Los “piratas” Ávila Lizárraga
Francisco Rodríguez viernes 14, Mar 2014Índice político
Francisco Rodríguez
Los apellidos que encabezan esta colaboración periodística están de moda. Se han escrito y pronunciado infinidad de ocasiones en los medios de comunicación, a raíz de que Mario Ávila Lizárraga fuese mencionado el lunes por el actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, cual parte fundamental en la trama corrupta que tiene como ejes a la empresa Oceanografía y a la sucursal mexicana de Citi, Banamex.
Como subdirector de Mantenimiento Logístico de la Coordinación de Servicios Marítimos de Pemex Exploración y Producción, a Ávila Lizárraga —también ex candidato perdedor del PAN al gobierno de Campeche— se le atribuye haber otorgado contratos irregulares a Oceanografía. Firmó adenda a algunos de ellos, seis días después del cambio de gobierno PAN-PRI, cuando ya no podía hacerlo, pues había cesado en sus funciones el 30 de noviembre de 2012.
Ligado a la familia Mouriño de triste memoria y pésima reputación, Mario Ávila Lizárraga se refugia hoy en Houston, (¿por qué todos los pillos huyen a Texas?; ¿ahí se les acaba el mundo?), donde todo indica que también se esconde Amado Yáñez Osuna, quien daba la cara por la contratista de Pemex hoy intervenida por el gobierno federal.
Pero Mario Ávila Lizárraga no es el único “pirata” de su familia.
José Antonio Ávila Lizárraga, su hermano, purga en el penal de alta seguridad de las Islas Marías una condena de 60 años por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, ataques a las vías de comunicación, robo con violencia, privación ilegal de la libertad y daño en propiedad ajena.
¿Cómo se hizo acreedor este Ávila Lizárraga a una condena de privación de la libertad de seis décadas? ¿Por qué, además, se le multó con 963 salarios mínimos, además del pago de las reparaciones a las embarcaciones Azor, México I, a la reparación del daño por la muerte de un custodio de la empresa transportadora de valores Cometra, así como a resarcir las pérdidas infligidas a esta empresa?
Pues porque, en altamar, asaltó un camión blindado, con 2 millones 800 mil pesos, que se transportaba a bordo de un ferry entre Cozumel y Playa del Carmen, en Quintana Roo. Asalto en el que hubo un muerto, asesinado a sangre fría.
YA NI JOHNNY DEPP
Si el hermano asaltó una embarcación en el verano de 1999, Mario Ávila saqueó a “la empresa de todos los mexicanos” (sic) otorgando contratos a familiares y amigos. Recurro otra vez al experto, Antonio Carrera, quien en su columna Perforando dio cuenta, el 22 de noviembre de 2013, de algunos de los ilícitos por los que ya se inició una averiguación previa a este protegido de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y Ernesto Cordero, quien lo mantuviera como delegado de la Sedesol en Quintana Roo: Apunta Carrera que “el ex funcionario de PEP traficó los contratos para sus amigos panistas. Lo que llama poderosamente la atención es que la esposa de Mario Ávila (María Isabel o Maribel Gutiérrez Rullán) fuera la apoderada legal de la empresa Grupo Empresarios del Sureste S.A. de C.V. (GEMS), pero ¿de quién es esta empresa?
“Según datos investigados por este columnista, la empresa fue creada por Isaí Jaime González Hernández. Tal vez a muchos no les suene el nombre, pero es hijo de Jaime González, directivo de Perforadora México, otra de las grandes beneficiadas en el sexenio calderonista.
“De acuerdo a la investigación, Grupo Empresarios del Sureste S.A. de C.V. se adjudicó la licitación No. LA-018T4L003-T26-2012, que fue publicada en el “Diario Oficial de la Federación” el 8 de mayo de 2012 y convocada por Mario Alberto Ávila Lizárraga, subdirector de Mantenimiento y Logística de PEP.
“Durante el proceso se presentaron inconformidades por parte de dos participantes de la licitación: Corporativo Pelícanos y Tech Engineerings de México, y es que GEMS nunca acudió a ninguna junta aclaratoria y ni siquiera formuló ni externó alguna pregunta sobre la licitación…
“Según transparencia gubernamental, el monto máximo a ejecutar —hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha que termina el contrato 428222880— es de 422 millones 479 mil 928 pesos.
“Aparentemente, fue el único contrato que la empresa de Isaí Jaime González Hernández, aunque con la misma razón social buscó hacerse de otros servicios. La misma empresa intentó en varias ocasiones, como el de servicio de transporte de materiales y equipos diversos (licitación 18575107-107-12) y hasta de renta de equipos modulares para las plataformas marinas y otros equipos (18575088-507-11 y 18575088-504-12).
“Lo extraño es que iba de la mano con otras empresas en las que Isaí Jaime representaba intereses como puede ser Seadrill —sí, la misma que va a traer hasta siete equipos de perforación para aguas someras— y hasta la misma Perforadora México.
“Sin embargo, hay sospechas que hay otras empresas involucradas con el mismo grupo como Consultores y Constructores del Sureste, S.A. de C.V., entre otras.
“Pero no fue al único panista al que Ávila Lizárraga impulsó, y digo panista porque el junior Isaí Jaime González Hernández, no sólo presume tener sangre azul… sino que es panista abiertamente. Hay que recordar la entrega de contratos a Marinsa de México, de la ex diputada panista Lourdes de los Ángeles Solís Sierra; Grupo EVYA, de los hermanos Javier y Rafael Camargo Salinas, y por si fuera poco, la empresa Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, S.A. de C.V. (TRESE), relacionada con Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, quien presidió la Comisión de Energía en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
“Pues lo que viene para Mario Ávila no es fácil, sobre todo cuando empiezan a salir cuentas bancarias, propiedades y todo lo relacionado a los malos manejos que realizó durante su gestión”.
Índice Flamígero: Hay otro hermano Ávila Lizárraga. Se llama Fernando Joaquín. Tiene grado de General de Brigada Intendente Diplomado de Estado Mayor. Se desempeña, actualmente, como director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. El año pasado, la revista Contralínea del colega Miguel Badillo hizo públicas denuncias por supuestas irregularidades en el área a su cargo.
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