Burla y cinismo
¬ Augusto Corro miércoles 7, Ago 2013Punto por punto
Augusto Corro
De plano, en los estados los gobernadores actúan como dueños de la justicia que aplican de acuerdo a sus intereses personales, sin recato alguno.
Así ocurrió en el caso del ex mandatario Pablo Salazar Mendiguchía, quien obtuvo su libertad gracias a un pacto con Juan Sabines, cuando fungía como gobernador.
La historia empezó cuando Pablo fue enviado a la cárcel acusado de varios delitos como enriquecimiento ilícito y homicidio culposo. O sea que le esperaban varios años de prisión al ex funcionario, pero la fortuna lo socorrió con un mandatario favorable a los arreglos políticos.
Ambos gobernaron Chiapas y en sus respectivas administraciones no lograron sacarlo de la pobreza.
Juan, un primitivo de la política, quiso mantener a raya a su enemigo Pablo y lo encarceló. Ya para dejar su responsabilidad, seguramente pensó que dejaba atrás un adversario difícil de controlar.
¿Qué ocurrió? Pues los dos acordaron llegar a un acuerdo para terminar con el conflicto.
El convenio consistió en que Pablo aceptara lo ocurrido y borrón y cuenta nueva: “Mi sucesor (Juan) lo único que me pidió es que yo no fuera a proceder judicialmente en su contra”.
Pablo aceptó y el acuerdo funcionó. Juan terminó su gestión como mandatario estatal en medio de acusaciones por el erario saqueado y Pablo alcanzó la libertad.
¿En que acabaron las acusaciones contra Pablo? ¿Cómo se puede manipular la ley para ponerla al servicio del gobernador en turno? ¿Y el representante del Ministerio Público qué papel jugó? ¿Y el juez fue un instrumento del poder? Vaya asunto.
Las declaraciones de Pablo, sobre el pacto para alcanzar su libertad, “son verdaderamente cínicas (y reflejan) lo que es el ejercicio del poder”, dijo el senador Miguel Barbosa Huerta.
LOS DESPLAZADOS
Debido a la espiral de violencia, en algunos pueblos es imposible vivir. Los habitantes de esos lugares optan por emigrar hacia sitios más seguros.
Esto implica abandonar sus tierras, sus casas y entrar en una nueva vida con todo lo que esto significa.
Los desplazados suman miles en el territorio nacional, principalmente en los estados del norte del país.
Sin embargo, ese problema ya llegó a Guerrero, donde pobladores de los municipios de Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan y Tlacotepec optaron por abandonar sus lugares de origen.
El gobernador Angel Aguirre conoció el problema y a quienes dejaron sus tierras les entregó recursos para adquirir parcelas agrícolas en comunidades más seguras. Es decir, se fue por lo más fácil. Se trató de una medida práctica; pero ¿de dónde se obtendrán los recursos económicos para atender las necesidades de nuevas tierras para los cientos o miles de personas que huyen de la inseguridad? No habrá presupuesto que alcance.
Las medidas para erradicar la narcodelincuencia tendrán que ser integrales. Tendrán que encontrarse fórmulas efectivas para que vuelva la tranquilidad.
En Guerrero, Angel Aguirre no ha sabido gobernar, los conflictos brotan por todos lados y pocos son solucionados.
La incapacidad del mandatario para gobernar está más que comprobada con la lista de problemas que afectan al estado: delincuencia, con el narco en su apogeo; manifestaciones en la Autopista del Sol; grupos de autodefensa en conflicto constante con los representantes de la ley, etc. Por cierto, antier fue localizado el cadáver de Raymundo Velázquez Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur (LARSEZ).
El hecho se registró en Coyuca de Benitez, región de la Costa Grande del estado.
Raymundo mantenía una lucha activa contra la instalación de minas canadienses en Guerrero.
También se distinguió por su constante enfrentamiento contra los grupos caciquiles regionales, debido a problemas de tierras.
