Alcaldes, atrapados entre narcos y diputados
Roberto Vizcaíno viernes 15, Nov 2013Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- La denuncia hecha por munícipes a través de un diario puso a temblar a legisladores
- Los senadores de todas las bancadas votaron ayer por darle autonomía al IFAI, primera propuesta de Peña Nieto
- La Función Pública inició el primer gran proceso penal en contra de altos funcionarios
Nueva Friolandia… | Trizas
La inquietud corrió ayer por las bancadas de San Lázaro y en Reforma e Insurgentes debido a la bomba de profundidad que les soltó ayer un diario en su nota principal, con la denuncia de que diputados federales cobran mochadas a alcaldes por conseguirles partidas presupuestales para obras en sus municipios.
Es práctica común que gobernadores y alcaldes acuden a la Cámara de Diputados en octubre y noviembre, justo en el momento en que durante cada año en comisiones se tramitan los presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación para el año fiscal siguiente.
Llegan a exponer proyectos de obras y programas para los cuales les piden a los legisladores intervenir a fin de que se les asignen más recursos.
Y es ahí, dicen los quejosos que fueron entrevistados por Reforma, que los diputados les piden o contratar a constructoras “amigas”, o a personas cercanas a ellos o de plano un porcentaje sobre presupuestos y obras.
La denuncia fue avalada por dirigentes de asociaciones de presidentes municipales, como la alcaldesa priísta de León, Bárbara Botello, lideresa de la Federación Nacional de Municipios de México AC, la Fenamm y Renán Barrera, alcalde de Mérida y vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes.
Apenas la semana pasada nos enteramos que el crimen organizado le cobra a los alcaldes de Michoacán -y muy posiblemente a los de otros estados-, un porcentaje por cada obra y por presupuestos adicionales asignados desde el Congreso.
Ambos casos son más que graves, inaceptables.
En las dos situaciones debe intervenir la PGR o una comisión especial legislativa, o ambas, que hagan las investigaciones respectivas para que se presenten cargos penales, por supuesto.
Por lo pronto los coordinadores de las bancadas de senadores del PAN y del PRI, Jorge Luis Preciado y Emilio Gamboa, pidieron a los presidentes municipales extorsionados por diputados, acercarse y decir quiénes son para poder actuar en su contra.
Veremos si hay quien da el primer paso.
AUTONOMÍA AL IFAI
Los senadores priístas que comanda Emilio Gamboa están felices porque ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el tricolor queretano Enrique Burgos, se aprobó por unanimidad la autonomía del IFAI.
Esta fue una de las dos iniciativas con las que se inauguró hace un año el todavía presidente electo Enrique Peña Nieto.
La otra, la de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción que busca fiscalizar y poder enjuiciar no sólo a funcionarios federales malandrines sino a jueces, magistrados, gobernadores, alcaldes, diputados locales y federales, senadores y hasta empresarios que les guste meter la mano a la bolsa prohibida, está congelada porque los panistas pretenden dividir en 5 a la Procuraduría General de la República lo cual —en opinión de otras bancadas, entre ellas la del PRI-, provocaría un caos judicial sin precedente.
Las dos iniciativas fueron presentadas hace justo un año por Peña Nieto a través de la bancada del PRI.
En el caso del otorgamiento de la autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el asunto se destrabó al ponerse de acuerdo los legisladores en dejar fuera de la acción de este organismo a las instituciones autónomas, como son la CNDH y el Banco de México, entre otros.
En caso de que haya algún litigio en contra de ellos será la Suprema Corte de Justicia la que decida si procede o no la querella.
Al hablar de la segunda, de la Comisión Anticorrupción, Gamboa explicó:
“Nos cuesta mucho trabajo entender (los panistas para aprobar) el paso de la Comisión Anticorrupción; sin embargo, sé que el día de hoy las comisiones correspondientes se van a reunir para acercarse aún más.
“Nosotros queremos que salga, como queríamos que saliera esta Ley de Transparencia… créanme que la voluntad del Grupo Parlamentario del PRI, es que se apruebe en este periodo la Comisión Anticorrupción”, pero… “me parece un error tratar de sacar cinco procuradurías más, que generarían mucho más caos en un problema tan grave que tenemos en esa materia”.
