Inquietud
Ramón Zurita Sahagún viernes 24, Ene 2014De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Michoacán fue el detonante para conocer la realidad sobre la violencia y la inseguridad que se viven en varias regiones del país y las cifras divulgadas no son nada satisfactorias.
Fue el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el organismo encargado de dar a conocer los números sobre secuestro y extorsión, los que se dispararon el año pasado.
De enero a diciembre del 2013 se contabilizaron mil 695 denuncias por secuestro, mientras que las extorsiones llegaron a 8 mil 42, cifras catalogadas como las más altas desde que se cuenta con número de estos delitos.
Los cinco estados con las cifras más altas de secuestros son: Tamaulipas con 211; Guerrero, 207; Michoacán, 196; Estado de México, 191 y Morelos, 150.
En el rubro de extorsiones las dos entidades con más alto índice son el Estado de México y el Distrito Federal.
Curiosamente, en el caso de los secuestros, las entidades con mayor número son aquellos en que la violencia es cosa cotidiana y la presencia de los grupos delincuenciales es sumamente notoria.
La excepción podría ser el Estado de México, pero por ser el más poblado de la República, queda enlistado dentro de este selecto grupo.
En el caso de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Morelos, se ubican dentro de las entidades con mayor índice de inseguridad y violencia, situación que arrastran desde hace varios lustros.
Tamaulipas cuenta con el nada envidiable primer lugar en situaciones de extrema violencia, ya que las llamadas narcofosas han sido una vergüenza para los gobiernos que han desfilado por ahí.
Ese estado tiene en su haber que el candidato favorito para ganar las elecciones de gobernador, fue ejecutado una semana antes de los comicios.
La muerte de Rodolfo Torre Cantú no ha sido clarificada todavía, aunque se le achaca a los grupos delincuenciales que dominan la parte norte y tienen sus ramificaciones en otros lugares de Tamaulipas.
Guerrero es un ejemplo del deterioro de la autoridad, con un gobernante como Ángel Aguirre Rivero, quien delega toda la responsabilidad de proporcionar seguridad a la población en manos del gobierno federal.
Acapulco dejó de ser el centro turístico idóneo, ya que la violencia se cierne sobre el puerto y la alarma cunde en todo el mundo sobre los riesgos que significa el pasar unas vacaciones en el otrora edén del Pacífico.
En la zona de La Montaña, en la Costa Grande, en la Chica y en Tierra Caliente, la violencia no deja de ser cotidiana y los grupos de policías comunitarios lograron dar un respiro a la población, ante la ineficacia de los organismos estatales.
Michoacán es un caos de gobierno, teniendo que intervenir el gobierno federal, con la designación de un comisionado, para intentar poner orden en el estado.
La administración de Fausto Vallejo Figueroa dio posibilidades a los grupos delincuenciales de enraizarse más de lo que ya estaban en la entidad.
Michoacán es un claro ejemplo del dejar hacer, para quitarse de responsabilidades.
En Morelos, uno de los primeros compromisos contraídos por su gobernador, Graco Ramírez, fue el de terminar con la violencia que sacude al estado en seis meses.
Los resultados se empezarán a ver, dijo en aquella ocasión el gobernador, y los resultados sí se dan, pero en sentido contrario.
Se dispararon los índices de violencia y de inseguridad en un estado ya de por sí contaminado por los grupos del crimen organizado.
Resulta paradójico que Graco fincó su crecimiento político en el estado por la vía del reclamo de seguridad a los gobernantes que le antecedieron y hoy que le toca responder a los cuestionamientos, la responsabilidad se le resbala y no ofrece resultados.
Morelos es una entidad en la que los sucesos violentos son de tanta frecuencia que ya hasta parecen parte de la vida normal en el estado.
Pero si esas entidades son las que mayores delitos sobre extorsión y secuestros registran a nivel nacional, el mismo Guerrero se encuentra en otra categoría, la de homicidios, sitio en que esa entidad es acompañada por Sinaloa y Chihuahua.
Los dos últimos estados son de los que tradicionalmente se inscriben en ese rubro y donde se asentaron desde hace varias décadas los principales cárteles del narcotráfico.
Sinaloa y Chihuahua, bajo los gobiernos de Mario López Valdez y César Horacio Duarte, respectivamente, no han conseguido bajar los índices delictivos en los más de tres años de gobierno de cada uno, con todo y que anunciaron en sus inicios acciones tendientes a desplazar la violencia y los grupos delincuenciales.
Contrario a lo que sucede en los estados mencionados antes, Yucatán continúa siendo una de las entidades con menores problemas en los temas de inseguridad y violencia.
Los asesinatos en Yucatán se producen en un promedio de 1.9 por cada cien mil habitantes, una tasa sumamente baja, comparativamente con los demás estados del país.
Aguascalientes e Hidalgo le siguen en ese orden, dentro de la categoría de menos homicidios registrados durante el año recién concluido.
Estas cifras reveladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública causan inquietud, no solamente en las entidades con mayores delitos registrados, sino que se extrapolan hacia otras naciones, donde siguen paso a paso el acontecer de la situación de México.
INVERSIÓN
Tres mil millones de pesos se destinarán a Michoacán para el combate a la pobreza y la desigualdad en la zona de la Meseta Purépecha y la Tierra Caliente del estado, anunció la Secretaría de Desarrollo Social.
Habrá que ver si ésta y otras acciones del gobierno federal logran el control en la entidad.
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