Reformas, ¿para qué?
Roberto Vizcaíno lunes 9, Sep 2013Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Con las enmiendas está en juego el surgimiento de un nuevo sistema social-liberal para el desarrollo de México
- El eje de todo es la hacendaria y fiscal, porque se requiere sustituir los ingresos de Pemex con impuestos
- Sin dinero nada es posible, ni programas ni obras, y sin eso no hay empleo ni seguridad en nada
Todos aquellos que tenemos alguna edad, sabemos que el mundo cambió. Y México también.
Y sabemos que por eso hoy estamos ante el fin del Estado-Social:.
Hablo del final del empleo seguro creado, impulsado, otorgado y tutelado por el Estado, del término de las pensiones completas y debidamente garantizadas; del fin del derecho al acceso a la vivienda (Infonavit para empleados y Fovissste para burócratas); del derecho a la salud como prestación del empleo (ISSSTE si se es trabajador del gobierno o IMSS si se labora en empresa privada); del agotamiento de los sistemas de salud estatales; de la educación pública, laica y gratuita; del derecho a la alimentación… y a la recreación.
Se acabó el sueño de la igualdad y la equidad creadas, protegidas y garantizadas por el Estado.
Pero no sólo aquí. Nosotros no somos el ombligo del mundo. Ahí está la caída de la URSS, la transformación que hoy vemos en China, lo que ocurre en Cuba y el derrumbe del Bloque del Este con Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoeslavia, Polonia y Albania, algunos de cuyos países que en su tránsito del socialismo al liberalismo occidental vivieron guerras y la fragmentación que aún no terminan, así como dramáticos movimientos sociales.
El ejemplo más impactante de eso ha sido la absorción de la Alemania del Este por la Alemania Occidental.
De eso se trata. Por eso estamos en México y en el mundo entero ante la llegada del Estado Liberal, el del libre mercado y comercio, el del capitalismo brutal, donde lo que cuenta es la rentabilidad. Y encima a todo eso se suma el avance inexorable del desarrollo de los nuevos medios surgidos del Internet: Facebook, Twitter como puntas de lanza, que han transformado la forma de en que nos relacionamos y comunicamos los humanos, los gobiernos y las empresas y sus corporaciones.
Frente a esta realidad que domina al mundo globalizado, del que México no puede escapar ni aislarse, es que hoy surgen las reformas que promueve el presidente Enrique Peña Nieto.
En términos coloquiales podría ser la aplicación del dicho “de lo perdido… lo que aparezca”. Que traducido a lo social, económico y político podría ser el surgimiento del nuevo (para México, no para el mundo) Sistema socio-liberal. Una mixtura, adecuación del Estado Social con el Estado Liberal o viceversa.
CAMBIO DE RUMBO
Es a esto a lo que vemos que hoy se oponen algunos segmentos, como el de los de la Coordinadora del Magisterio.
Pero no hay salvación. O nos unimos al cambio global –como el que se ha dado en Alemania, Francia e Inglaterra y hoy viven los españoles e italianos–, o nos hundimos todos los mexicanos. Va a haber pérdida de privilegios, sí. Vamos a tener que pagar más impuestos, sí. La vida será más incierta y más dura, sí. Pero el otro camino es el de la no-sobrevivencia.
Este “ajuste del sistema” no es cosa de Peña Nieto. No lo puede ser de una persona por más poderosa que sea.
Ni es tampoco el absurdo que plantea un ex amigo mío que cree que abrir Pemex a la inversión privada nacional y extranjera es para hacer más ricas a las transnacionales y más pobres a los mexicanos. Eso no sólo es tonto, es irracional.
El cambio de sistema es un reclamo nacional surgido de la existencia de más de 50 millones de pobres; lo reclama la operación de una empresa llamada Pemex que se ahoga al aportar cada año todas sus utilidades y ganancias para pagar el 40 por ciento del costo de los presupuestos gubernamentales; lo exige acabar con un sistema de privilegios fiscales a grandes empresarios, lo demanda el fin de una inequidad que hace que la mayor parte del PIB se quede entre el 10 por ciento de la población formada por los más ricos, y que un 10 por ciento de ese PIB se reparta entre el resto de la población.
