Sólo un milagro
¬ Augusto Corro miércoles 22, Ene 2014Punto por punto
Augusto Corro
Edgar Tamayo Arias, de 45 años, podría morir hoy en una prisión texana. Fue sentenciado a muerte porque mató a un policía. Sin embargo, en su proceso penal hubo irregularidades: el Estado americano no ofreció al detenido la posibilidad de acogerse a su derecho de asistencia diplomática. En Estados Unidos, las leyes son rígidas y los encargados de cumplirlas sordos y ciegos.
México solicitó clemencia. Les pidió a las autoridades texanas que por lo menos se brindará la oportunidad de revisar el caso. Imposible. No valieron los ruegos nacionales e internacionales para evitar o diferir la aplicación de esa pena capital.
“No importa de dónde vienes -si usted comete un crimen despreciable de este tipo en Texas-, usted está sujeto a nuestras leyes estatales, incluyendo un juicio justo por un jurado y la pena máxima”, respondió Lucy Nashed, de la oficina de prensa del gobernador texano.
De esa manera, las autoridades texanas se montaron en sus leyes rígidas para sentenciar a muerte al morelense. Desde el 13 de noviembre de 2012, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se negó a revisar el caso de Tamayo Arias -junto con otros 13 mexicanos sentenciados a muerte en aquel país- por un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
De acuerdo con las autoridades, el policía Guy P. Gaddys, quien tenía 24 años, detuvo a Edgar Tamayo por el delito de robo. A bordo de la patrulla, el morelense, “aún con las manos sujetas por detrás, sacó una pistola de entre sus ropas y disparó a Gaddys “. La bala alcanzó al uniformado en la cabeza. Edgar Tamayo intentó huir, pero fue capturado a unas cuadras del lugar. Los hechos se registraron en enero de 1994.
Otro elemento para impedirse el juicio es la discapacidad intelectual leve de Edgar Tamayo. Tampoco esta condición física del asesino movió la rigidez de los hombres encargados de aplicar la ley, que a todas luces se ve que fue violada.
LOS DERECHOS HUMANOS
Cada vez que se registra un caso como el de Edgar Tamayo, la comunidad internacional es sacudida por la severidad de la pena de muerte. Las diferentes organizaciones de los derechos humanos buscan, en vano, superar ese nivel de primitivismo social de algunos gobiernos.
De nada sirven, hasta el momento, las solicitudes de aplazamiento de la ejecución o la conmutación de la pena de muerte, formulados por la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, o de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Todos esos organismos, que reflejan un gran poder en el panorama internacional, no son tomados en cuenta en Texas y en algunos estados donde la pena capital se aplica irreflexivamente, pues son ignorados los errores de los jueces.
Lo único que le queda a los defensores de los derechos humanos es trabajar con mayor intensidad para que la pena de muerte sea suprimida de las leyes de cualquier país en el mundo: que la civilización avance sin esos abismos contra los seres humanos que la frenan. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó su “firme rechazo” a la posible ejecución de Edgar Tamayo.
Señaló la mencionada dependencia que se han utilizado todos los medios “políticos, legales y administrativos disponibles para evitar la ejecución de nuestro connacional”.
La SRE le planteó al gobierno texano que “se abstenga de proceder con la ejecución (la pena de muerte a Edgar Tamayo) hasta que se establezca un procedimiento adecuado y transparente”. Como señalamos al inicio de estas líneas, sólo un milagro podría salvarle la vida a Edgar Tamayo.
