Multa CFC con 150 mdp a 6 laboratorios en México por encarecer medicamentos
Nacional jueves 24, Jun 2010
La Comisión Federal de Competencia (CFC), el órgano antimonopolios de México, confirmó ayer la multa de más de 150 millones de pesos (unos 11.6 millones de dólares) a seis empresas farmacéuticas por subir de manera concertada los precios de medicamentos que vendían al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las compañías sancionadas habían interpuesto un recurso de revisión de la multa, impuesta el pasado 23 de febrero, pero el pleno de la CFC corroboró ayer su decisión por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra.
“Con esta resolución, se agotan las instancias de revisión ante la CFC y el caso queda firme en sede administrativa”, explicó el organismo en un comunicado.
De acuerdo con el regulador antimonopolios, las empresas realizaban prácticas de monopolio durante las licitaciones públicas convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el efecto de eliminar las competencia entre ellas y obligar al IMSS a pagar precios artificialmente altos por los medicamentos.
Los laboratorios Eli Lilly y Compañía-México, Laboratorios Cryopharma, Probiomed y Laboratorios Pisa habían conspirado de 2003 a 2006 para eliminar la competencia en las licitaciones de insulina humana, esencial para el tratamiento de la diabetes.
Por su parte, los Laboratorios Pisa, Fresenius Kabi México y Baxter se coordinaban para presentar posturas en las licitaciones de sueros inyectables (agua inyectable, cloruro de sodio, glucosa y solución Hartmann) de 2003 a 2006.
El organismo gubernamental impuso una multa de 21.5 millones de pesos (1.7 millones de dólares) a cada una de estas firmas, que supuso el máximo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica previa a las reformas de 2006, que resultó aplicable en este caso.
Además, la autoridad de competencia mexicana sancionó a las personas que participaron directamente en las licitaciones que afectaron al IMSS “por cuenta y orden de sus empleadores”, por unos 21 millones de pesos (1.6 millones de dólares).
El argumento que esgrimieron las compañías en su recurso de revisión “era que el comportamiento sancionado no se debía a una coordinación ilegal entre las empresas, sino que correspondía a acciones unilaterales basadas en previsiones sobre el comportamiento de los competidores”, explicó la CFC.
Sin embargo, la institución concluyó que el patrón de posturas observado en las licitaciones revela que “la empresa ganadora incrementaba el precio en licitaciones posteriores para dar paso a otro ganador (que a su vez ofrecía una cotización similar a la ofrecida por el ganador de la licitación anterior), lo cual sólo es explicable si hay colusión entre competidores”.
