La Coordinadora no pudo detener al Senado
Roberto Vizcaíno miércoles 4, Sep 2013Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Sus bloqueos y su agresividad afectaron esencialmente a los ciudadanos
- Los senadores reaccionaron apurando la aprobación de la Ley de Servicio Profesional Docente
- La Función Pública, Hacienda y la Auditoría Superior forman un histórico frente anticorrupción
Nariz… | Trizas
Con una mayoría senatorial irritada al máximo y una población capitalina al borde del colapso debido a los bloqueos y agresiones de los maestros de la Coordinadora, la Cámara alta adelantaba anoche la aprobación fast-track de la Ley de Servicio Profesional Docente.
Los senadores discutían si dejaban tal cual la iniciativa como la recibieron de los diputados, o si le retiraban todas las concesiones que les da a los maestros incompetentes.
Y es que tal cómo les llegó de San Lázaro, los senadores encontraron que esta ley establece los siguientes pasos:
– Si en la primera evaluación el maestro reprueba, entonces tendrá la posibilidad de recibir dos años de capacitación, mientras continúa dando clases y ocupando una plaza. Si en la segunda evaluación vuelve a reprobar, entonces se le da una segunda oportunidad de otros dos años de capacitación. Si a pesar de eso reprueba por tercera vez, entonces se le separa de la actividad docente ¡y se le envía a un área administrativa del gobierno federal!. Es decir, no pierde el trabajo.
No pocos senadores creen que eso no sólo es un abuso inadmisible sino una burla y un factor de desaliento para el resto de los mexicanos, trabajadores o no.
Sin embargo, los senadores renuentes eran conminados por sus coordinadores a aceptar la iniciativa tal como está, a fin de sacar de una vez por todas la ley y así concluir con el proceso de la reforma educativa.
Modificar ese articulado abusivo, incomprensible, inaceptable, dijeron, es cosa que se podrá hacer pronto en otra reforma.
Quienes anoche todavía sostenían eso, advertían que se estaba ante la alternativa de modificar y alargar el proceso de aprobación de esta Ley o aceptarla como ya estaba para concluir con el proceso que en lo general, representa uno de los avances más importantes alcanzados por el Congreso en beneficio de la educación y el futuro del país.
Los que defendieron su rápida aprobación tal como les llegó, indicaron que a pesar de todo la Ley establece que los maestros deberán ser evaluados y que aquellos que no cumplan con la capacidad técnica, pedagógica y los conocimientos para dar clases a los niños puedan ser retirados de las aulas para que no sigan haciendo daño a niños y jóvenes.
El nuevo coordinador de los senadores del PAN y desde el lunes presidente de la Junta de Coordinación Política, el colimense Jorge Luis Preciado lo explicó así:
“Creo que lo que sí ayuda es que ahora quien vaya a ser maestro tenga que ir a un concurso de oposición y las plazas no se hereden, no se vendan, no se transe con ellas o no las asigne el sindicato, sino que se convoque a un concurso abierto donde todos los profesionistas, todos los normalistas puedan ir y concursar su plaza y ganársela, eso es lo más sano y creo que con el tiempo pudiéramos ir mejorando la plantilla de maestros en todo el país”.
A su vez, el coordinador de los senadores del PRI, el yucateco Emilio Gamboa, indicó que ha quedado demostrado que el Senado no puede ser secuestrado ni intimidado por minorías que no admiten el avance del país.
HAY QUÓRUM
La sesión en que ocurrió todo esto estuvo plagada de amenazas, asedios y agresiones por parte de unos 5 mil maestros de la Coordinadora, quienes bloquearon la sede del Senado ubicada en Reforma e Insurgentes, interrumpieron el paso del Metrobús y obligaron al cierre de varias estaciones del Metro.
Todo ello exigió una respuesta de las autoridades capitalinas que desplegaron círculos de protección policiaca y el cierre de decenas de calles en la zona donde se ubica el Senado, provocando un caos en prácticamente toda la ciudad.
