se destaca que los responsables de la muerte del niño de 13 años de edad no son los 426 elementos que participaron en el operativo, solo se investigará a 32 quienes portaban lanzadores, de estos 20 escopeteros y 12 granaderos.
Subrayó que este caso podría o no ser atraído por la PGR, pero eso solo es facultad del procurador, Jesús Murillo, si así lo considera. El gobernador de Puebla tiene 15 días hábiles para aceptar la recomendación y otros 15 para presentar pruebas de que se cumpla.
