Portación de armas, un problema
Luis Muñoz martes 29, Abr 2014Segunda Vuelta
Luis Muñoz
Periódicamente, las autoridades ponen en marcha programas para reducir la portación de armas en México, con resultados francamente pobres.
La cuestión es ¿quién posee armas? ¿Los ciudadanos para la defensa de su patrimonio, su integridad y la de su familia; los delincuentes para cometer sus fechorías. O ambos? ¿A quién se conmina a renunciar a la posesión de armas?
A los ciudadanos acosados por la delincuencia o a los delincuentes para que ya no cometan delitos. Si el objetivo son los primeros, éstos quedarán más vulnerables ante el hampa.
Si son los segundos, no creemos que ellos acepten la propuesta de las autoridades, porque es su “herramienta de trabajo”. Complejo el asunto, pero alguna salida tendrá, sobre todo cuando de lo que se trata es de inculcar la cultura de la no violencia.
El caso viene a colación, porque la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analiza un punto de acuerdo para que los tres niveles de gobierno realicen campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, portación y uso de armas de fuego de cualquier tipo.
Detrás de este documento están los diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, quienes revelan que en México sólo el 0.1 por ciento de personas que poseen pistolas en el país está autorizado a portarlas.
Resalta que de 2008 a 2013 sólo se otorgaron 318 licencias individuales de portación de armas, de las mil 627 que fueron solicitadas; es decir, más de 80% fueron rechazadas.
Además, en el país sólo 3 mil 400 personas poseen este tipo de licencia y de ellas el 0.002% corresponde a mujeres, es decir únicamente 20.
Menciona que de ese total el Distrito Federal encabeza la lista con más licencias de portación, con mil 743; seguido por Nuevo León, con 586; el Estado de México, con 296; Jalisco, con 105, y Querétaro, con 86.
Mejía Berdeja y Monreal Ávila destacan que diversas entidades y municipios del país han llevado a cabo campañas de desarme voluntario o mejor conocidas como despistolización.
Ello, con la finalidad de asegurar artefactos que no cuenten con permisos, a la vez de generar conciencia en la población sobre los riesgos que implican y para fomentar la cultura de la paz y de prevención de delito.
Resaltan que este tipo de campañas demuestran la urgente necesidad por hacer un replanteamiento institucional respecto al mercado de armas de fuego, sobre todo por factores como el narcotráfico, el incremento de la violencia en el país y el tráfico de armas provenientes de otros países, como Estados Unidos, hacia México.
México es uno de los países en América Latina que tiene más restricciones en sus leyes para que sus ciudadanos puedan poseer y portar armas de fuego, pero, paradójicamente, circulan miles de ellas en sus calles.
Nos imaginamos quienes las portan. Los delincuentes, claro.
PEMEX DEBE PAGAR POR DAÑOS
La diputada Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano, impulsa una iniciativa que propone obligar a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y a las compañías privadas, a indemnizar a todas aquellas personas y comunidades afectadas por la industria petrolera. Además plantea que los impactos negativos ambientales, sociales y económicos deben ser subsanados y remediados en un periodo no mayor a tres meses. Y se fija un multa de un millón a un millón 500 mil veces el importe del salario mínimo a quien incumpla la indemnización.
MÁS SEGURIDAD EN EL METRO
Los 500 nuevos policías del agrupamiento bancario industrial que se incorporaron a los 2 mil que ya existen al interior del Metro para resguardar la seguridad de los usuarios, ojalá y sirvan de algo, porque se ha visto que sólo se dedican “chacotear” y hacerse de la “vista gorda” ante la presencia de los llamados “vagoneros”, que el director del STC, Joel Ortega, prometió retirar en cumplimiento a una promesa del gobierno capitalino para justificar el aumento de tres a cinco pesos el boleto.
