Guardería ABC: cuando la justicia no llega

¬ José Antonio López Sosa martes 8, Jun 2010

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

VANCOUVER, CANADÁ.- Me encuentro en una ciudad privilegiada por su geografía, su gobierno y sus habitantes, uno de esos rincones del mundo donde todo funciona y los problemas cotidianos no rebasan los límites de la congruencia. Justo al volar hacia acá y al tener enfrente al hermoso paisaje urbano combinado con una naturaleza ampliamente resguardada no puedo dejar de lado lo que en nuestro país sucede, precisamente a un año de una tragedia cruel plagada de impunidad, en los siguientes días narraremos todo aquello que se encuentra en los rincones de Vancouver, por ahora vuelvo a la realidad de nuestro país:

Se cumplió un año del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora donde fallecieron varias decenas de pequeños, en síntesis y para no caer en especulaciones a 365 días del trágico suceso no hay responsables y no queda claro ni a los padres de los niños ni a la sociedad en general quién es culpable. Debe existir responsabilidad pues probado está que los mecanismos de supervisión y control no cumplieron con los procedimientos reglamentarios y por ello, la tragedia llegó hasta esta guardería.

Este caso refleja al sistema político y judicial mexicano, una estructura obsoleta donde la impunidad priva y donde el poder político o fáctico que una persona tenga puede más que cualquier ley en nuestro país. El caso de la guardería ABC es un claro motivo más por el que los ciudadanos nos negamos a creer en la información emitida desde el gobierno, en los datos que nos dan entorno a los problemas nacionales y al supuesto estado de derecho en que dicen, vivimos.  Evidentemente esta tragedia ha tenido costos políticos y hay personajes o partidos que han tomado esta bandera para sacar provecho, evento carente de ética pero frecuentemente visto en fenómenos políticos, sobre todo en nuestro país, sin embargo el tema ha rebasado lo político, es decir, el daño es social y va más allá de un político o de un partido, se trata del estado de descomposición de una estructura -insisto- que obedece a los viejos cánones tan criticados en nuestro país. Comprobamos una vez más que las ofertas políticas de cualquier partido no tienen que ver con la impartición de justicia o con preservar un estado de derecho en el país.

A nivel del Poder Ejecutivo éste ha sido incapaz de llevar a cabo una investigación exhaustiva que siquiera desmembre las redes de corrupción y complicidad en la subrogación de guarderías, a pesar que se demostró la deficiente operación en este rubro, seguimos sin culpables. A nivel estatal dentro de la feudalización en que se ha convertido el respeto al Estado federal, ésta es quizá el caso más grave en que el gobierno estatal continúa en funciones, como si nada sucediera sin presentar responsables, otros de menos gravedad (¡a lo que hemos llegado!, a hacer una escala métrica de la tragedia y la impunidad) son los casos de Ulises Ruiz en Oaxaca o de Mario Marín en Puebla, donde ninguno de los tres -Sonora incluido- procedió contra el titular del Ejecutivo local, o bien, contra algún funcionario a su cargo.

Podemos escribir mucho del tema, reflexionar, analizar y sorprendernos en cada párrafo de la impunidad que resulta común denominador en nuestro país, sin embargo, ninguna línea es suficiente para describir la tragedia en sí y el significado para los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC, ello rebasa cualquier manifestación del lenguaje y cualquier análisis político, legal o sociológico. Suelo usar las analogías para tratar de entender cómo operaría la justicia en casos similares con variables distintas: ¿qué hubiese sucedido -sin desearlo a nadie- si alguno de estos niños fallecidos hubiese sido hijo de Eduardo Bours, de Felipe Calderón, de Arturo Zaldivar, de Molinar Horcasitas, de Fernando Gómez Mont, de Arturo Chávez Chávez, de Eduardo Medina Mora, o de cualquier miembro de la clase política mexicana?, ¿los resultados en las investigaciones serían los mismos?, ¿habría entonces culpables?, ¿se hubiese desmantelado ya la red que operó en la subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social?, ¿hubiese tardado un año el presidente en turno para recibir a los padres de los niños fallecidos?  En conclusión la justicia no llega a nuestro país, no llega a los ciudadanos y cada vez parece alejarse más de nuestras vidas. La incapacidad –por naturaleza o por convicción -de los distintos niveles de gobierno tiene día tras día más afectaciones directas a los ciudadanos frente a un discurso oficial que insiste en que vamos bien, por el camino correcto y saliendo adelante. Vivimos en el país de los antagonismos, vivimos dos realidades paralelas por un lado la de las calles y los ciudadanos y por otro la del discurso y las estrategias de comunicación oficiales y electorales, vivimos cada vez más distantes los gobernados de los gobernantes y en esa lejanía es precisamente, donde está encontrando espacios la criminalidad que se manifiesta de muchas formas, no sólo organizada, también desorganizada como fue la tragedia de la guardería ABC, un acto absolutamente criminal.

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