Contundencias
Ramón Zurita Sahagún lunes 28, Abr 2014De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Circulan una serie de encuestas sobre cuál ha sido la acción más contundente del actual gobierno federal. Algunos apuestan sobre la detención de Elba Esther Gordillo Morales; otros más sobre la reciente captura de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, la muerte de Nazario Moreno “El Chayo”; algunos recuerdan la reclusión de Andrés Rafael Granier Melo, los menos señalan que las reformas estructurales, destacando la energética.
La realidad es que son varias las acciones que sobresalen, aunque no hay una de ellas que destaque sobre las demás, todas obtienen un buen puntaje, aunque se comenta un poco más la primera de las acciones, que fue la correspondiente al arresto de Elba Esther Gordillo.
En su momento, la detención de la hoy ex dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue sumamente aplaudida por diversos sectores, que otorgaron un voto de confianza al naciente gobierno, antes de cumplir los primeros tres meses como tal. Y es que hacía mucho tiempo que un gobierno federal no iniciaba con tanta espectacularidad, remontando la memoria al de Carlos Salinas de Gortari, pero sin olvidar los de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, quienes lograron la encarcelación de varios ex funcionarios públicos.
Claro que en aquel entonces se habló de una persecución de los colaboradores de anteriores presidentes de la República, como método para entretener a la población, mientras se realizaban algunos movimientos o se asentaba la nueva administración. Con López Portillo, Félix Barra y Eugenio Méndez Docurro, fueron los primeros personajes públicos en ser acusados por ilícitos.
El ex secretario de la Reforma Agraria fue acusado de extorsión y de fraude contra ejidatarios, por lo que fue encarcelado, aunque en aquel entonces no existían los llamados penales de alta seguridad.
Barra era un personaje político de poca monta, aunque el golpe alcanzó al jefe del grupo al que pertenecía, Augusto Gómez Villanueva, quien le había competido (sin posibilidades reales) a José López Portillo en la disputa por la candidatura presidencial del PRI.
Al poco tiempo fue apresado otro miembro del grupo político, Alfredo Ríos Camarena, quien detentó un cargo menor en la administración de Luis Echeverría Álvarez como fue el Fideicomiso de Bahía de Banderas. Otra detención fue la de Fausto Cantú Peña, director del Instituto Mexicano del Café, en la administración anterior, aunque la más sonada fue la de Eugenio Méndez Docurro, ex secretario de Comunicaciones y Transportes.
Este último fue acusado de falsificación de documentos, cohecho y fraude fiscal y su aprehensión fue sumamente sorpresiva, por tratarse de un personaje con amplios reconocimientos que había actuado antes como director del IPN y del Conacyt.
Sin embargo, se trataba de borrar todo vestigio de la administración pasada, luego del catastrófico gobierno anterior que dejó como saldo un alto endeudamiento y provocó una terrible devaluación.
Pero le fue la siguiente administración, ya que la herencia lopezportillista fue terrible, capitales fugados, alta deuda externa, varias devaluaciones y un mar de corrupción, por lo que el nuevo Presidente, Miguel de la Madrid, se dio a la caza de encontrar responsables.
La riqueza petrolera no alcanzó para cubrir esos saldos y los personajes capturados fueron Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex, acusado de la compra fraudulenta de dos buques-tanques y Arturo Durazo Moreno, el polémico y temido ex director de la policía del Distrito Federal, de quien se tenían antecedentes de sus excesos de todo tipo.
El caso Díaz Serrano fue complicado, ya que éste se encontraba protegido por la inmunidad de ser senador en ese momento, por lo que primero se le tuvo que desaforar.
Con Durazo Moreno se aplicó la colaboración con policías del extranjero para apresarlo, finalmente, en Puerto Rico.
En la administración de Carlos Salinas, es de todos sabido que el golpe espectacular lo produce a los 40 días de gobierno, con la detención del dirigente vitalicio del sindicato de Pemex, Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y Salvador Barragán Camacho, entre otros.
Como dirigente sindical, Hernández Galicia y los otros detenidos no pertenecían a la administración pública federal, aunque se beneficiaban de la misma por la obtención de contratos que por ley le otorgaba la paraestatal Pemex al sindicato en que militaban.
La llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León a la Presidencia de la República se distinguió por aplicar la ley a Raúl Salinas de Gortari, el “hermano incómodo” del anterior Presidente de la República.
Raúl había sido funcionario de Conasupo y eran muchos los señalamientos realizados en contra del hermano mayor del ex mandatario, por el supuesto cobro de comisiones para el otorgamiento de contratos del gobierno, aunque la acusación que lo llevó a la cárcel no se fincó en ello, sino en la supuesta participación en el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu y luego le fueron fincadas denuncias sobre tráfico de influencias y evasión fiscal, entre otros delitos.
Con Zedillo Ponce de León no se encarcelaron demasiados funcionarios públicos del sexenio anterior, aunque sí se procedió en contra de financieros y banqueros que habían sido beneficiados en la administración anterior. Jorge Lankenau, Carlos Cabal, Ángel Isidoro Rodríguez, fueron algunos de ellos.
Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón dejaron de lado esa práctica achacada a los priístas, aunque en la administración del primero se divulgaron los videoescándalos que llevaron a la cárcel a dos funcionarios menores del gobierno del Distrito Federal: René Bejarano, diputado. y Gustavo Ponce, secretario de Finanzas.
