Autonomía en procuración de justicia, básico para reducir la delincuencia
Estado de México jueves 1, Jul 2010El especialista Juan David Pastrana y Berdejo, quien propuso una revisión integral del sistema de justicia, además de la implementación de la cultura de la legalidad
La autonomía en la procuración de justicia e independencia en su administración, así como la enseñanza de una cultura de la legalidad desde el hogar, son factores que contribuyen a la disminución del índice delictivo y la inseguridad, indicó el especialista Juan David Pastrana y Berdejo, quien propuso una revisión integral del sistema de justicia, además de la implementación de la cultura de la legalidad.
Al dictar la conferencia magistral La necesaria autonomía del sistema de justicia penal en México, a 200 años de la Independencia, el también integrante del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la UAEM, expuso que “la principal razón de existir de las autoridades es garantizar la seguridad individual de los gobernados así como en sus bienes”.
En el marco del Ciclo de Conferencias 2010 de la Contraloría del Poder Legislativo, su titular, Victorino Barrios Dávalos, afirmó que México requiere del análisis, de la reflexión, “de que nos pongamos todos los días las pilas y veamos que las relaciones que se dan en este país tienen que ver con la preparación que tenemos”, con la que dijo, se eliminarán esquemas como el nepotismo, cuya existencia aún se denuncia.
El contralor destacó la necesidad de terminar con la corrupción e impunidad y mejorar la impartición y procuración de justicia, en lo que coincidió con el doctor Juan David Pastrana, quien llamó la atención a la necesidad de reconocer en la Constitución la autonomía de las instituciones que procuran justicia en el país, para evitar la dependencia de los poderes tradicionales, darle autonomía técnica y funcional que garantice la imparcialidad en sus decisiones.
Propuso crear un Consejo del Ministerio Público (MP) que administre a la Procuraduría y que, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nombre a los procuradores, además de considerar necesario dotar a los organismos de plena autonomía presupuestal, autonomía interna de los agentes del MP o fiscales y la creación de un juez de control especializado en la averiguación previa.
El objetivo es que la procuración y administración de justicia no estén sujetas a las coyunturas políticas, influyan en las decisiones políticas del Estado y ganen mayor eficiencia, eficacia y objetividad en el ejercicio de sus atribuciones y funciones. Como organismo constitucional autónomo, la Procuraduría deberá contar con autonomía política, financiera, jurídica y administrativa.
Desde hace 200 años, recordó, el MP ejerce diversas funciones dentro del sistema de justicia mexicano —en procesos familiares, civiles y en amparos— pero su principal función y donde surgen la mayoría de sus problemas que reclaman su autonomía es dentro del procedimiento penal, por su carácter de autoridad investigadora y persecutora. El MP debe actuar de manera imparcial, pero la realidad es distinta, perciben los gobernados.
A partir de 1990, indicó, la mayor parte de los países latinoamericanos han desarrollado reformas a sus sistemas de justicia para implementar un sistema acusatorio con tendencia adversarial y México no quedó fuera. El objetivo fue cambiar los sistemas inquisitivos y escritos legados por nuestros conquistadores, por sistemas adversariales y orales, buscando un equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Judicial.