El turno de los diputados
¬ Juan Manuel Magaña martes 22, Jul 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
Ahora toca a la Cámara de Diputados continuar con el desaseo con que se han procesado -no se puede hablar del verbo legislar- las leyes secundarias de las reformas energéticas, al igual que la de telecomunicaciones.
Si algo ha saltado a la vista es la manera absurda en que unos se obstinan en argumentar y otros se empecinan en no escuchar e imponer lo ya decidido, pues la cosa es a chaleco.
Y por lo visto ese defecto ya preocupa y nuestros disputados están estudiando la manera de disimularlo. Ya no fue ayer, pues ayer hicieron lo mismo en comisiones con su primer dictamen de tarea: aprobarlo sin miramientos.
Lo dijimos ya una vez, ha sido asombroso y hasta grotesco, que basten unos cuantos minutos y no más de dos o tres horas para desahogar procedimientos que tienen como fin la entrega del país. Cada vez resulta ser más cierto que la reforma energética es sinónimo de privatización y, por lo tanto, todo consistirá no en matar la gallina de los huevos de oro, sino en entregarla sana, salva y productiva a los capitales extranjeros.
No son pocos los que han denunciado que ha habido –en este caso en el Senado- un atropello al procedimiento legislativo, porque no fueron respetados los mecanismos para abrir una discusión en torno a los dictámenes de las leyes secundarias de la reforma.
Ya al insistir en una consulta popular sobre el tema que se impulsa para junio de 2015, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas expresó que el aparente trabajo legislativo del Congreso “nos hace ver que el gobierno está empeñado en entregar los recursos energéticos a intereses extranjeros y contrarios al país, pero nosotros seguiremos dando la lucha para revertir la reforma energética”.
Ayer el Senado despachó el cuarto dictamen que le correspondía sobre leyes secundarias de dicha reforma. Todo fue como cuando empezó: plano, mecánico, a rajatabla. Fueron legisladores como en el pasado de siempre: que nomás leyeron discursos que ni escribieron y que a la hora de votar volvieron a ser simples levantadedos.
Desde el “trabajo” en comisiones hasta el pleno, cero debate sobre el contenido de una legislación que da marcha atrás a la propiedad originaria del petróleo en manos del Estado, que despoja a los campesinos de sus tierras y que llega al extremo de declarar de utilidad pública los negocios privados.
El dictamen de ayer era tremendo, contenía el artículo 33 de la ley de los órganos reguladores en el que se establece que junto con el contrato que se otorga a las empresas extranjeras para la explotación del petróleo, recibirán también la respectiva declaración de utilidad pública, lo que les permitirá ocupar los terrenos en que se vaya a desarrollar su proyecto.
Y así pasó, sin importar que sea una vergüenza cómo ahora en la legislación se protege a la oligarquía, a las trasnacionales y a las clases privilegiadas del país.
Ahora con esa disposición, los predios donde se encuentren yacimientos petroleros o se requiera un tendido de infraestructura eléctrica serán expropiados, aunque sin decir las cosas por su nombre.
Se dirá que sobre esa tierra se hará una “ocupación temporal” que podrá ser de 30 o 50 años o más, qué más da. Una disposición que no tendrá otro fin que despojar a los campesinos y pueblos indígenas de sus tierras. Un país que se desarma en partes para que otros lleguen y se las apropien.
Y es el turno de los diputados, que creen que nadie los ve.
