Pemex, ¿en desventaja?
Luis Muñoz jueves 27, Mar 2014Segunda Vuelta
Luis Muñoz
Para el perredista, Miguel Alonso Raya, aunque se desconoce qué áreas le dejará la Secretaría de Energía a Pemex, “es claro que la reforma energética ha dejado a la paraestatal en evidente desventaja frente a petroleras privadas nacionales y extranjeras, para mantener la operación y explotación de la mayor parte de los campos que se encuentran en territorio nacional”.
Alertó que las petroleras privadas tendrán acceso a una gran parte de las reservas de hidrocarburos favorecidas por los múltiples contratos establecidos en la reforma energética.
Alonso Raya sostiene que las modalidades de contratación señaladas en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional, “son complejas y entrañan riesgos”.
Es más, advierte que los contratos de utilidad compartida y los contratos de producción compartida, son “miembros de una misma familia contractual”. La diferencia es el momento en el que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a manos privadas”.
Explica que en los contratos de propiedad compartida, la propiedad cambia de dueño una vez que los hidrocarburos han sido extraídos, nunca en el subsuelo”. En los contratos de utilidad compartida, el reparto es en términos monetarios. La compañía extrae y vende los hidrocarburos o los entrega al Estado, con los recursos de la venta se liquidan los costos y las utilidades de la compañía petrolera.
Dice el legislador perredista que estos contratos se han utilizado en América Latina y África, con resultados “muy malos”.
FUNCIONALIDAD DE LA VÍA PÚBLICA, NUEVAS REGLAS
Hoy, el diputado Roberto Candia Ortega presentará ante el pleno de la Asamblea Legislativa una iniciativa que sugiere la creación de un Comité Central para la prestación de los Servicios Públicos Urbanos, como órgano encargado de atender los asuntos en materia de funcionalidad de la vía pública y servicios; el proceso mediante el cual el gobierno del DF debe ejecutarlos, de forma planificada, programada y coordinada, bajo un esquema de equidad social, acceso universal y público, seguridad, sustentabilidad, bienestar económico y ambiental.
Y es que la ciudad de México necesita un ordenamiento jurídico efectivo para tutelar el derecho de los capitalinos a la funcionalidad de la vía pública, la prestación de servicios públicos urbanos y la movilidad urbana.
Candia Ortega señaló en conferencia de prensa que la propuesta busca delimitar las atribuciones y facultades de las autoridades involucradas en la materia, como el jefe de gobierno, la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría de Obras y Servicios, así como las distintas secretarías, órganos descentralizados, desconcentrados y político-administrativos.
Dijo que “la propuesta establece que toda persona tiene derecho a solicitar la intervención de las autoridades, para que se solucione su petición en relación a la prestación de los servicios públicos urbanos de la ciudad de México; ya sea a través del Programa 072, de la Agencia de Gestión Urbana, o en caso de que el ciudadano acuda directamente ante la autoridad”.
NIÑOS ADOPTADOS, ¿EN BUENAS MANOS?
Con los 14 menores que se dieron en adopción, suman 40 total desde que inició en noviembre del año pasado el programa impulsado por la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Isis Ávila Muñoz.
Aquí, la pregunta es ¿quién puede asegurar que estos pequeños no serán víctimas de maltrato por su nueva familia, con todo y que los padres adoptivos fueron sometidos a exámenes psicológicos? Suponemos, porque la información no lo dice, que serán monitoreados permanentemente para evitar cambios en el comportamiento de los padres adoptivos, sobre todo cuando ha llegado a la familia un ser totalmente indefenso y con alguna discapacidad.