Peligroso
¬ Augusto Corro lunes 22, Abr 2013Punto por punto
Augusto Corro
Desde el año 2000 a la fecha, cerca de 80 periodistas o fotoperiodistas han sido asesinados en México. Ya no es novedad que un comunicador sea víctima de los narcos o de los propios caciques en el interior del país.
La semana pasada fue asesinado en la capital de Puebla el periodista Alonso de la Colina Sordo, cuando salía de una sucursal bancaria. Recibió un disparo por arma de fuego. A lo largo y ancho de México las agresiones contra los comunicadores y las instalaciones aumentaron considerablemente.
El caso de Alonso de la Colina Sordo será registrado como otro hecho violento más y conforme pasen los días será olvidado. Con la denominada guerra contra la delincuencia organizada, los informadores quedaron a merced de los hampones y de las propias autoridades.
Claro, en algunas regiones se agudizó el problema y tuvo variantes, como la autocensura en los medios, para evitar riesgos al gremio y daños a las instalaciones. En el norte del país los dueños de los periódicos y los periodistas optaron por no tratar temas relacionados con la nota roja, con el único propósito de no ser objeto de la violencia propiciada por la guerra contra la delincuencia. Ni siquiera en las guerras en otros lugares del planeta se corre tanto riesgo en la profesión de periodista, como en México.
En el reciente mes de marzo, los comunicadores recibieron la noticia de que podrían recibir del gobierno estatal vehículos blindados, chalecos antibalas y protección para sus familias.
Por supuesto, se trató de un proyecto que seguramente fue archivado, como otros más que se refieren a la protección de los periodistas.
Se ha visto que las medidas preventivas de protección a los periodistas son parte de la demagogia de algunas autoridades irresponsables. Inclusive a nivel nacional, el tema no se ha tratado con la seriedad que requiere el asunto. En el Senado, por ejemplo, anunciaron la aprobación de una ley reglamentaria que necesita la PGR y autoridades federales “para investigar los delitos del fuero común cometidos contra periodistas”.
Mientras los legisladores anuncian sus proyectos, en diferentes áreas de las autoridades condenan cualquier ataque a la libertad de expresión. Y ahí termina el asunto. Han sido decenas de casos en los que los agresores de los periodistas siguen en la total impunidad. En decenas de casos ni siquiera se conoce la identidad de los delincuentes.
Diferentes organismos internacionales se han pronunciado porque las autoridades mexicanas actúen con energía para castigar a los delincuentes y erradicar la impunidad. Demandan una justicia pronta y segura.
Como señalamos arriba, hay estados donde la práctica del periodismo es realmente peligrosa. Nos referimos a Veracruz.
Esto último se desprende de un informe elaborado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI). (Proceso, 21/04/2013). En el documento mencionado también se señala que “con nueve asesinatos en los últimos años -entre ellos el de Regina Martinez, la corresponsal de Proceso en el estado- y con 20 comunicadores desplazados, ser periodista en Veracruz puede tener consecuencias mortales”.
La delegación de representantes extranjeros se entrevistó con periodistas, editores, miembros de la sociedad civil, diplomáticos, funcionarios, etc., para concluir que la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Gerardo Buganza Calderón, “ejerce un firme control sobre todos los canales de información, poniendo al descubierto un estilo preocupadamente autoritario”.
En Veracruz, “los periodistas” no solo se enfrentan al riesgo que conlleva cubrir (informativamente) al crimen organizado, sino también al de ejercer su profesión bajo un régimen de hostil intolerancia, y peor aún, se sabe que, en muchos casos, el crimen organizado actúa bajo los dictados del gobierno local”, según se lee en el documento citado.
