El diablo anda suelto
Ramón Zurita Sahagún lunes 10, Mar 2014De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Dicen las consejas que cuando suceden conflictos y se desata la envidia, el chismorreo y los enfrentamientos entre personas cercanas, es que el diablo anda suelto.
Eso parece estar sucediendo en la actualidad, cuando saltan denuncias, acusaciones, se trastoca todo, luego de que durante años nadie pareció darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor.
En el caso de la empresa Oceanografía, se revela ahora que desde hace cuatro años no pagaban el Seguro Social de sus empleados, ni las cuotas del Infonavit, por lo que llama la atención el porqué el gobierno no se decidió a intervenir antes la empresa o, cuando menos, anticipar lo que venía sucediendo.
Fueron muy benévolos con la empresa que continuaba acumulando contratos de Pemex, con todo y que desde hace varios años se denunciaron algunas anomalías en la relación de ésta con la paraestatal y la asignación masiva de contratos sospechosos.
El socio principal de la empresa (Amado Yáñez Osuna) fue vinculado con inusitada frecuencia con una serie de personajes cercanos al poder público, sin que nadie prestara atención a esos señalamientos. Tuvo que ser denunciado por un fraude a una institución bancaria, para que las autoridades tomaran cartas en el asunto y entonces sí revisar cada una de las fallas, para decidirse a intervenir.
Pero el caso Oceanografía no es el único con viejos antecedentes que, finalmente, el gobierno decidió revisar.
Gastón Azcárraga es un próspero empresario que desde la compra de Mexicana de Aviación fue señalado como beneficiario del poder público.
Poderoso empresario hotelero, Azcárraga se mantenía cercano al poder público y por ello las denuncias establecidas en su contra nunca fueron atendidas. Fue hasta que estalló la crisis de Mexicana de Aviación y fue sacada del mercado en que se mantenía como una de las dos grandes líneas aéreas nacionales, cuando se amagó con ejercer acción penal en su contra.
Varios años después de ello, se descubren los fraudes cometidos por el empresario y se deciden a actuar las autoridades.
José Susumo Azano es otro empresario al que se le ubicaba como cercano a una parte del poder público y por lo mismo beneficiario de esa cercanía.
Entre otros contratos que le fueron asignados, se encuentra la compra de equipo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, por un monto de 5 mil millones de dólares.
La cercanía del empresario con uno de los militares (se dice) fue la razón principal de que ese divisionario no llegara a ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy se dice, dos años después de los señalamientos, que se revisará la relación del empresario con el poder público y especialmente con los altos mandos militares del país.
Los anteriores son tres ejemplos del empresariado mexicano que, cercano al poder, se benefició enormemente de los contratos que son asignados desde las altas esferas públicas, con todo y los candados que se han establecido en la administración pública, son, supuestamente, sumamente férreos.
Sin embargo, en el caso de los empresarios mencionados y de otros más que han obtenido una gran cantidad de contratos elevados, no ha sido necesario violentar esos candados, ya que en muchos de los casos se les asignan contratos directos, sin licitación de por medio y eso lo permite la ley.
En otros, se les otorga información privilegiada y de esa forma ganan los concursos y licitaciones, sin quejas de por medio de los otros participantes. Pero ello no los libra de que prepotentes y soberbios como son la mayoría de esos empresarios, cometan una serie de errores que son los que finalmente los hunden. Que el diablo está suelto, vale la pena preguntar: ¿cuántos más se encuentran bajo observación gubernamental, sin que parezca una cacería de brujas del empresariado favorecido en las administraciones panistas?
DISPUTA PANISTA
Una senadora y una ex diputada federal se encuentran enfrascadas en feroz disputa por el tema de las sexoservidoras.
Adriana Dávila, candidata derrotada al gobierno de Tlaxcala y Rosi Orozco, ex diputada federal y quien encontró en el tema de trata su asunto para sobrevivir a la pérdida del poder, se tiran con todo por el tema de las sexoservidoras.
Las dos son militantes panistas, pero su disputa va más allá de pertenecer al mismo partido, ya que ambas pretenden constituirse en las animadoras del tema de la trata de personas.
Adriana es senadora por Tlaxcala, una de las entidades donde más se presenta el problema de la trata de mujeres, al que el gobernador Mariano González Zarur hace poco caso y hasta intenta minimizarlo y es promotora de la Ley contra la trata de personas.
Sin embargo, el agarrón entre ellas se produjo por la presunta relación de una y otra con una de las protectoras de las sexoservidoras de la calle de Sullivan, en el Distrito Federal. La primera en lanzar la piedra fue Orozco, presidenta de la Comisión contra la Trata, quien acusó a la senadora Dávila, de mantener cercanía con Alejandra Gil, señalada por víctimas de ser “madrota” y parte de la explotación de mujeres. Dávila respondió, negando toda relación con Gil, aunque reconoció conocerla y se lanzó en contra de Orozco, a la que acusó de vivir en la casa de un “narco” y tener a su servicio a varias víctimas de ese delito.
Hoy varios días después de ese agarrón épico, la ley en materia de Combate a la Trata de Personas fue aprobada, la explotadora de mujeres (Alejandra Gil) fue detenida, pero no se conoce por qué Orozco vive en ese domicilio.
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