Corte admite controversia promovida por Presidencia
* Especiales, Nacional martes 18, Feb 2014- La ministra Olga Sánchez Cordero da 30 días a juzgado capitalino para que conteste la demanda del Ejecutivo federal
Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional, promovida por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, por lo que ordenó suspender cualquier tipo de pronunciamiento legal en la disputa que mantiene Televisa por la retransmisión de su señal abierta por parte de Dish.
La ministra Olga Sánchez Cordero así lo dicto ayer, además de dar un plazo de 30 días hábiles al Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que conteste la demanda que interpuso en su contra el titular del Ejecutivo federal, por intervenir en el citado conflicto.
A su vez, requirió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que, dentro del plazo de tres días hábiles, remita los autos del recurso de revisión registrado con el número A.R.C. 319/2012, interpuesto por Televisa, y Televimex.
Sánchez Cordero dio un plazo de 30 días hábiles al Congreso de la Unión, a través de las cámaras de Diputados y Senadores, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para que se manifiesten a lo que a su derecho convenga.
Con esta decisión se paralizan y, hasta que se emita una resolución, nulifican los efectos de la resolución del juez 32 de lo Civil respecto a la competencia del IFT en el conflicto del “must carry” y “must offer”.
De acuerdo con el documento mediante el que se decreta la suspensión, la medida permitirá “conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del juicio”.
Respecto a la procedencia y efectos de la suspensión, la ministra aseguró en el mismo documento que la autoridad competente en este caso sí es el IFT, “por lo que esta competencia no puede ser desconocida por cualquier otro ente público, so pretexto, incluso, de la tramitación de un diverso juicio en el que se ventilen, como parece ser en la especie, derechos de índole patrimonial, como los derechos autorales en disputa”.
