Las leyes se deben cumplir
Luis Muñoz jueves 3, Oct 2013Segunda Vuelta
Luis Muñoz
“Las leyes son para ser cumplidas”, reiteró ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, en respuesta a la fracción perredista que pidió a la Secretaría de Gobernación modificar las leyes reglamentarias para evitar los desmanes de los maestros de la CNTE.
Tanto la reforma educativa, como la reforma constitucional y las tres leyes secundarias, deben ser aplicadas, insistió.
Anaya Cortés, entrevistado al término de la inauguración de la 10ª Semana Nacional de Transparencia, en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dijo que “no debemos dar un sólo paso atrás, que implique un retroceso en términos de evaluación y mejora en la calidad educativa, porque aquí el derecho superior es el de las niñas y los niños a recibir una educación de calidad”.
No obstante, señaló que si alguien quiere presentar una iniciativa para modificar esa o cualquier otra ley, existen los canales, las vías y los procesos adecuados, pero mientras la ley esté vigente, ésta debe aplicarse.
En su mensaje, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó que “este 2 de octubre nos convoca a la décima edición de la Semana Nacional de Transparencia y el título mismo de la semana hace referencia a la reforma constitucional que ha entrado ya a su fase final, a su fase de conclusión. Una reforma cuyo proceso ha implicado un proceso intenso por momentos y, yo diría, hasta tenso en los debates”.
Mencionó, además, que ante la propuesta de algunos de que por regla general las resoluciones del IFAI pudieran ser combatidas, la mayoría defendió que, por regla general, fueran inatacables.
Señaló también que ante la propuesta de algunos de excluir a los partidos políticos y a los sindicatos como sujetos directamente obligados, la mayoría ha resuelto que todo ente público o privado que reciba, administre o se beneficie del uso de recursos públicos esté obligado a transparentar su información.
LA CROC APOYA PROPUESTA DE REFORMA HACENDARIA
El dirigente nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, dijo que su organización apoya la propuesta de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo federal “porque acaba con los privilegios que no tienen razón de ser, alienta la formalidad, simplifica el pago de impuestos y, sobre todo, porque tiene un alto contenido redistributivo orientado a que paguen más los que más tienen”.
En su opinión, se trata de una reforma social de gran impacto porque plantea la creación de un seguro de desempleo y pensión universal para la población más vulnerable, así como recursos adicionales a la educación, infraestructura básica y programas para abatir la desigualdad.
González Cuevas señaló que la propuesta que ya se debate en el Congreso, está abierta a modificaciones, pero se van a tomar medidas que permitan que los que menos ingresos perciben realmente paguen menos. Indicó que una de esas medidas es ampliar la base gravable sin afectar a los de menores recursos económicos, por lo que no se gravará con IVA alimentos ni medicinas, además de que prevé la exención de impuestos para los trabajadores formales en servicios médicos, transporte urbano o compra de libros.
Abundó que la reforma es redistributiva porque prevé gravar con diez por ciento las ganancias que se obtienen en la Bolsa de Valores, aumenta el ISR para los que más ganan y simplifica el sistema fiscal con la desaparición de 79 artículos y eliminación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), a fin de impulsar la actividad productiva, evitar la evasión y transparentar el pago de contribuciones.
NO AL IVA A LA VIVIENDA: GPPAN
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados sostiene que no se debe aplicar el IVA a la vivienda, a la educación, ni a la frontera. Al respecto, el diputado federal del blanquiazul, Fernando Rodríguez Doval, hizo un llamado a la ciudadanía a salir a las calles para manifestarse “de forma adecuada, pacífica y responsable” contra los impuestos que plantea el gobierno federal, “ya que atentan contra la estabilidad de casi 30 millones de mexicanos y sus familias”.
