Supina ignorancia o mala leche
¬ Armando Rojas Arévalo martes 22, Jun 2010Epistolario
Armando Rojas Arévalo
Que atrás de la decisión de NEY GONZÁLEZ, de clausurar el ciclo escolar, está la profe ELBA ESTHER
ROSAURA: Antes que otra cosa, debo aclararte que lo que leerás a continuación de ninguna manera es en defensa de FIDEL HERRERA, porque no es mi amigo -lo fue hace 35 años, cuando él andaba sediento de puestos políticos- ni soy su empleado ni cobro en su nómina.
Sean falsas o verdaderas, hayan sido hechas por el CISEN o por algún centro privado de espionaje telefónico, las grabaciones que le hicieron a FIDEL constituyen una flagrante violación de los derechos humanos y un acto por demás ilegal.
El muy ingenuo (por no decir otra cosa) de FIDEL, sabiendo que sus teléfonos están intervenidos como los de muchos gobernadores, diputados, senadores, dueños de casas de bolsa y demás, incluyendo periodistas, utilizó el teléfono para dar instrucciones de carácter electoral.
Grabar conversaciones de otros sin autorización judicial o revelar su contenido parcial o totalmente, son delitos en contra de la intimidad y la privacía. Cuando quienes cometen ese delito son empleados públicos o investigadores privados la sanción es mayor.
Las grabaciones que CÉSAR NAVA exhibió, son un acto ilegal; hay leyes específicas que lo sancionan. Empero, hay que reconocer que el golpe que le asestó NAVA a FIDEL, fue letal. El problema es que el delfín de FIDEL, JAVIER DUARTE DE OCHOA, no dice nada. Está, no como dice el propio FIDEL, “reapen…”, sino pasmado.
El artículo en “La Crónica de Hoy”, del 24 de septiembre del 2000, reproducido en Mediocracia, subraya que en México el espionaje telefónico ha sido equiparado con el cateo domiciliario y por lo tanto, su realización sin permiso judicial se ha considerado violatoria de la privacía en el domicilio. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia en 1993, a partir de una denuncia contra la Policía Judicial por haber realizado grabaciones telefónicas sin orden de un juez, recordó que la Constitución en su artículo 16, expresa que no puede haber órdenes de cateo sin la autoridad judicial.
La Corte admite implícitamente, que una conversación por teléfono es parte del espacio personal del individuo; además, considera que las conversaciones de una persona son parte de su patrimonio y que la interferencia de ellas ha de ser considerada violatoria de la privacidad.
La Corte dictaminó que está prohibido escuchar a otros sin permiso. El Código Penal sanciona con prisión de uno a 5 años y multa de cien a 10 mil días, “al que dolosamente o con fines de lucro interrumpa o interfiera las comunicaciones, alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, de video o de datos”.
Por otra parte, la Ley de Vías Generales de Comunicación indica en su artículo 378 que está “prohibido interceptar, divulgar o aprovechar sin derecho, los mensajes, noticias e informes que no estén destinados al dominio público y que se escuchen por medio de aparatos de comunicación eléctrica”.
Hace cinco años fue aprobada la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Esa ley permite la intervención telefónica, pero sólo mediante permiso de un juez, a petición del Ministerio Público y en indagaciones relacionadas, precisamente, con el crimen organizado.
El artículo 27 de esa Ley Federal sanciona a los empleados públicos que intervengan teléfonos sin autorización judicial, con prisión de seis a 12 años, multa de 500 a mil días e inhabilitación para desempeñar cargo público por el mismo plazo de la pena de prisión.
La misma pena recibirían quienes, habiendo realizado o conocido una intercepción telefónica legal, “revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no”.
El CISEN ha pretendido ser institucional, hay antecedentes que ha solicitado autorización para intervenir líneas telefónicas, y en algunos casos se lo han negado.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, en febrero de 2005, los jueces autorizaron el espionaje telefónico y cibernético contra 72 personas, y han rechazado la intervención contra cinco; nada garantiza que la privacidad y el derecho a la intimidad de estas últimas hayan sido respetados por los espías del régimen.
El CISEN respondió a la solicitud de información 0410000001310 presentada por “Contralínea” ante la Unidad de Enlace del “órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano”, como se define en su página electrónica, que durante 2009 presentó 21 solicitudes para intervenir teléfonos y cuentas de correo electrónico. Cuatro le fueron negadas y de 17 recibieron el visto bueno. En enero de ese año solicitó cuatro autorizaciones, de las que le concedieron dos (teléfonos); en febrero, una (teléfonos y correos electrónicos); en marzo, dos (teléfonos y correos electrónicos); en mayo presentó cuatro solicitudes y le concedieron tres (teléfonos y correos electrónicos); en octubre, tres (teléfonos y correos electrónicos), y en diciembre presentó siete solicitudes y le autorizaron seis (teléfonos y correos electrónicos).