Pese a todo eso la sesión del Senado abrió con 98 legisladores de los 128 que forman ese cuerpo legislativo. Hubo quórum.
No pocos senadores fueron violentados a su llegada. Fueron injuriados y sus autos golpeados por los maestros. La Policía Federal organizó entonces brigadas de asistencia que rodaron los vehículos de los legisladores para impedir ser agredidos por los maestros.
¿QUIÉN MECE LA CUNA?
En este contexto el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el priísta hidalguense Omar Fayad dejó caer:
“Espero nos quede claro a todos los mexicanos que ‘hay manos que mecen la cuna’… que hay gente atrás de esto”.
– ¿Quiénes, cuáles?, interrogaron los periodistas.
“Espero que en los próximos días, quienes tengan toda la información y las autoridades competentes, si es que lo logran identificar, es que puedan dárnoslos a conocer a todos los mexicanos.
“Ojalá que se sepa quién está subvencionando este tipo de movimientos, porque sus propuestas han sido atendidas, han sido muchas de ellas incorporadas, y así es una negociación política, para establecer una reforma legislativa, es un estira y afloja”, indicó.
Y es que si multiplicamos 20 mil maestros –que dicen los dirigentes de la Coordinadora son los que están en el plantón del Zócalo–, por mil pesos diarios: tres comidas al día, transportación, pago para cubrir necesidades y recreación, cigarros y otros, dan un gasto diario en ellos por 20 millones de pesos. Y ya tienen más de 15 días, es decir, 300 millones de pesos… ¿Quién puede soportar ese gasto… y en su mayoría en efectivo? ¿algún, varios gobernadores… el narco, los dos?, ¿quién, quiénes?
Todos los senadores consultados, desde los coordinadores hasta los miembros de comisiones, coinciden en que las acciones de la Coordinadora de desquiciar a la capital del país buscan desestabilizar al gobierno de Enrique Peña Nieto, crear las condiciones de una respuesta de fuerza para luego alegar que fueron objeto de represión, de la cerrazón.
Preciado, Gamboa y los demás enumeraron las veces en que se sentaron los senadores a dialogar con los representantes de la Coordinadora y los cambios introducidos en respuesta en las normas y leyes aprobadas.
En fin, concluyeron: este no es un movimiento por la educación, sino con objetivos políticos.
FRENTE ANTICORRUPCIÓN
Tradicionalmente enfrentadas entre sí, metidas en procesos de obstrucción de unas contra otras, las secretarías de Hacienda y la de la Función Pública así como la Auditoría Superior de la Federación finalmente suscribieron ayer un convenio de colaboración para actuar dentro de un frente común contra la corrupción y los malos manejos de recursos públicos en todo el país.
Este es el primer acuerdo de gran alcance entre todas estas dependencias esenciales de la transparencia en el manejo de recursos públicos, desde su creación.
En este frente será esencial la participación de los contralores locales y los titulares de auditorías estatales, así como los fiscalizadores, de control y auditoría de los tres niveles de gobierno quienes llevan el pulso de todas las actividades de los gobiernos a través de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se indicó.
La firma del Convenio realizada ayer por Julián Olivas Ugalde, por la Función Pública; por Juan Manuel Alcocer Gamba, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP y por Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación fue atestiguada por Guillermo Huízar Carranza, coordinador nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación y David Villanueva Lomelí, representante de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, así como por 27 contralores locales.
Este acuerdo servirá para armonizar las acciones contables, impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer los procesos de fiscalización, canalizar recursos para la capacitación a servidores públicos y apoyar a los municipios con régimen simplificado, para generar información financiera y sus cuentas públicas. Será esencial para abatir la opacidad en el ejercicio del gasto público que es una demanda recurrente de la sociedad.
Julián Olivas Ugalde dijo que este convenio es “una oportunidad histórica de colaboración y coordinación entre los organismos fiscalizadores dependientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
