Empleado culpable, empleador inocente en los Estados Unidos
¬ José Antonio López Sosa lunes 3, Feb 2014Detrás del Poder
José Antonio López Sosa
Las leyes migratorias en los Estados Unidos son precisamente, responsabilidad de aquel gobierno, ellos saben si criminalizan o no a quienes ingresan y/o permanecen de forma ilegal dentro de sus fronteras; sin embargo, existe una extraña condición dentro de su legislación que responsabiliza únicamente al inmigrante indocumentado y no a la empresa o persona que los contrata.
Existe responsabilidad del contratante y el contratado cuando este último carece de permiso para trabajar en los Estados Unidos, pero ello es sólo en el papel porque las sanciones llegan al empleado y no al empleador.
Cuando hay una redada migratoria y se descubren trabajadores indocumentados, éstos son sujetos a deportación, pero los patrones quedan exentos de toda responsabilidad, con el simple hecho de asegurar, que desconocían el estatus migratorio del trabajador y con el argumento que no son instancias acreditadas para investigar a cada empleado en ese rubro.
Es obvio que hay empresas que abiertamente contratan con toda intención mano de obra indocumentada, en primer lugar les resulta más económico porque pagan menos salarios, en segundo la gente en muchos casos —sobre todo aquellos que implican severos trabajos físicos—se compromete aún más con el empleador por su condición migratoria y la dificultad para encontrar otro empleo, y en tercero, porque existe una relación de dependencia por el consentimiento tácito de estar aceptando (como si fuese un favor) a un empleado ilegal. Lo más triste de esta situación es que en muchos casos, son mexicanos documentados —o descendientes de mexicanos— quienes participan de esta injusticia y cuando llega la sanción, omiten aceptar que estaban enterados de la ilegalidad de sus trabajadores.
En este sentido, se dio un caso excepcional en Iowa, un ex gerente de un matadero kosher fue condenado a 41 meses en prisión por albergar y explotar trabajadores ilegales en los Estados Unidos. Lo preocupante es que estos abusos incluyeron el sexual, por lo que parece que la justicia estadounidense requiere que se llegue a ese extremo para sancionar a un empleador.
Durante el juicio se demostró que el sentenciado, Hosam Amara y la empresa Agriprocessors, Inc. contrataron a los trabajadores, sabiendo que estos carecían de documentos migratorios. Amara les vendía automóviles, cual tienda de raya y pedía favores sexuales a las empleadas para mejorarles puesto y salario, también les pedía cuotas de 500 dólares a cambio de pasar por alto su estatus migratorio. Amara huyó a Israel al ser acusado, pero la justicia lo trajo de vuelta a los Estados Unidos.
Sirva este ejemplo para que los trabajadores mexicanos sin documentos, al ser detenidos por las autoridades migratorias de los Estados Unidos, declaren si sus patrones estuvieron enterados de su falta de documentos. No es justo que la ley caiga sólo de un lado cuando existe una corresponsabilidad, los mexicanos en efecto merecen la deportación por trabajar sin documentos —hasta que prospere una reforma migratoria —pero los empleadores merecen la sanción económica, y en su caso, la pena corporal cuando así se disponga, como en el caso de Hosam Amara. No hay por qué tener miedo de decir la verdad.
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