Oposición tramposa
Roberto Vizcaíno lunes 10, Mar 2014Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Ciertamente hay problemas, pero el país avanza hacia un sistema más justo y equitativo
- Pese a los hechos, hay quienes como Miguel Barbosa del PRD, que afirma que no hay avance
- La Consulta Popular se suma a los mecanismos de participación ciudadana
Pa’reventar… | Luis Xavier
La realidad mexicana advierte que en el país prevalecen muchos vicios, errores y atrasos. La inequidad y desigualdad son brutales. Arrastramos no cabe duda con grandes y graves lastres. Las malas decisiones de decenios anteriores nos pegan hoy todos los días.
Todo eso y más ha sido reconocido no sólo por el propio gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que forma parte de análisis y estudios que integran las introducciones de las grandes reformas realizadas apenas el año pasado.
Pero la realidad nacional no es estática. No. Camina, se mueve y avanza todos los días.
La experiencia y la historia indican que los cambios sociales no se dan de un día a otro. Son lentos, más frente a los reclamos sociales de justicia.
En este contexto lo que hemos visto los mexicanos en los últimos 15 meses es sorprendente. Sin duda lo más extraordinario es la aprobación de las reformas estructurales, les llaman unos; transformadoras, les dicen otros.
Cierto, estas todavía no se sienten, ni para bien ni para mal, porque no han bajado al ciudadano ya que les faltan las leyes secundarias que van a normar las relaciones entre los mexicanos y de estos con el gobierno.
Pero quienes tenemos un poco de experiencia sabemos que el México actual es muy distinto ya del de hace apenas año y medio.
Las reformas modificaron sustancialmente a todo el Sistema Político, Social y Económico en México.
Los hechos sin embargo van más de prisa y nos dejan ver ya que México es otro: la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán es una muestra de ello. La intervención del gobierno en Michoacán es otra. La disminución sustancial de la violencia en el país es inocultable (ya no vivimos el clima de enfrentamientos y ejecuciones de hace 2 o 3 años) y la detención o abatimiento de 65 criminales de una lista de 122 es parte de esta nueva realidad.
Y si a pesar de todo eso no hemos caído en cuenta que hay un cambio, ahí están los casos penales abiertos en contra del pillastre Gastón Azcárraga quien quebró Mexicana de Aviación y el de Amado Yáñez Osuna, quien hundió con un megafraude a Oceanografía.
Pero si todavía no nos hemos percatado o no aceptamos que este país ya no es el de antes, pues bastaría entrarle al dictamen emitido a fines de la semana pasada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones que declaró como agentes económicos preponderantes a Televisa y a Telmex, al tiempo que lanzó la convocatoria a concesionar 2 nuevas cadenas de televisión y otros servicios.
El sólo anuncio le hizo perder a Emilio Azcarraga algo así como 4 mil millones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York. Falta ver cómo repercutió el anuncio en Telmex.
El dictamen obliga a ambos consorcios a compartir sus estructuras y servicios con competidores en beneficio de los clientes y usuarios que somos la gran mayoría de los mexicanos.
Unos y otros casos nos están indicando que para este gobierno no existen intocables, y que lo mismo va contra narcotraficantes que contra delincuentes que operan como empresarios, o contra quienes operan monopolios.
Colateralmente la semana anterior también caminó hacia su aprobación la iniciativa para la integración del Seguro Universal de Salud y Pensiones y las bonificaciones y programas para madres solteras y becas para niños y jóvenes.
Cierto, hay quienes quisiéramos que todo esto caminara más rápido, que de repente el gobierno de Peña Nieto nos hiciera el milagro de vivir en un país como Suecia o Finlandia, considerados como los modelos más avanzados de estados de bienestar total.
