El 2015
¬ Juan Manuel Magaña lunes 27, Ene 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
No cabe la menor duda de que en 2015 el conflicto político va a ser intenso. Hay motivos para ello, hay enojo social y para ese entonces estarán listas nuevas organizaciones a través de las cuales podrá expresarse el ánimo ciudadano.
Motivos sobran, están los impuestos, la carestía, el petróleo y la inseguridad. En Argentina, por ejemplo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que su país estuvo el jueves bajo un ataque especulativo muy fuerte y acusó al titular de la petrolera angloholandesa Shell, Juan José Aranguren, de llevar a cabo la maniobra para elevar el precio del dólar y desestabilizar al gobierno.
Eso nos da idea del tamaño del problema de privatizar.
También nos recuerda que esa lucha ha sido diferida e importa un enorme capital político que por supuesto se expresará en contra del PRI y el PAN, y dudo que pueda captarlo el PRD y “Los Chuchos”, exhibidos como están de transar con todo.
Si de durezas hablamos, ahí está la CNTE que ayer anunció que este 31 de enero no marchara con el PRD porque “sería una vergüenza hacerlo con quienes le abrieron las puertas a las reformas estructurales”.
Cosas están pasando. Ahí está Andrés Manuel López Obrador que, al dar por hecho que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibirá el registro como partido político, subrayó que el objetivo de la organización será “derogar, cancelar todas la reformas” de Enrique Peña Nieto. Advirtió: “Vamos a abolir las reformas laboral, educativa, fiscal y energética. Vamos a recuperar lo que es de la nación y del pueblo de México”.
Además, López Obrador ve “condiciones inmejorables” para el desarrollo de su organización, tanto que anticipó que en 2015 va por las nueve candidaturas a gobernador en disputa, además de los espacios en el Congreso y alcaldías.
Pero hay más. Ha surgido una convocatoria que se llama Congreso Popular firmada por personalidades de lo más diverso, entre ellas: Damián Alcázar, Julio Boltvinik, Virgilio Caballero, Daniel Giménez Cacho, Sanjuana Martínez, Elena Poniatowska, Julio Scherer Ibarra, Javier Sicilia, Alejandro Solalinde y paco Ignacio Taibo II, junto con decenas de tradicionales activistas.
Su convocatoria al pueblo de México es precisamente para instalar un Congreso Popular. Y algo que llama la atención es su análisis de la situación y el tono en el que lo expresan. Dicen: La clase política ha traicionado al pueblo. Se violan cotidianamente los derechos enarbolados por la Constitución de 1917. La mal llamada “transición democrática” no cumplió con el mandato ciudadano para acabar con la corrupción, la violencia, la pobreza, la mentira y el abuso de poder de oligarcas apátridas y avariciosos.
Los representantes populares no representan al pueblo de México. Las instituciones no aseguran el respeto a la ley. Los gobiernos no miran por el bien común y se encuentran coludidos con los más abyectos intereses. Los medios de comunicación hegemónicos ocultan, desinforman e incomunican a los ciudadanos.
Los procesos electorales ya no son confiables. Las continuas defraudaciones a la voluntad general expresada en las urnas desde 1988, y con especial claridad en 2006, así como la avalancha de reformas antipopulares en materia energética, educativa, política, financiera, fiscal y laboral evidencian la esterilidad de las instituciones realmente existentes.
El pueblo no cree ya más en partidos, medios de comunicación, instituciones fallidas, ni en los mismos políticos de siempre. En 2013 el ciclo histórico de subdesarrollo neoliberal tocó fondo.
En 2014 inauguraremos una nueva etapa de lucha popular, por la democracia verdadera y la justicia social. Es hora de que la sociedad ejerza su poder de manera directa por medio de acciones coordinadas, pacíficas y contundentes amparadas en el artículo 39 constitucional.
En suma se pretende que ese Congreso Popular se instale el próximo 5 de febrero y se encargue, entre otros asuntos, de la lectura, debate y votación de la iniciativa, elaborada por la comisión de organización, que revoca las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética promulgadas el 20 de diciembre de 2013.
