Una plaga incontenible
¬ Augusto Corro martes 26, Mar 2013Punto por punto
Augusto Corro
Alcaldes y gobernadores se encargaron de convertir el mal manejo del dinero público en una plaga dañina en el territorio nacional. Ese mal manejo al que nos referimos lleva implícito el saqueo al erario. En algunos casos, como ocurre en las cuestiones de índole política, las acusaciones del delito de peculado se diluyen y todo acaba en nada.
Los delincuentes siguen con el disfrute total de lo mal habido, lejos, muy lejos, del brazo de la justicia.
El tema que nos ocupa es el relacionado con lo ocurrido en Tapachula, Chiapas. Ahí, Emmanuel Nivón González fue detenido la madrugada del domingo por presuntas irregularidades durante su gestión, como alcalde de la ciudad.
Seguramente, por su condición de autoridad menor, no recibirá el mismo trato que el ex gobernador Juan Sabines, quien también ha sido señalado como presunto responsable por el saqueo al erario de Chiapas, durante su administración.
Hablamos, pues, de dos funcionarios que se engolosinaron con el gasto del tesoro público. Un dinero que no era de ellos y que, por lo mismo, debieron cuidar con mayor esmero. Pero la realidad fue otra. Los sucesores en ambos cargos se quejaron de recibir las arcas vacías. Sin un centavo para pagar la nómina de sueldo de los empleados.
El ex gobernador Sabines su caso poco a poco se diluye. Su cuate, el nuevo mandatario estatal no se molestará en exigirle cuentas a su antecesor. Parece que hay un pacto entre los gobernantes para protegerse las espaldas. No importan los colores de los partidos. Como si se tratara de una ley mafiosa que permite evadir las acciones de la justicia.
Los ejemplos son múltiples. Basta con recordar a los ex gobernadores Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca; Mario Marín, de Puebla; Amalia García, de Zacatecas: Narciso Agúndez Montaño, de Baja California Sur; Leonel Godoy, de Michoacán; Humberto Moreira, de Tamaulipas, y Andrés Granier, de Tabasco.
En la mayoría de los casos, son los funcionarios segundones o de medio pelo quienes responden por los delitos cometidos por sus jefes.
El hilo se revienta por lo más delgado y únicamente van a la cárcel los encubridores o cómplices de los funcionarios corruptos.
En el caso de Nivón Gónzalez, el ex alcalde de Tapachula, la situación no fue diferente. El ahora detenido es un pez gordo en la política regional. Durante los pasados comicios, el tal Nivón González fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura.
El ex edil fue apresado por la policía cuando ingería bebidas embriagantes, en un congal de mala muerte, en el poblado mencionado, la madrugada del domingo.
Recientemente Nivón González fue obligado a pagar un cuarto de millón de pesos. La multa se debió por el incumplimiento de la entrega de la Cuenta Pública.
Por su parte, el actual alcalde, Samuel Chacón, denunció que en el arca municipal sólo encontró “cinco pesos y una deuda de 500 millones de pesos”.
¿Debe preocuparse Nivón González por su destino? Suponemos que de ninguna manera. No sabemos de presidentes municipales o gobernadores que hayan sido enviados a prisión por saquear las arcas públicas.
La plaga de la corrupción crecerá aún más y peces chicos y grandes incrementarán sus riquezas con el permanente saqueo al erario. Al paso que vamos, no sería remoto pensar que podría desparecer de nuestras leyes el delito de peculado.
Como dato “cultural”, estamos en condiciones de informarle, amble lector, que la Procuraduría General de Justicia de Tabasco (PGJE) confirmó la detención de Leoncio Lorenzo Gómez, “por el presunto robo de una camioneta en la que se transportaba documentación fiscal de las cuenteas públicas “ del ex gobernador Granier.
Lorenzo Gómez se desempeñó como director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Es fácil adivinar el por qué del robo. Vaya desfachatez.
En Tabasco, el nuevo gobierno detectó irregularidades millonarias en la administración de Granier, como la desaparición de mil 918 millones de pesos de recursos que estaban destinados a programas federales de salud, educación, justicia y seguridad pública.
