Erradicar la impunidad
¬ Augusto Corro jueves 10, Abr 2014Punto por punto
Augusto Corro
La impunidad en México propicia el desmesurado crecimiento de la delincuencia en todas sus ramas.
Son miles de casos en los que los procuradores e impartidores de justicia optan por dejar libres a quienes agreden o dañan a la sociedad.
Los delitos de la narcodelincuencia se ven como algo normal, como una actividad más en el quehacer cotidiano.
Con el simple hecho de manifestar que el expediente del asunto en cuestión no se encuentra debidamente integrado, los jueces deciden dejar libres a los delincuentes.
Por ejemplo, son decenas de asesinatos de periodistas que esperan los resultados de una investigación que nunca llegará. Ahí se nota la impunidad derivada de la corrupción galopante.
Y cuando se trata de funcionarios saqueadores del erario, no hay mayor problema, pues un marco de impunidad los protege: o se le dan largas al asunto para proteger al funcionario, o de plano todo termina en el archivo del olvido.
La lista de ex gobernadores de todos los partidos políticos que se hicieron ricos durante su gobierno, representa un ejemplo real de impunidad.
¿Se acuerda de Andrés Granier, el ex gobernador tabasqueño? Pues este sujeto sigue sin comparecer ante la justicia. Sigue en un hospital del Distrito Federal, supuestamente enfermo, en espera de que cambien los vientos.
El tema de la impunidad cobra vigencia por lo que sucede en Michoacán, donde la política se mezcló con el narco.
El ex gobernador interino de aquella entidad, Jesús Reyna, se encuentra arraigado mientras se investiga su relación con “Los Caballeros Templarios”.
La detención del citado ex funcionario, el número dos en el gobierno michoacano, se presenta como una advertencia a todos aquellos que de una u otra manera colaboran con la narcodelincuencia: no habrá impunidad.
Las autoridades federales decidieron ponerle fin a tanto desorden en los estados y no permitirán “que exista impunidad en ninguno de los niveles de gobierno existentes, sin importar la militancia partidista”.
En Michoacán se lleva a cabo una limpia de delincuentes con el fin de que regrese la tranquilidad y la paz; ambas llegarán cuando la impartición y procuración de justicia se apliquen plenamente.
Es difícil entender cómo se desarrollaron y crecieron los diferentes cárteles de la droga en aquel estado. ¿Cuál fue el papel de los gobiernos perredistas en la lucha contra la narcodelincuencia?
Como se encuentran las cosas, se podría llegar a la conclusión de que tanto las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, Michoacán vivió los peores momentos de su historia.
La guerra fallida de Calderón propició la espiral de violencia en aquella entidad que sirvió para experimentos de la justicia que dejaron muy mal parado a Calderón, quien no supo aplicar una estrategia para derrotar al enemigo.
Cabe recordar la manera burda como manejó su “guerra fallida” en la que resultaron afectados propios y extraños: 38 funcionarios y jefes policiales de Michoacán fueron detenidos y enviados a la cárcel.
Casi a los dos años de encontrarse privados de la libertad, los acusados de tener vínculos con el crimen organizado, concretamente con “La Familia Michoacana” empezaron a salir de la cárcel, porque no se les comprobó ningún delito.
El hecho se conoció como el “michoacanazo” que luego se volvió una burla contra el propio Calderón.
Los periodistas le preguntaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, si el asunto de Jesús Reyna se trataba de otro “michoacanazo”. Contestó el funcionario qué el arraigo de Jesús Reyna “dista mucho de lo que sucedió en el pasado”.
En el gobierno calderonista el 95 por ciento de delitos no fueron aclarados. Esto fue un reflejo fiel de la impunidad que afectó, irremediablemente, a México.
Erradicar la impunidad y la corrupción deben plantearse como prioridades que atender de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
