Puebla, crimen de estado
¬ Juan Manuel Magaña lunes 21, Jul 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
A mediados de la semana pasada, el diputado Ricardo Monreal pedía en la Comisión Permanente del Congreso que los legisladores se ocuparan de la represión ocurrida el 9 de julio en contra de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, que habían sido desalojados por la policía de la autopista Puebla-Atlixco. Reclamaban para su pueblo los servicios del registro civil y recibieron en cambio una andanada de balas de goma.
Por supuesto nadie le hizo caso a Monreal, más bien le hicieron el vacío en pleno furor por aprobar la privatización energética, pero este fin de semana murió un menor de 13 años de edad que iba con su madre, al salir de la secundaria, y a quien una de esas balas le alcanzó, le destrozó el cráneo y lo dejó en muerte cerebral.
Ahora su madre hace responsable del hecho, con todo tino, al gobernador Rafael Moreno Valle.
“Yo sólo quiero que me digan dónde está mi hijo, yo sólo pido justicia con el gobernador. Él es de todo el culpable”, dijo Elia Tamayo, luego de enterarse que su hijo había fallecido.
¿Y qué hizo el gobernador? Expidió un comunicado para lamentar el deceso del menor, expresar su apoyo a los familiares y manifestar “su compromiso de continuar con las investigaciones judiciales hasta sus últimas consecuencias”.
Se trata de algo que jamás debió ocurrir, puesto que era demasiado previsible. Se trata de un hecho ocurrido en el marco de la impugnada “Ley Bala” que sólo a un gobernador atrabiliario y a legisladores engreídos se les ocurrió aprobar y poner en marcha. Todos estaban advertidos de las consecuencias de una ley así y, por ello, es clara y hasta mayor la responsabilidad del gobernador al dejar a sabiendas actuar a sus policías.
Ahí están las consecuencias y él debería pagar por ello.
El Congreso de Puebla aprobó en mayo la barbaridad de una ley que formalmente se denominó Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza, pero que la aversión popular bautizó como “Ley Bala”.
Este ordenamiento faculta a la policía local a utilizar armas de fuego contra manifestaciones públicas, con el supuesto objetivo de preservar la vida de sus agentes o de terceros.
Primero, el 3 de julio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez logró que un juzgado de distrito admitiera a trámite un amparo contra dicho ordenamiento.
En su resolución, el juzgado Cuarto de Distrito del estado de Puebla concedió la suspensión provisional de esa ley, para que la policía de esa entidad de ningún modo haga uso de la fuerza contra personas que ejerzan su derecho a la libertad de expresión y manifestación.
Era un avance importante, pues en tanto no se resuelva la constitucionalidad de la norma impugnada –tarea que debe realizar un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, los agentes estarán impedidos de utilizar armas de fuego contra manifestantes. El juez mostraba estar consciente de los alcances negativos de la misma e impedía que hubiese uso de la fuerza letal con criterios desproporcionados.
Luego, días después, organizaciones defensoras de derechos humanos que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social obtuvieron dos amparos más del mismo juez Cuarto de Distrito en el estado de Puebla para suspender la ley.
El juez ordenaba que “de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla cuando se ejerzan los derechos de libertad de expresión y de reunión”
Y sin embargo, una semana antes de estos dos amparos, la policía estatal de Puebla utilizó la fuerza de manera excesiva en la manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan. Una clara actitud criminal.
¿Y ahora cree el gobernador que con su boletín, “su lamento”, “su apoyo” a los deudos, y “su compromiso” de investigar “hasta sus últimas consecuencias” le va a devolver a una madre a su hijo muerto? Eso no deja de seguir siendo mucho más que irresponsable, para no expresar algún adjetivo.
