Sin defensa
Ramón Zurita Sahagún lunes 11, Nov 2013De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Dios agarre confesados a los alcaldes del país, ante las terroríficas palabras del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Es cierto que los problemas de seguridad y el índice de violencia son demasiados altos, como para que el gobierno federal se dedique a cuidar a los presidentes municipales, pero también lo es que las palabras del ex gobernador de Hidalgo son una mala señal.
Se creyó que con el cambio de administración bajaría la criminalidad, pero ésta no solamente se mantuvo estable, sino que en diversas parte del país aumentó y el riesgo actual es tan grande o mayor que en el pasado sexenio.
La presencia del Ejército, la Marina y las policías federales en los estados no amilanó a los miembros de los grupos del crimen organizado.
Diversos hechos registrados en las semanas recientes muestran la grave penetración de los grupos delincuenciales, sin que las autoridades puedan detener sus embestidas.
Es cierto que ya no aparecen con la frecuencia de antes los racimos de descabezados, ni las tumbas clandestinas, en las que por decenas se entierran a los ejecutados, pero ahora la moda del crimen parece ser es la de apoderarse de amplios espacios del territorio nacional.
Solamente la semana pasada se dieron una serie de eventos que congelarían la sangre en otras latitudes, ya que la alerta propagada por la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, para que los habitantes de esa frontera se mantuvieran en sus hogares, muestra el grado de descomposición social que impera en esa parte del norte del país.
Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados por la presencia de los delincuentes, ya que extensa zonas de la entidad se han visto penetradas por el crimen organizado, desde Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, San Fernando, Altamira, pasando por Tampico, Madero y la propia Ciudad Victoria.
Pero lo de Michoacán rebasa todo, ya que desde siempre, el estado se mantiene dominado por los grupos delincuenciales. La desestimación de las autoridades sobre el tema, al remitirlo a unos cuantos poblados, muestra en gran parte el desconocimiento que del problema se tiene.
Dos hechos sucedidos en la misma semana muestran cuan equivocadas están las autoridades, incluido el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, quien se aferra a la silla de Ejecutivo estatal: 1.- La toma del control del puerto de Lázaro Cárdenas por parte de la Marina y de la seguridad del municipio por parte del Ejército 2.- El asesinato del alcalde Ygnacio López.
Ninguno de estos dos municipios formaba parte del cuadro considerado como territorio del crimen organizado, el que según Vallejo Figueroa se reduce a solamente siete ayuntamientos.
Los problemas de seguridad se acentúan en muchos estados del país, con todo y la presencia de las fuerzas armadas, por lo que nuevamente surgen voces que demandan una nueva estrategia que en verdad contenga la violencia o que, incluso, la destierre.
POLÍTICO DE PESO
La buena relación que guarda con el gobierno federal el Ejecutivo estatal de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se notó con el envío de un representante gubernamental de peso.
Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es uno de los miembros del gabinete que mayor ajetreo mantiene en la presente administración. Tiene ante si la difícil tarea de clarificar y transparentar las responsabilidades del desastre provocado en Guerrero por la tormenta tropical “Manuel”.
La tarea no es sencilla, ya que se afectarán grandes intereses y se tendrá que fincar responsabilidades a quienes incurrieron en tráfico de influencias, violaciones a las leyes e irresponsabilidades, entre otros delitos.
Ramírez Marín había establecido una fecha tentativa (20 de octubre) para conocer resultados de la investigación, pero la entrada de un nuevo fenómeno climático impidió el avance.
Sin embargo, la intención del gobierno federal se mantiene, por lo que en los próximos días se deberán conocer los resultados de las pesquisas.
Por lo pronto, la Secretaría de Gobernación dio a conocer el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia para siete municipios del estado de Guerrero afectados por las inundaciones pluviales y fluviales ocurridas en octubre pasado.
En un comunicado, la dependencia informó que se trata de los municipios de Mochitlán, Quechultenango, Chilapa de Álvarez, José Joaquín de Herrera, Mártir de Cuilapan, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, para los cuales se emitió Declaratoria de Emergencia el pasado 29 de octubre.
Explicó que el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia se da debido a que la situación anormal generada por este fenómeno natural ha disminuido a niveles aceptables.
Asimismo, porque la capacidad de respuesta del gobierno estatal se ha reforzado con los apoyos proporcionados por la federación, brindando así una oportuna atención a la población ante los efectos de la emergencia.
Superada ya esta etapa, será más sencillo seguir con el rumbo de la investigación en torno a los sucesos de septiembre que derivaron con muerte, desastre y grandes pérdidas económicas.
En Tabasco se comenta que la PGR prepara órdenes de presentación en contra de mandos policíacos de la administración de Andrés Rafael Granier Melo.
Por lo pronto, se trata de Alcides Sánchez, ex director de la Policía Estatal Preventiva, por enriquecimiento ilícito, ya que se le detectaron varias propiedades en los municipios de Centro y Jalapa, como son un lujoso rancho y un chalet, en el segundo municipio y otras propiedades ostentosas en la Lima Parrilla.
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