Eruviel inicia cruzada contra la corrupción
Estado de México martes 30, Abr 2013Arco Norte
José Luis Montañez Aguilar
La preocupación del gobierno mexiquense por evitar que la corrupción prevalezca entre la ciudadanía se hizo patente ayer, cuando el gobernador Eruviel Ávila Villegas presentó el nuevo Reglamento Único de Tránsito del Estado de México, con el que se inicia una gran cruzada contra ese ilícito, principalmente en las corporaciones policiacas en la materia, pues las modificaciones realizadas al ordenamiento contemplan penas de uno a cinco años de prisión a los elementos que incumplan los lineamientos marcados por la norma donde, además, se eliminan causales para la remisión de automóviles a un depósito vehicular. “Hoy tenemos una normatividad que está de lado de la gente, que está de lado del automovilista, que piensa en él y que pretende evitar este tipo de abusos. Vamos a actuar con mano firme cuando un elemento de tránsito, estatal o municipal, abuse o intente abusar del automovilista, y desde luego vamos a aplicar la ley y la normatividad con todo el peso, con toda seriedad para aquellos elementos que usurpen funciones o que abusen de su autoridad, cuando no están autorizados para poder llevar alguna infracción o multa, hay sanción específica de tipo penal para sancionar a estos elementos”, expresó. Las acciones encaminadas a combatir los abusos: 1.- La Policía de Tránsito del Estado de México, y de los 20 municipios que cuentan con esta facultad, está integrada exclusivamente por mujeres. Portan uniforme y patrullas en negro con vivos naranja. 2.- Se eliminaron las causales para que un vehículo sea llevado al corralón. 3.- Los agentes no pueden obligar a usar una grúa, en caso de que sea necesario el resguardo del vehículo en un depósito. 4.- En caso de ser infraccionado la agente de tránsito puede retener los documentos del automovilista. 5.- Se pone a disposición el número telefónico Infracción Transparente 01800 900 33 00, que opera las 24 horas los 365 días del año, para proporcionar asesoría y para denunciar al servidor público que sin causa justificada intente infraccionar o extorsionar. 6.- Los elementos que incumplan con estos lineamientos serán sancionados con prisión de uno a cinco años por abuso de autoridad, y quedará inhabilitado de dos a ocho años para desempeñar cualquier cargo público.