El cambio lo reclama el evidente, inocultable fracaso del Estado Social surgido de la Constitución del 17 que es producto de la Revolución de 1910.
REFORMA HACENDARIA
En este contexto la madre de todas las reformas es la hacendaria y fiscal presentada anoche por el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos.
Lo es porque sin dinero todos los programas y proyectos, obras y sistemas, son un sueño, una ilusión, pura demagogia.
Una reforma que se afirma buscará reorientar el reparto de la riqueza nacional para que alcance para todo:
1) Para crear infraestructura que por un lado nos haga más competitivos y por el otro cree empleos bien remunerados y modernidad.
2) Para garantizar la aplicación de un Sistema Social Universal que comprende: pensión para adultos mayores, seguro de vida y ayuda económica para madres solteras, becas para estudiantes, atención a discapacitados, un sistema de salud unificado con medicinas incluidas abierto para todos los mexicanos, que por el sólo hecho de ser mexicanos tengan o no empleo y un sistema de seguro de desempleo.
3) Para garantizar el reforzamiento de programas reorientados como el de Progresa, o el de la Lucha contra el Hambre –que no significa el reparto de despensas o el otorgamiento de bonos para ser aplicados en tiendas de autoservicio, sino la transformación de sus núcleos poblacionales para llevarles escuelas, cursos de capacitación, caminos pavimentados, tiendas de bajo costo, transporte barato y servicios básicos cuya ausencia es lo que provoca que millones de mexicanos no tengan empleo ni dinero para adquirir alimentos suficientes–, y los otros de Sedesol destinados a disminuir la pobreza, la marginación y la inequidad social y económica.
4) Para hacer realidad una educación de calidad, con escuelas (en el país hay unas 100 mil públicas) que tengan todos los servicios –edificios aptos, salones acondicionados con mesa bancos y pizarrones, con computadoras e internet, baños limpios, ventanas sin cristales rotos–, y que se conviertan rápidamente en “escuelas completas”, es decir que además de educación den de comer a sus alumnos.
5) Que permita ampliar el número de escuelas preparatorias universitarias o de altos estudios, como base del crecimiento del país a través de la ampliación de su personal capacitado.
6) Un ingreso fiscal suficiente, donde los que tienen más paguen más, que dé para transformar y desahogar no sólo a Pemex a fin de tener energías más baratas que impulsen el bienestar familiar y a la vez a la industria, sino para impulsar una banca de desarrollo –Nafinsa o Bancomext, y la que se destine al apoyo del desarrollo rural y alimentario–, que aporte más créditos para nuevas empresas e industrias.
En fin, una reforma hacendaria y fiscal que garantice la transformación y el desarrollo de México con equidad y justicia social, sin demérito de la rentabilidad de las empresas.
Otros países, sociedades lo han logrado. ¿Por qué nosotros no?
Ese es el problema, no el IVA en alimentos y medicinas… si se logra un reparto justo de la riqueza nacional –incluida la petrolera, energética–, lo del IVA pasará a un segundo término.
RIESGOS
Sin duda quienes hoy se oponen a las reformas tienen parte de razón. Como en todo proceso humano, las políticas públicas son con frecuencia torcidas para beneficio de unos cuantos. En eso tampoco México es único, ocurre en todos lados. Los seres humanos somos iguales en todas las geografías y climas. Buenos para las tranzas.
Pero por eso habría que ayudarle a este Presidente a avanzar en otras propuestas, como la de la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que operaría con autonomía como la Nacional de Derechos Humanos y que indagaría y denunciaría corruptelas en todos los niveles y sectores del poder público –lo mismo en Presidencia de la República que en su gabinete y sector paraestatal, que entre los 31 gobernadores y la Jefatura de gobierno del DF, o los 2,454 municipios, así como entre los diputados federales y locales o los senadores y entre los miembros del poder judicial, comenzando por los ministros de la Suprema Corte y el resto de la judicatura federal y los tribunales estatales, así como en las empresas privadas con relación con el sector público-, para abatir la ilegalidad.
Y habría que apuntalar también la reforma político-electoral en curso para garantizar la ampliación de nuestros derechos políticos y libertades, que son la otra punta de todo este gran cambio de sistema.
De esto se trata.