Judicatura presenta denuncia penal contra magistrados y juez por casinos
* Especiales, Seguridad miércoles 14, May 2014- A los servidores públicos separados de sus cargos se les vincula con actos de corrupción para la operación de casinos
El 8 de mayo pasado, esa instancia judicial ya había separado de sus cargos a los presuntos responsables, en razón de su supuesta ayuda indebida para que algunos dueños de casinos obtuvieran permisos, al amparo de la justicia federal, particularmente al llamado “Zar de los Casinos” Juan José Rojas Cardona.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia de hechos por probables delitos cometidos por dos ex magistrados, un ex juez y un ex secretario técnico, vinculados con actos de corrupción para la operación de casinos.
A través de un comunicado, la instancia judicial señaló que la denuncia responde a que en diversas notas periodísticas se involucra a los magistrados Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León –todos ellos suspendidos–, y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico, en los actos referidos.
La denuncia contra los ex juzgadores suspendidos de sus cargos se da una semana después de que medios de comunicación nacionales dieron a conocer presuntos actos de corrupción de jueces y magistrados involucrados en el favorecimiento ilegal a casas de apuestas en el norte del país.
Mario Alberto Prado Rodríguez se desempeñaba como secretario técnico del consejero de la Judicatura y presumiblemente se encargaba de generar las adscripciones de jueces y magistrados más favorables hacia los dueños de casinos.
En su comunicación, el CJF especificó que, paralelamente y de acuerdo con sus facultades constitucionales, la Judicatura continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido.