El fundamento jurídico de las escuchas telefónicas y la penetración de cuentas de correo electrónico se encuentra en el capítulo II “De las intervenciones de las comunicaciones” de la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el “Diario Oficial de la Federación” el 31 de enero de 2005.
El artículo 34 define las intervenciones de comunicaciones como “la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro, que hace una instancia autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o tecnología”.
En el artículo 36 se establece que las escuchas “no tendrán naturaleza contenciosa y sus constancias procesales carecerán de valor probatorio en procedimientos judiciales o administrativos”.
La propia ley dispone que las escuchas sólo podrán autorizarse “en los casos de amenaza inminente” a la seguridad nacional, y señala -en el artículo 31- que en la “producción de inteligencia, las instancias gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso las garantías individuales ni los derechos humanos”.
En suma, cuando eran oposición, los panistas se quejaban de ser espiados por los gobiernos del PRI, pero ahora ellos recurren a las mismas prácticas. Las grabaciones telefónicas y videos eran, antes, para consumo interno y servían en las negociaciones políticas, hoy son exhibidas públicamente para descalificar al adversario.
¿Y LUEGO? Se informa que en esta administración, el Ejército ha asegurado más de mil 200 inmuebles y predios que eran propiedad o los utilizaban los cárteles del narcotráfico en diversos estados del país. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalla que del 1 de diciembre de 2006 hasta el 16 de junio de este año, los militares han asegurado prácticamente a diario viviendas o terrenos vinculados con el crimen organizado y el narco. Perfecto, nada más permítanme preguntar qué hacen con esos inmuebles asegurados. ¿Cuánto es lo que se gasta para cuidarlos? ¿No sería mejor venderlos o repartirlos entre quienes no tienen ni petate en que caer muertos?
¡AY, VERACRUZ!.- En el estado que gobierna FIDEL HERRERA se ha acrecentado la violencia. Siguen desaparecidos dos periodistas, mataron a los padres de un candidato panista, mataron a un joven matrimonio de empresarios (FOUAD HAKIM SANTIESTEBAN y su esposa IRENE MÉNDEZ HERNÁNDEZ PALACIOS), y hace tres o cuatro días fueron asesinados el empresario JAIME GASPERIN CRIVELLI y su sobrino IVÁN, en el café Los Portales de Villa Isla, Veracruz. Fueron tres los sicarios que dispararon por la espalda y a quemarropa sobre el señor GASPERIN, quien además de ser un importante productor de piña y transportista, era concesionario en el estado de Veracruz, de la empresa Jhon Deere.
MIENTRAS, dos personas muertas, una de ellas un presidente municipal, tres heridos con arma de fuego y diez más detenidas, es el saldo de la emboscada que se registró ayer sábado en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.
Por otro lado, un comando ejecutó al alcalde de Guadalupe Distrito Bravos, JESÚS MANUEL LARA, en el interior de su casa en Ciudad Juárez, alrededor de las 13:00 horas. A consecuencia de las amenazas de muerte que había recibido anteriormente, había cambiado su residencia a Ciudad Juárez.
A estos homicidios de alcaldes se agrega las ejecuciones de dos ediles en los últimos 10 meses. El 17 febrero pasado, individuos armados ultimaron al edil de Guadalupe y Calvo, RAMÓN MENDÍVIL SOTELO, y el 15 de julio de 2009, un comando ejecutó al alcalde de Namiquipa, HÉCTOR MEIXUEIRO.
GOLPE MORTAL EN TLAXCALA AL PAN.- Nadita, PERLA LÓPEZ LOYO, quien aspiraba a ser candidata al gobierno de Tlaxcala por el PAN, se pasó con todo y gente a las filas del candidato priísta MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, dejando en la orfandad política a ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, abanderada del blanquiazul. ¿Te acuerdas que hace una semana te comenté que BEATRIZ PAREDES recuperaría a como diera lugar su bastión político?
¡QUE HORROR!.- De acuerdo con un informe emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Ginebra, Suiza, cada año pasan de contrabando 20 mil armas de Estados Unidos a México. Este material, que suelen ser transportado a través de la frontera entre EU y México por contrabandistas individuales en cantidades limitadas, tiene un valor calculado en 20 millones de dólares. En total, los expertos de la ONU estiman que en México existen unos 10 millones no registrados de estos artículos, suficientes para proveer a uno de cada tres hombres adultos.
SUEÑOS GUAJIROS.- Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN tuvieron el fin de semana su última sesión antes de los comicios del 4 de julio. Andan eufóricos porque las encuestas internas y externas les prometen triunfos en Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Tlaxcala, Aguascalientes y Sinaloa. Soñar no cuesta. Cuando mucho ganarán, con todo y alianza con el PRD, las gubernaturas de Oaxaca y Sinaloa, éste último estado gracias a su candidato -MALOVA- que es priísta.
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