DE SWAAN A PROCESO
El Senado de la República pidió ayer a los titulares de la Secretaría de la Función Pública, Julián Olivas Ugalde y al auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, que concluyan y entreguen los resultados de la investigación abierta en contra de Mony de Swaan Addati, ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones por el posible ejercicio y uso irregular de recursos públicos.
La diputada chihuahuense del PT Lilia Aguilar Gil, quien lo acusa de haber autorizado o celebrado adquisiciones de productos y servicios con los que ya contaba esa institución además de “asignar contratos a un proveedor que, conforme a las propias reglas de la Comisión, previamente había sido descalificado”.
La denuncia contra De Swaan indica que la Cofetel bajo su presidencia entre el 12 de julio y el 31 de diciembre de 2011, “ejerció una cantidad máxima total en contratos con la FONDICT-UAEM por 38 millones 967 mil 406 pesos y en 2012 la cantidad de 23 millones 545 mil 310 pesos”, además de firmar un contrato plurianual con la empresa ENAPSYS MÉXICO, bajo el procedimiento de adjudicación directa por un monto de 52 millones 379 mil 716 pesos, pero “este proyecto tiene por objeto desarrollar exactamente las mismas labores que fueron asignadas en los años 2011 y 2012 a la FONDICT-UAEM”.
A esta empresa, indica el Senado, se adjudicó el contrato pese a que se le había descalificado y desechada su propuesta en el Acta de Notificación de Fallo emitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Coordinación General de Administración de la Cofetel.
A LA CÁRCEL
La Secretaría de la Función Pública denunció ayer ante la PGR al director general; al subdirector general de Fomento de Suelo para la Vivienda y Enlace con los Estados y Municipios y como subdirector general de Política de Vivienda y Esquemas Financieros; así como a dos coordinadores generales de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Vivienda , la Conavi.
Al secretario de Administración y Finanzas; al secretario de Asentamientos y Obras Públicas, y al secretario de la Contraloría del gobierno del Estado de Tabasco, y al director general y a su sucesora; al secretario de Asentamientos y Obras Públicas y presidente del Consejo de Administración; al Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y primer vocal del Consejo de Administración del Invitab. Así como en contra del ex presidente municipal del ayuntamiento de Centro de Tabasco.
La denuncia es el resultado de una investigación que dejó al descubierto que la Conavi y funcionarios del Instituto de Vivienda de Tabasco, firmaron un convenio de colaboración el 14 de diciembre de 2007, para adquisición de un predio de 51.35 hectáreas, urbanizarlo y construir ahí 2 mil 500 viviendas a fin de reubicar en ellos a afectados de las inundaciones de octubre de ese año en 17 municipios de la entidad.
Ahí se acordó que Conavi aportaría 350 millones de pesos y el gobierno de Tabasco agregaría 38.5 millones más. Diez días después de firmado el acuerdo, Conavi transfirió su parte a la Secretaría de Finanzas estatal que canalizó los recursos al Invitab, pero hasta agosto de 2008.
El Instituto de Vivienda de Tabasco, Invitab, autorizado por su Consejo de Administración, con 239.4 millones de pesos adquirió 5 terrenos de más de 169 hectáreas. Ello no estaba previsto en el acuerdo.
Luego el Invitab pidió al Comité de Obra Pública Federal autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria y efectuar el pago con 4 de los 5 predios. El organismo federal se declaró incompetente y sugirió recurrir al Consejo de Administración del Invitab, dependencia que finalmente autorizó la adjudicación y la forma de pago.
De esta forma, el organismo de vivienda estatal y la constructora firmaron construir solamente mil 338 viviendas. En 2011, ante el incumplimiento del convenio original, los funcionarios federales y estatales involucrados convinieron una nueva transacción para convalidar así las irregularidades, pese a que en enero del mismo año, la Conavi solicitó al Invitab el regreso de los recursos federales y sus cargas financieras.
Todo un enredo de dineros e incompetencias.
