Corrupción inhibe la inversión extranjera hasta en 20 por ciento
Nacional lunes 28, Jul 2014- Le cuesta al país entre 5 y 9 puntos porcentuales del PIB
El Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer un estudio que revela el costo de la corrupción en México, de cara a la llegada de la inversión extranjera directa.
La corrupción provoca que México deje de recibir hasta 20 por ciento de inversiones extranjeras o que tenga a la baja la atracción de talento en 6 por ciento, aseguran Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Según el Imco, México tiene una calificación de dos puntos —en una escala del uno al 10— al tratar de controlar la corrupción, lo que significa que solo puede atraer 1.7 puntos de inversiones o talento de 10 posibles. Si mejorara su control incrementaría la inversión por habitante ocupado hasta en 64 por ciento, al pasar de 4 mil 791 dólares a 7 mil 872.
De acuerdo con cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción le cuesta al país entre 5 y 9 puntos porcentuales del PIB, más de lo que invierte en tecnología o casi el equivalente de lo que gasta en educación.
A pesar de ello, las medidas que aplica el gobierno para abatir las malas prácticas son cada vez más deficientes y no han logrado inhibirlas. A esto se suma que el marco legal para crear una institución que sancione la corrupción está incompleto o se debilitó después de las modificaciones de 2012.
Una familia que gana un salario mínimo tiene que destinar uno de cada cuatro pesos en acciones de corrupción para acceder a los servicios básicos. El presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, afirma que el gobierno federal aún tiene serias deficiencias en el diseño de un sistema para abatir la corrupción.
Al hacer una comparación con otros países, consideró que la diferencia radica en que la persecución del delito, así como la vigilancia del ejercicio, no es responsabilidad de un solo organismo. “Nos gusta pensar que habrá un gran zar contra la corrupción, pero la realidad es que se requiere un sistema coordinado y complejo. Que haya un revisor fiscal en la industria privada, otro más en el ámbito público”.
