Coparmex dice que la Cofece se debilita
Nacional* viernes 21, Feb 2014- Urge que la Secretaría de Economía cuente con el aval de esa comisión para el establecimiento de precios
Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló ayer que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se debilita ante el Ejecutivo en la determinación de precios de insumos básicos, por lo que se requiere forzosamente su opinión en la aplicación de precios máximos.
En un comunicado, el organismo expresó que se requiere que la Secretaría de Economía cuente con el aval de la Cofece para el establecimiento de precios, tal y como lo prevé la ley vigente.
“Es importante que como sociedad demos seguimiento a los trabajos legislativos para que se prevea, de manera muy estricta y limitada, las excepciones que justifican una intervención del Estado en la economía, de lo contrario, se afectará la libre competencia y se generará el efecto contrario que la ley debe perseguir”, refirió Castañón.
“Ejemplo de lo anterior es la determinación de precios máximos por parte de la Secretaría de Economía. Nada justifica que se elimine la opinión previa de la Cofece, pues ésta es el contrapeso técnico del Poder Ejecutivo para no afectar el mercado. Esto afecta al libre mercado y al consumidor”.
La iniciativa presentada a la Cámara de Diputados señala que el Ejecutivo puede fijar los productos y precios máximos cuando no haya condiciones de competencia, en conformidad con la comisión, pero puede actuar de manera independiente con base en criterios que eviten la insuficiencia de abasto.
La Cofece tampoco debe dar tratamiento preferente a las solicitudes de investigación que realice el Ejecutivo.
Para Castañón, la nueva ley empodera a la Cofece en su relación con las empresas y al debilitarla con el Ejecutivo se le resta la autonomía que pretendía dársele con la reforma.
En cuanto a los procesos jurídicos, refirió que tal como está redactada no prevé un adecuado equilibrio procesal, restringe los medios de defensa de las empresas y elimina la posibilidad de solicitar audiencia, tal como lo prevé la ley vigente.
