No es para tanto
¬ Juan Manuel Magaña martes 15, Jul 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
Ayer se promulgó la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y no es difícil imaginar lo que va a pasar cuando el monopolio televisivo -y una estela de medios que le sigue- vuelva a las coberturas de los procesos electorales del país, el de 2015 y los presidenciales de 2018.
Es ahí cuando de veras la dichosa reforma telecom mostrará si el resultado valió la pena sobre todo en el asunto televisivo, lo que hasta hoy causa mayor daño a la población al ocultarle cotidianamente el país real en que vive, ahora lleno de corrupción, peligros y miseria.
En el caso televisivo se afirma, por parte de quienes promovieron los cambios, que se promoverá la competencia, la libertad de expresión, la innovación y una mayor diversidad de programación porque habrá más televisoras y nuevos canales.
De ello hay una parte cierta, pero que no llega a ser el cambiazo esperado. Está, por ejemplo, la inclusión, en la propia ley, de un apartado de derechos de las audiencias en el que se establece el deber de difundir contenidos que respeten los derechos humanos y en los que se distinga claramente entre programación y publicidad, y entre información y opinión, así como la posibilidad de que las nuevas cadenas de televisión abierta –dos de las cuales deberán licitarse en próximos meses— tengan acceso a la infraestructura del agente preponderante en radiodifusión.
Está también la creación de una nueva cadena de Televisión Publica Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y el hecho de que los suscriptores de canales de paga recibirán todos los canales abiertos sin costo adicional y se prohíbe la contratación en exclusiva por parte de alguna televisora de contenidos, programas de amplio interés para los televidentes. Está todo eso, ¿y?
Por el contrario, está el hecho de que el monopolio televisivo salió prácticamente indemne, pues la reforma es una gran maroma para que no haya cambio. En los próximos años el poderoso Canal 2 seguirá sin competencia en cuanto al alcance que tiene para manipular a la audiencia. Y en ese sentido está claro que la televisora será de nuevo el gran recurso del poder para cuando se cumple con la formalidad de hacer elecciones en el país.
El poder y la televisión mantienen su simbiosis, incluso aun cuando nacieran dos cadenas más porque ese ámbito ha sido reservado para una élite precisamente acrítica del poder.
Por eso no es difícil imaginar la consecuencia última que tendrá esto. La televisora seguirá ahí para cerrarle al paso a una verdadera oposición, una que aparece ya en el horizonte con las siglas de Morena. En la nueva ley no hay nada que modere o se oponga al gran cañón televisivo de que dispone una oligarquía para acabar con prestigios y carreras políticas, para desaparecer y vetar a figuras o, al revés, para encumbrar indeseables.
Ahí seguirá por mucho tiempo la misma televisora en la que no ha dejado de aplicarse la subcultura de la línea y de golpear por consigna. La subcultura de la ocultación y la manipulación. ¿Derecho de réplica? ¡Por favor! La primera falsedad de esta reforma lo es el combate a los monopolios, la libre competencia y la libertad de expresión.
Hay otra parte en la que hay ciertos beneficios materiales: el garantizar el libre acceso a Internet para todos los mexicanos y la libertad de expresión por esa vía y la neutralidad de la red.
Se obliga al Estado a ofrecer internet gratuito en 250 mil sitios públicos y se disponen medidas para que 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro y medianas empresas cuenten con Internet.
Hoy solo el 30.7 por ciento de las casas de los mexicanos disponen del servicio de Internet. La reforma impide cualquier bloqueo a Internet o a las redes sociales y asegurará neutralidad de la red; es decir los usuarios accederán con plena libertad a cualquier aplicación, contenido o servicio.
Entre los beneficios para los ciudadanos destacan que a partir del primero de enero de 2015 no habrá tarifas de larga distancia nacional en telefonía fija, lo que significa que los ciudadanos dejarán de pagar cerca de 19 mil 600 millones de pesos.
Por lo que respecta a la telefonía celular todos los usuarios de la misma podrán hacer y recibir llamadas en cualquier parte del país sin importar cualquiera que sea la empresa proveedora del servicio. Está también la gratuidad de la portabilidad, que es el derecho del usuario a conservar su número telefónico al cambiar de compañía.
El prepago tendrá una vigencia de un año y no de días o meses como está actualmente y la consulta del saldo será gratuita. Quienes tienen plan tarifario obtendrán recibos que detallen cada cobro y la opción de pagar por minuto o incluso por segundo, además de que podrán cancelar su servicio si los operadores cambian las condiciones de contrato.
Todo eso está bien, pero era sólo una parte, y me atrevo a decir menor, de lo que se tenía que hacer. Pero con todo y menor, ya sus promotores se lo apropiaron en el discurso para venderlo en campañas de aquí al 2015. Pero no hay que engañarse.