VISIÓN AMNÉSICA
Y en medio de esto surgen voces y opiniones como las del poblano, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa –quien se hizo famoso por su sumisión al panista Ernesto Cordero y por su colapso emocional y físico debido a su diabetes mal cuidada–, quien afirma que “a 15 meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, aún no hay respuestas contundentes para el combate a la corrupción y el gobierno federal se encuentra en deuda con la sociedad mexicana en esta importante materia”.
Y agrega:
“El nuevo modelo de combate a la corrupción está anulado, la Fiscalía Nacional Anticorrupción no acaba de nacer, la Secretaría de la Función Pública no acaba de morir y en el escenario nacional e internacional estallan escándalos”.
Comenta que el gobierno de Peña Nieto está ante el reto del escándalo de la empresa Oceanografía S.A lo que, según él, “revela la urgente necesidad de combatir la corrupción en todas las áreas de la administración pública y el sector paraestatal”.
Lo que convenientemente no menciona Barbosa en este tipo de señalamientos mediáticos es que entre otros él mantuvo en el congelador legislativo del Senado durante casi 13 meses la iniciativa de Enrique Peña Nieto para crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
Tampoco dice que esta iniciativa fue la primera que presentó Peña Nieto al Congreso, y que lo hizo el miércoles 14 de noviembre de 2012, siendo aún presidente electo. La presentó a través de las bancadas del PRI y del PVEM.
Esta iniciativa fue aprobada por los senadores el 13 de diciembre pasado y ahora se encuentra otra vez empantanada ahora en el congelador legislativo de la Cámara de Diputados. Es un secreto a voces que quienes la tienen detenida son los opositores que no quieren que esta comisión pueda meterse con las cúpulas de los partidos, quienes viven de las prerrogativas multimillonarias que les da el IFE.
La propuesta de Peña Nieto es que se apruebe la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción con plena autonomía, como lo es la de Derechos Humanos, para que no esté bajo la jurisdicción de ningún otro poder.
Esta Comisión podría iniciar investigaciones y acciones contra actos de corrupción cometidos por funcionarios federales, estatales o municipales; por diputados federales o locales y por senadores o por jueces y magistrados y llegaría hasta empresarios en caso de que la corrupción estuviera ligada a recursos gubernamentales.
Esto es justamente lo que está ocurriendo en el caso de Oceanografía, donde la secretaría de la Función Pública bajo el mando de Julián Olivas Ugalde fue la que inició el proceso que ha destapado el megafraude cometido por Yáñez, un personaje que fue intocable durante los 12 años del panismo.
A Barbosa también se le olvida que fue Peña Nieto quien propuso darle autonomía al IFAI, que es la otra punta de la pinza anticorrupción.
En fin, mientras en México haya una oposición tramposa, malintencionada y sesgada no tendremos contrapesos reales de poder. Eso de tirar golpes para ganar algunas notas de primera plana no es sano para nadie señor Barbosa.
MAS DERECHOS
Para el experimentado Manlio Fabio Beltrones, la aprobación de la Ley federal de consulta popular es un hecho que amplía los derechos políticos de los ciudadanos y actualiza nuestra democracia.
Hoy este mecanismo de participación ciudadana directa en los asuntos públicos, dijo el sonorense, es un paso sustancial en la modernización del régimen político.
La consulta popular se suma a la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes.
Esta consulta popular permitirá que los ciudadanos expresen su opinión sobre temas de interés público en votaciones que se realizarán el mismo día en que se celebran las elecciones federales, recordó.
Y si esta consulta logra obtener el 40 por ciento de los votos de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la autoridad correspondiente tendrá la obligación de atender su resultado.
Beltrones reconoció que para algunos las normas que definen la Consulta Popular son complejas. Eso surge, dijo, de que en el diseño de los requisitos y procedimientos para su realización, los legisladores buscaron garantizar que los temas de trascendencia nacional cuenten, desde el principio, con un respaldo ciudadano suficientemente representativo de la opinión pública.
Así, dijo, este mecanismo de participación directa no anulará, sino complementará las decisiones de la soberanía popular emanadas del Congreso de la Unión.
