César Duarte… mentiras y abusos peligrosos
Roberto Vizcaíno martes 7, May 2013Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Las ejecuciones masivas y los crímenes de alto impacto regresaron de nuevo a Chihuahua
- El presidente Enrique Peña Nieto lo hace a un lado en la investigación y en las reuniones
- El caso del empresario Carlos Chavira es una muestra cínica del abuso de poder para la CNDH
A lo bestia… | Trizas
Al gobernador César Duarte se le descompone rápidamente Chihuahua… y su mandato.
Hoy a este estado regresaron las ejecuciones masivas y de alto impacto que se consideraban ya superadas.
A eso se le adjuntan graves denuncias de que él mismo es quien amenaza —incluso de muerte—, a personajes políticos y encabeza la persecución a un importante empresario juarense.
La semana pasada hubo 12 ejecuciones en Chihuahua, entre ellas las de 2 hijos de los periodistas financieros David Páramo y Martha González Nicholson.
Los jóvenes Alfredo David de 20 años y Alejandro Páramo González de 21, fueron acribillados a las puertas de su casa en el fraccionamiento “Las Arboledas” que era considerado como una de las zonas más seguras de la capital chihuahuense.
Sobresale que el presidente Enrique Peña Nieto ordenara la inmediata intervención de la PGR en el esclarecimiento del asesinato de los hijos de Páramo, y de que haya ordenado el trasladado a la ciudad de Tampico de una reunión de los gobernadores del norte con el gabinete de Seguridad Nacional que encabeza el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y que estaba programada para efectuarse ayer en Parral, Chihuahua.
Las dos decisiones representan la más severa descalificación política desde Los Pinos al gobierno de César Duarte.
Con ellas Peña Nieto le dice que no lo considera ni capaz de investigar un crimen de alto impacto -como es el de los hijos de los periodistas Páramo y González Nicholson-, ni de garantizar la seguridad de un encuentro de 6 gobernadores con los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina y los titulares del Cisen y la PGR.
Lo cierto es que este gobernador surgido de las filas de la CNC del PRI, es ya más bien reconocido por su incapacidad para gobernar, y por su proclividad a presionar y amenazar directamente a quienes considera sus contendientes y enemigos políticos.
En marzo pasado Duarte fue denunciado por Mario Vázquez Robles, líder panista en el estado, de intimidar y amenazar a precandidatos a alcaldes en poblaciones donde se supone que el blanquiazul tiene mayores posibilidades de ganar el 7 de julio.
Así ocurrió con Antonio López Sandoval y Miguel Jurado, aspirantes a las alcaldías de Chihuahua y de Parral quienes fueron obligados a renunciar a ser postulados por el blanquiazul luego de ser amenazados directamente por Duarte.
La intervención directa del gobernador llegó incluso a obligar al panista Miguel Jurado a anunciar una posible alianza PRI-PAN en Parral, población de donde es originario el cuestionado mandatario.
Esta intentona fue echada abajo por el dirigente nacional del PAN, el también chihuahuense Gustavo Madero.
Por su parte Antonio López decidió retirarse de la contienda por la candidatura del PAN a la ciudad de Chihuahua luego de que Duarte lo amenazara con instaurarle un juicio por 400 hectáreas de una zona conurbada de la capital.
EL CASO CHAVIRA
En este contexto el caso del ex presidente de Coparmex en Ciudad Juárez, el empresario Carlos Chavira, es la muestra de que Duarte incluso ordena la fabricación de culpables a través de un burdo montaje penal.
Debido a eso Chavira enfrenta hoy una orden de aprehensión por el delito de administración fraudulenta en el manejo de 20.8 millones de pesos durante la realización de Juárez Competitiva, una magna exposición presentada entre el 12 y el 29 octubre de 2011, según el expediente judicial 339/13, promovido por el gobernador Duarte Jáquez.
Lo burdo es que en esta orden de aprehensión ya no se menciona el caso del concierto del Grupo Maná, que fue durante meses el centro de las acusaciones de Duarte contra Chavira.
Juárez Competitiva, que tuvo un costo de 97.6 millones de pesos —de los cuales 54.6 fueron aportados por el sector privado y 43 por los diferentes niveles de gobierno (el estatal puso 25 millones)-, fue propuesta por Chavira, entonces líder de Coparmex en Ciudad Juárez.
El objetivo era mostrarle a México, y al mundo, una ciudad pujante, viva, y así dejar en claro que más allá de la violencia y la inseguridad -que le valieron el señalamiento de la “ciudad más peligrosa del mundo”-, Juárez era uno de los centros industriales más importantes y productivos del país.
Inaugurada por el entonces presidente Felipe Calderón y el gobernador Duarte, esta exposición arranca con el Concierto del Grupo Maná y comprende 17 días continuos con 12 horas diarias de actividades, 305 eventos culturales, industriales, de negocios y artísticos en total, a los cuales asistieron más de millón y medio de personas.
Luego de participar activamente en buena parte de ellos, Duarte cambia y reclama a Chavira que le regrese los 25 millones de pesos aportados por su gobierno a la realización de esta magna exposición. El gobernador centró su reclamo en el costo de 26 millones del Concierto de Maná, que afirmó, era muy caro pues cuando mucho debía haber costado 5 millones de pesos.
De ahí siguieron las acusaciones de un supuesto fraude cometido por Chavira y Ocesa. En respuesta Chavira entregó a Duarte copia del contrato con esta empresa, y de las fichas de las transferencias de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez a la productora.
