Ejecutan orden de aprehensión en contra de Amado Yáñez
Nacional viernes 30, May 2014- Dueño de Oceanografía en presunto fraude en contra de Banamex
La Procuraduría General de la República ejecutó una orden de aprehensión en contra del empresario Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa Oceanografía, contratista de Pemex, por su participación en delitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito.
Amado Yáñez está acusado de haber cometido un fraude en contra de Banamex, por más de cinco mil millones de pesos. El 28 de febrero pasado, Banamex informó que había otorgado créditos a Oceanografía —empresa cuya actividad preponderante es proporcionar servicios navieros a Petróleos Mexicanos— por 585 millones de dólares.
De esa cantidad, al menos 400 millones de dólares en préstamos fueron concedidos al amparo de documentos falsos. Las operaciones generaron pérdidas a Banamex por un monto que ronda los 300 millones de dólares.
Yáñez Osuna se encontraba arraigado desde hace más de cincuenta días. Fue puesto a disposición del juzgado catorce de distrito con sede en la ciudad de México. La empresa se halla en concurso mercantil de acreedores.
El Ministerio Público federal precisó, no obstante, que el empresario “se encuentra actualmente internado en un hospital donde se recupera de una intervención quirúrgica de urgencia que le fuera practicada el pasado 20 de mayo mientras se encontraba bajo custodia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal”
La PGR afirmó que en estos momentos Amado Yáñez se encuentra disposición de un juez federal y bajo el resguardo de personal de la policía federal ministerial, suficientes para garantizar que el indiciado no pueda evadir la acción de la justicia.
Hace dos semanas Banamex, filial de la institución estadounidense Citi, informó que su investigación interna de Banamex por el fraude cometido por la empresa Oceanografía había ya concluido con el cese de 11 empleados. Se dijo en un comunicado que “Como resultado de esta investigación, desafortunadamente Banamex dio por terminada la relación laboral de 11 funcionarios de distintos niveles jerárquicos, áreas funcionales y de negocio que no cumplieron con los estándares de supervisión esperados de sus responsabilidades”.