Leyes protectoras de la familia forjarán mejores ciudadanos
Estado de México viernes 6, Dic 2013- El evento estuvo encabezado por el diputado Adrián Juárez Jiménez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia
Los diputados mexiquenses arrancaron el “Primer Panel Sobre Derecho Familiar”, en el que intervinieron jueces y magistrados.
“Defender a las familias mediante más y mejores leyes en nuestro estado es apostar por una estabilidad entre todos sus integrantes, y en consecuencia, generar mejores ciudadanos para el presente y el futuro”, afirmó el diputado Adrián Juárez Jiménez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, durante el Primer Panel de Derecho Familiar, en compañía del legislador Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, presidente del Comité Permanente de Estudios Legislativos en la LVIII Legislatura estatal.
En presencia de los panelistas Cristina Miranda Cruz, integrante de la Segunda Sala Civil; Everardo Huitrón Guevara, de la Primera Sala de lo Familiar; Fabiola Herrera Gutiérrez, jueza primera de lo Familiar, y Juan Carlos Colín Rico, juez Quinto de lo Familiar, todos de Toluca, el diputado del PAN destacó que hablar de protección de las familias también lo es de consolidar y ampliar las bases del estado de bienestar.
En el salón Benito Juárez del Palacio Legislativo, ante personal del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y jóvenes universitarios, agregó que en el origen de todos los avances sociales se encuentra la protección de la familia.
Sin embargo, agregó, debe seguirse trabajando en una legislación que beneficie a las familias mexiquenses, disposiciones legales acordes a los nuevos tiempos, que procuren la unidad y sana convivencia entre los integrantes de cada familia, que contribuyan, incluso, a compatibilizar la vida laboral y familiar de quienes están obligados a garantizar lo mínimo indispensable para el desarrollo de sus hijos.
Después de que se abordaron temas como el divorcio incausado, juicio oral familiar, adopción y reconocimiento de paternidad, entre otros, Juárez Jiménez confió en que las conclusiones de este panel permitirán precisar el camino a seguir por los legisladores y, en consecuencia, de los juzgadores.
En presencia de presidentes de barras, colegios y asociaciones de abogados, agregó que los temas a debate, además de las aportaciones y sugerencias, serán la brújula que oriente el derecho, cuyo cumplimiento garantice el orden, la paz y la seguridad jurídica.
También agradeció el invaluable apoyo y colaboración para la realización de este evento por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Aarón Urbina Bedolla, así como del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Baruch Delgado Carbajal.
Durante la inauguración, Alfonso Bravo destacó la importancia del derecho familiar, además de que felicitó al legislador Adrián Juárez y al titular del Poder Judicial, Baruch Delgado, por su sensibilidad para realizar este evento y escuchar a quienes resuelven las controversias familiares y que están inmersos en el sistema de justicia en materia familiar.
Entre las conclusiones, los panelistas coincidieron en que el juicio oral familiar es un proceso dinámico que permite resolver todas y cada una de las controversias de este orden, privilegiando los principios de realidad, mediación, concentración, continuidad, publicidad, suplencia de la queja e interés superior de los menores.
Asimismo, en el desahogo de la prueba pericial, tratándose del reconocimiento de paternidad, dar seguimiento a la custodia del ADN para obtener un resultado fidedigno que dé plena validez al dictamen, indicó Cristina Miranda.
Por su parte, Everardo Huitrón dijo que en la admisión de las demandas familiares, la sustanciación y decisión de las controversias, el juez debe atender el orden público, actuar oficiosamente y realizar suplencia de la deficiencia de la queja, además de que las sentencias de las controversias del estado civil de las personas y del derecho familiar se deben resolver en forma completa y en particular las derivadas de los procedimientos especiales de divorcio incausado, las pretensiones que no hayan sido objeto de consenso y las demás que oportunamente formulen las partes, con el fin de restablecer el orden y la paz familiar, que se traduce en paz social.