La productora misma abrió sus cuentas a la revisión de Duarte, pero el gobernador ya no escuchaba a nadie.
Así, a lo largo de 2012, Duarte mismo declaró ante los medios del “fraude” cometido por el empresario. Hizo estas afirmaciones sin mediar juicio legal alguno. En este clima de acoso mediático, en agosto pasado la dirigencia de Coparmex -controlada por su ex dirigente, Gerardo Gutiérrez Candiani-, aprovechó el embate de Duarte y anuló la candidatura de Chavira a la dirigencia nacional de esta central patronal.
Cancelada sucia e ilegalmente la aspiración de Chavira, la noche del jueves 15 de noviembre pasado Coparmex votó al sinaloense Juan Pablo Castañón como su nuevo dirigente nacional.
La mayoría de los miembros de esta central saben que Castañón es un empresario sometido a la voluntad y manipulación de Gerardo Gutiérrez Candiani, ex presidente de Coparmex, y líder del Consejo Coordinador Empresarial y quien se oponía a la llegada de Chavira a ese cargo.
De esta forma, durante ya casi año y medio desde que inició el acoso y la persecución de Duarte, el empresario Carlos Chavira ha pasado de una dura y larga campaña de desprestigio en medios, la pérdida de oportunidades en su liderazgo, a un proceso penal absurdo y a una orden de aprehensión sin fundamento legal ni lógica, según afirman sus abogados el prestigiado penalista José Luis Nassar y el reconocido fiscalista Ismael Gómez Gordillo.
Sin ética alguna, e incurriendo en graves violaciones legales y en un abierto cínico abuso de poder, el gobernador Duarte ha iniciado ahora una campaña de desprestigio entre clientes y proveedores —nacionales e internacionales- del empresario, a quienes, a través de sus funcionarios o de escritos, los conmina a no continuar sus tratos con “un criminal”.
ABUSO DE PODER
El proceso penal iniciado por el gobernador Duarte dentro de su propia Fiscalía, contra Chavira, se basa en supuestos y mentiras, afirman los abogados. La obviedad indica, dicen, que se trata de un caso fabricado a la medida de las ocurrencias de un mandatario estatal sumido en la soberbia y la impunidad.
De ahí que la Fiscalía estatal, encabezada por Carlos Salas —el mismo ministerio público que llevó a inicios de 1989 un cadáver de Ciudad Juárez hasta Tamaulipas para tirarlo a las puertas de una propiedad y poder así incriminar y encarcelar al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina-, abrió una carpeta de investigación contra Chavira el 24 agosto 2012 y solo después de 6 meses la consignó a un juez.
Con base en ese expediente la juez de garantía Yira Celida Ochoa Contreras giró orden de aprehensión contra el empresario, misma que la fiscalía ocultó durante semanas por instrucciones de Duarte, y sólo fue sacada a la luz apenas el 26 de abril pasado. Luego dijeron que la ocultaron porque Chavira no había atendido varios citatorios.
“Se han violado mis garantías fundamentales: durante meses me negaron el acceso al expediente de la demanda no obstante que comparecí voluntariamente el 28 agosto 2012 ante la Fiscalía estatal. Ellos nunca me citaron… y sólo me dieron una copia luego de que se lo ordenó un juez federal… y pese a eso me obligaron a ir por esa copia el 26 de abril a la Ciudad de Chihuahua, a 400 kilómetros de Ciudad Juárez sede de este proceso… es decir, 8 meses después de que se inició este caso…
“El delito que me imputan no amerita prisión, es considerado no grave tanto en el Código Federal y en el estatal. A sabiendas de eso, ese mismo día, el 26 de abril, el gobernador Duarte dijo a los medios que se pediría apoyo a Interpol para localizarme… fue en ese momento que la campaña de difamación en mi contra incluyó a mis principales proveedores y clientes, con la evidente intención de dañar mi actividad empresarial.
“Todo eso ocurre a pesar de que, en la revisión del expediente y de la orden de aprehensión según dicen mis abogados, no se presenta una sola evidencia de ningún delito; solo referencias generales como las de que fui presidente de Coparmex y presidente de Juárez Competitiva…
“Lo grave —que cae en lo cómico, afirman-, es que en la denuncia en mi contra se involucra a Mijail Gorbachev como mi cómplice, por no haber dado una conferencia en la ciudad de Chihuahua, cuando el gobernador Duarte sabe que esa conferencia la cancelo él mismo, ya que tendría lugar en su oficina de Palacio de Gobierno, según consta en el contrato que se firmó con la oficina del ex presidente de la URSS, con sede en Boston, la American Program Bureau.
“Los otros 3 cargos que se imputan, comentan Nassar y Gómez Gordillo, son también un tanto ridículos, ya que clasifican supuestos gastos no autorizados, unos porque fueron hechos “antes” de la realización de Juárez Competitiva, otros porque se efectuaron “durante” y otros más porque se hicieron “después” de esa magna exposición, con lo cual la Fiscalía de Chihuahua, la Fiscalía del gobernador Duarte, llega a determinar que el fraude asciende a la cifra mágica de 20.8 millones de pesos… ¡mismos que Duarte me pedía le devolviera en efectivo hace 18 meses!”, indica Chavira.
Yo pregunto: ¿este es el modelo de administración de justicia que Duarte presume ante EPN?
