Por un México próspero
Luis Muñoz lunes 26, Ago 2013Segunda Vuelta
Luis Muñoz
Para la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el presidente Enrique Peña Nieto “se ha planteado el objetivo de hacer de México un país en paz, próspero, con calidad de educación, con responsabilidad global e incluyente”.
Y abundó: “Y es aquí (en Sedesol) donde se pone en marcha esta política social de nueva generación, que rebase el enfoque asistencialista, que plantee una lógica de participación social y comunitaria, que permita entender que no hay mejor manera de combatir la pobreza que generando crecimiento, empleo y una mejor distribución del ingreso”.
Rosario Robles subrayó que la política social del Presidente es el corazón de su gobierno y es “de nueva generación”, porque está construida desde los municipios y es operada por los tres órdenes de gobierno, para enfrentar la desigualdad y la pobreza en México.
En su conferencia magistral “Programas Sociales del Gobierno Federal”, en el marco de los trabajos del Seminario “Alineación Estratégica y Gobernanza Eficaz”, ante los dirigentes nacionales del PRI, César Camacho e Ivonne Ortega Pacheco, al referirse a los programas sociales que pone el gobierno federal a disposición de todos los mexicanos, destacó la Cruzada Nacional Contra el Hambre y Oportunidades, entre otros.
Sostuvo que la estrategia es integral, al llevar no sólo alimento a las comunidades, sino también vivienda, salud, combate al rezago educativo, seguridad social y otros aspectos vinculados a los derechos sociales.
Participaron los presidentes de la Fundación Colosio, Adrián Gallardo Landeros; del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), Guillermo Deloya Cobián; de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), Bárbara Botello Santibáñez; y las secretarias de Gestión Social del CEN, Paloma Villaseñor Vargas, y de Vinculación con la Sociedad Civil, Laura Elena Herrejón, entre otras personalidades.
VECINOS, FUERA DE ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
El diputado del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Héctor Saúl Téllez Hernández, propuso sanciones administrativas —que van desde la destitución hasta la inhabilitación permanente del cargo— a funcionarios que participen en elecciones vecinales y a aquellos que faciliten contratos a integrantes de los comités ciudadanos.
A través de una iniciativa de reforma a los artículos 15 y 213 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, el legislador abundó que el objetivo es revertir el aumento de servidores públicos en nóminas delegacionales que generan un gasto bruto mensual de tres millones 179 mil pesos actualmente y la tentación de cooptar a vecinos e integrarlos a la estructura gubernamental.
De acuerdo a un análisis derivado al cruce de información entre la base de datos de los comités vecinales y de consejos de pueblos publicada en el portal del Instituto Electoral del Distrito Federal, con listas de nómina en estructura por cada delegación, se detectó que Álvaro Obregón tiene a 103 funcionarios contratados, que al mismo tiempo son miembros de consejos ciudadanos y absorben un gasto mensual por concepto de sueldos de alrededor de 922 mil 667 pesos.
Téllez Hernández dio a conocer que los sueldos de los integrantes de los comités ciudadanos, oscilan entre los dos mil 500 y 48 mil pesos mensuales, con lo que se confirma una clara violación a la Ley de Participación Ciudadana y es evidente que no existen sanciones, por lo que queda impune el castigo en contra de los principales promotores de los contratos.
Según el diputado panista, “los jefes delegacionales, al generar estas acciones violentan el espíritu de la Ley, pues se pierde la autonomía, credibilidad e imparcialidad de estos órganos de representación ciudadana, toda vez que existe una elevada probabilidad de que los integrantes de los comités ciudadanos funjan como operadores de redes territoriales para algún actor o partido político”.
La iniciativa que presentó va encaminada a que los servidores públicos se abstengan de contratar a las personas que formen parte de los comités ciudadanos, así como las personas morales en las que sean asociados, socios o accionistas, de lo contrario, dicha conducta será considerada como falta grave, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás normatividad aplicable.
