¿Qué sigue?
Ramón Zurita Sahagún lunes 8, Jul 2013De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue creado como última instancia en la que se diriman las impugnaciones de todo tipo de comicios.
Desde entonces, se han invalidado dos elecciones para gobernador (Tabasco y Colima) y han quedado satisfechos con sus laudos, la mayoría de las veces, los partidos políticos. Es la instancia a la que tendrán que recurrir aquellos candidatos y partidos inconformes con los resultados de la jornada electoral de ayer.
El proceso electoral celebrado en 14 estados del país y en un distrito local de Sonora, está considerado como uno de los más atípicos de los años recientes, ya que dejó como herencia una serie de lecciones que deberán ser consideradas para futuros comicios, para la readecuación de la ley electoral y para evitar situaciones similares en lo futuro.
Sin importar el nombre o siglas de ganadores y perdedores, todos los partidos contendientes resultaron vencidos, ya que la abstención fue significativa y los vicios detectados son enormes.
Fueron los mismos partidos participantes los que propiciaron el alejamiento de los electores de las urnas, con base en sus propias acciones. La serie de irregularidades detectadas fue enorme, con candidatos detenidos, acusaciones de venta y coacción del voto, por unos y otros, agresiones al por mayor e intimidación, entre otros rubros.
Antes de ello, la violencia fue uno de los principales signos de identificación, con candidatos muertos, heridos, chantajeados y presionados.
El proceso electoral del 7 de julio se abrió con la denuncia presentada por la dirigencia nacional del PAN que encabeza Gustavo E. Madero, sobre el presunto uso de programas sociales en Veracruz, a favor de los candidatos del PRI.
Como resultado de esa denuncia y de la presentación de videos y grabaciones sobre dicho operativo, la consecuencia fue el relevo de varios funcionarios, entre ellos el de Ranulfo Márquez, delegado de Sedesol en Veracruz, además del secretario estatal de Finanzas, Salvador Manzur y otros personajes de menor relieve.
El Pacto por México fue usado como rehén político por los partidos opositores al PRI, los que presentaron una cascada de reclamos similares durante las campañas electorales, aunque ninguno tuvo el mismo efecto que el veracruzano.
Pero dichas campañas sirvieron para mostrar que ante la falta de propuestas, los partidos y candidatos recurren e la descalificación y a la guerra sucia, para desacreditar al rival, aunque también se conocen historias que de no ser por la contienda electoral se mantendrían ocultas.
Una historia presentada en múltiples ocasiones y en diversos estados, fue la de las fortunas acumuladas por los candidatos en el ejercicio público.
Todo inició con la fortuna de la familia de Miguel Ángel Yunes, cuyo hijo del mismo nombre compitió por Acción Nacional en Boca del Río. Sus propiedades en México y fuera del país y sus montos económicos sorprendieron a muchos.
Aunque en este terreno, el que se llevó las palmas fue Antonio Gali Fayad, abanderado blanquiazul en Puebla, cuya fortuna excede los 77 millones de pesos.
Hay quienes consideran que se quedó corto, ya que valúan su casa en Puebla, por encima de los 70 millones de pesos.
Su adversario del PRI, Enrique Agüera Ibáñez no se quedó atrás y reconoció una acumulación económica de 20 millones de pesos, cifra que se quedaría corta con estimados de algunos observadores.
Los contrincantes en Baja California, Francisco (Kiko) Vega y Fernando Castro, acumularon grandes ganancias en el ejercicio público, pues son poseedores de inmensas fortunas.
Sin embargo, fueron señalados como beneficiarios directos de los cargos públicos detentados en el pasado reciente.
Una historia de Vega hablaba de negocios realizados al amparo de su gestión como alcalde Tijuana y el beneficio de un terreno vendido a un amigo y recomprado por el ya ex alcalde.
Pero Kiko Vega como Castro Trenti cuentan con fabulosas mansiones en uno y otro lado de la frontera entre México y Estados Unidos, hecho conocido al amparo de la guerra sucia.
También la guerra sucia dejó como resultado el saber de la presunta pederastia de un diputado local blanquiazul, quien prefirió renunciar, antes de seguir siendo exhibido.
Por eso, vale la pena saber qué es lo que sigue y si las autoridades electorales y los legisladores tomarán cartas en el asunto o será esta la tónica que seguirán las campañas políticas en lo futuro.
“LA CHICA CHOCANTE”
Es ampliamente conocido con ese mote, desde antes de que asumiera la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco y se dice que fue el hoy senador Humberto Mayans Canabal quien se lo adjudicó.
Guillermo Narváez es un político priísta que se cobijó desde siempre en la protección de su amigo el dos veces secretario de Gobierno de Tabasco y dos veces senador de la República, Humberto Domingo Mayans Canabal y quien hoy busca convertirse en el factótum priísta en aquella devastada entidad.
Priísta converso, luego de militar en el PRD, Mayans Canabal es responsabilizado de la debacle del partido tricolor en los comicios del 2012, cuando se empeñó, sin conseguirlo, en ser candidato a gobernador, pero también se le adjudica la paternidad del invento político de Andrés Rafael Granier Melo, de quien fue su coordinador de campaña y secretario de Gobierno, durante casi cinco años.
Hoy, Mayans Canabal busca consolidar su grupo político, por lo que se lanza en busca de situar a uno de sus incondicionales en la dirigencia estatal del partido, recurriendo a una de sus cartas en la persona del ex presidente del TSJ, Guillermo Narváez.
ramonzurita44@hotmail.com
zurita_sahagun@hotmail.com
